Crimen de alcalde en Piura: Presidencia emite mensaje escueto, Congreso exige buscar sicarios y Defensoría convoca reunión urgente

El alcalde Víctor Hugo Febre fue atacado a plena luz del día cuando se trasladaba en una camioneta. Dos hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon varias veces

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Víctor Hugo Febre
Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura, fue asesinado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo oficial, pese al estado de emergencia decretado en la región

El asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito Veintiséis de Octubre en Piura, generó este jueves una condena unánime por parte de la ciudadanía y el entorno político, que exige justicia y medidas efectivas, especialmente porque el atentado ocurrió durante el estado de emergencia decretado en la zona.

El despacho del presidente interino, José María Balcázar, transmitió su pésame mediante un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, donde expresó “sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a los vecinos de su jurisdicción por esta irreparable pérdida”.

Fernando Rospigliosi, titular del Congreso y partícipe en la promulgación de la Ley contra la extorsión y el sicariato en el transporte público, lamentó “profundamente” el ataque de sicarios ocurrido cuando el burgomaestre se dirigía a almorzar tras cumplir actividades oficiales.

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De acuerdo con las primeras hipótesis policiales, dos individuos armados interceptaron la camioneta municipal y dispararon en varias oportunidades contra el vehículo, que recibió al menos seis impactos de bala. “Expreso mis condolencias a su familia y seres queridos. Este crimen no puede quedar impune. Las autoridades deben actuar con toda la firmeza de la ley para hallar y sancionar a los responsables”, afirmó el legislador fujimorista.

Alcalde Piura
El ataque fue perpetrado por dos hombres armados que interceptaron la camioneta municipal y dispararon al menos seis veces, causando la muerte inmediata del alcalde y dejando herido a su chofer

Febre perdió la vida casi de inmediato debido a la gravedad de las heridas. Su chofer, herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa de Piura, donde permanece bajo atención médica.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció tras el atentado y solicitó al gobernador de Piura, Luis Neyra, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), a fin de abordar la situación de inseguridad en la región norte.

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El burgomaestre, de 44 años y natural de la provincia andina de Ayabaca, militó en el partido Acción Popular entre 2006 y 2010 y, posteriormente, en Unión Democrática del Norte, con la que fue elegido regidor distrital en 2014. En 2018 postuló sin éxito a la alcaldía del mismo distrito por Unión por el Perú y cuatro años después fue electo alcalde por el movimiento Contigo Región.

La cuenta oficial de Facebook de la comuna distrital publicó un lazo negro en señal de luto y condenó “todo acto de violencia que enluta a nuestra comunidad”.

Piura
El presidente interino, José María Balcázar, expresó sus condolencias a través de un mensaje en redes sociales, mientras que el Congreso y la Defensoría del Pueblo reclamaron acciones urgentes y coordinación para enfrentar la inseguridad

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la población octubrina en este difícil momento. Asimismo, exhortamos a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos conforme a ley”, agregó la municipalidad en un comunicado, donde invocó “justicia frente a este acto de crueldad y sicariato”.

En la víspera, Febre había encabezado la inauguración de un parque en el asentamiento Los Ficus II Etapa y su gestión ejecutó un operativo que concluyó con la clausura de un bar que operaba de manera ilegal.

Otro político asesinado en la región norteña fue el abogado Percy Ipanaqué, candidato a diputado por Juntos por el Perú, quien murió en noviembre del año pasado tras denunciar a agentes de inteligencia de la Policía Nacional (PNP) por presunta manipulación de pruebas en un caso vinculado a una banda criminal.