Criminalidad sin control, minería ilegal, extorsión, asesinatos de líderes indígenas y más de 5 mil muertos por ola delincuencial: lo que dejó el gobierno de Dina Boluarte

En los casi tres años que duró el gobierno de Dina Boluarte, el Perú atravesó una de las etapas más críticas en materia de seguridad y gobernabilidad. El crecimiento del crimen organizado, el avance de la minería ilegal y el incremento de las extorsiones deterioraron la estabilidad interna y acentuaron el sentimiento de abandono entre los ciudadanos. A lo largo de su mandato, la violencia se expandió sin control por todo el territorio, afectando a comunidades amazónicas, regiones mineras y zonas urbanas densamente pobladas.

El impacto de esta crisis fue devastador. Más de 5 mil personas perdieron la vida por hechos vinculados a la delincuencia entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025. La incapacidad del Estado para frenar los asesinatos y la impunidad de las mafias generaron un clima de desesperanza. Mientras tanto, organizaciones civiles y líderes locales denunciaron que las políticas de seguridad se basaron en medidas reactivas, sin un enfoque integral para desarticular las redes criminales.

Durante el mandato de Boluarte, la criminalidad se expandió con fuerza en Lima y en el norte del país, regiones donde las organizaciones delictivas operaron con creciente impunidad. Los atentados, secuestros y homicidios se convirtieron en hechos cotidianos. Analistas coinciden en que la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad permitió el avance de estas redes, que aprovecharon la debilidad del sistema judicial.

De acuerdo con el informe Legislar para la impunidad, publicado por Human Rights Watch, el Congreso y el Ejecutivo adoptaron medidas que debilitaron la independencia judicial y obstaculizaron las investigaciones contra el crimen organizado. Los homicidios se incrementaron en más de 130 % entre 2018 y 2024, tendencia que se mantuvo durante los primeros meses de 2025. La población percibía que el Estado había perdido el control de las calles y que las bandas actuaban sin freno.

La minería ilegal se consolidó como otro de los principales focos de violencia y corrupción. A pesar de que la presidenta anunció una “guerra total” contra esta actividad, las medidas implementadas fueron insuficientes y, en muchos casos, contradictorias. Documentos del propio Ejecutivo revelaron que algunos decretos facilitaron la operación de mineros informales, lo que incrementó la deforestación y la contaminación de ríos en Madre de Dios, Loreto y Puno.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió a Boluarte sobre la exclusión del Ministerio Público de la comisión encargada de combatir la minería ilegal, señalando que esa decisión debilitaba la legitimidad de la política pública. En paralelo, informes de la Defensoría del Pueblo alertaron sobre el aumento de conflictos socioambientales y el crecimiento de economías criminales en la Amazonía, donde los grupos armados vinculados a esta actividad controlaban extensos territorios.

La extorsión se convirtió en una de las expresiones más graves de la violencia. Transportistas, empresarios y comerciantes denunciaron amenazas constantes por parte de mafias que exigían pagos para permitirles trabajar. Según registros de 2025, más de 180 conductores fueron asesinados tras negarse a pagar cupos. Este fenómeno desató paros nacionales y protestas en Lima y Callao.

El exministro del Interior Rubén Vargas atribuyó el incremento de extorsiones a tres factores: la facilidad para operar de las bandas, la falta de sanción y la ausencia de respuesta estatal. Paralelamente, analistas como Juan Carbajal señalaron que las denuncias por extorsión se multiplicaron por seis entre 2021 y 2025, alcanzando un promedio de 70 casos diarios. El ataque a balazos contra los integrantes del grupo Agua Marina, en octubre de 2025, reflejó la escalada delictiva que golpeaba incluso a figuras públicas.

Las comunidades amazónicas también sufrieron las consecuencias del abandono. Organizaciones indígenas denunciaron el asesinato de más de 35 líderes entre 2023 y 2025, en su mayoría vinculados a conflictos por minería y tala ilegal. El caso de Saweto, resuelto judicialmente once años después del crimen, fue símbolo de la impunidad. Durante el tercer Encuentro Nacional de Defensores del Perú, representantes de 20 regiones acusaron al Estado de “simular protección mientras nos asesina”, en alusión a la falta de políticas reales de seguridad.

El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró 5.216 muertes violentas hasta septiembre de 2025, cifra que refleja el fracaso de las estrategias oficiales. Puno, Loreto y Lima se ubicaron entre las regiones más afectadas. La ola de homicidios y la expansión del crimen organizado terminaron por erosionar la legitimidad del gobierno y precipitar su destitución en medio de una profunda crisis política.