La infiltración del crimen organizado en las elecciones generales de 2026 es una de las principales preocupaciones entre ciudadanos, autoridades y especialistas. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 78 % de peruanos cree que las economías ilegales —como la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas— podrían incidir en los resultados del proceso electoral del próximo año.
En entrevista con el noticiero 24 Horas, el exministro del Interior Ricardo Valdés sostuvo que esta percepción no es menor y podría tener consecuencias serias. “Es una cifra alarmante, pero ese es el sentir de la ciudadanía y eso es lo que lleva a pensar que van a tener una influencia muy seria”, afirmó.
Añadió que estas redes criminales no solo buscarían incidir en la elección del presidente, sino también en la de diputados y senadores, y que la violencia no está descartada.
Para el exministro, los grupos criminales manejan listas de potenciales candidatos con mayores posibilidades de ganar y que podrían intentar cooptarlos.
“Imagino que guardarán cuáles son los candidatos con mayores posibilidades y van a tratar de ‘jalarlos’, al principio, por las buenas y seguramente, yo no descartaría que también por las malas”, manifestó.
Grupos criminales, extorsión y poder político
El Observatorio del Crimen y la Violencia reportó que entre enero y agosto de 2025 las denuncias por extorsión llegaron a 18.385, lo que representa un aumento del 29 % respecto al mismo periodo de 2024. Este delito, que en 2018 registraba apenas 3,2 denuncias por día, hoy supera las 75 denuncias diarias. Sin embargo, el número de detenidos por extorsión apenas ha crecido: en siete años solo se han sumado 32 reclusos más por este delito.
Este escenario plantea un doble desafío: frenar el avance de las economías criminales y evitar que su poder económico capture espacios políticos. Valdés, coautor del informe, recalcó que la ciudadanía debe actuar con responsabilidad e información al emitir su voto.
“Estamos recogiendo percepciones ciudadanas que expresan temor y desconfianza. Frente a ello, será clave que la población pueda informarse, votar de manera consciente y elegir autoridades comprometidas con enfrentar este desafío”, sostuvo.
El informe también destaca que casi siete de cada diez víctimas de homicidio en lo que va del año son menores de 40 años y, en su mayoría, transportistas, obreros y pequeños comerciantes. Se trata de sectores donde la extorsión es más frecuente y violenta, y que a su vez están más expuestos a redes criminales con capacidad económica para influir en procesos políticos.
Falta de confianza en las instituciones y seguridad electoral
El estudio revela que solo el 11 % de los encuestados confía en que la próxima administración mejorará la seguridad ciudadana, mientras que el 46 % prevé un empeoramiento. En Lima, la percepción de influencia de las economías ilegales en los comicios es aún mayor que en el resto del país: 84 % frente a 75 % en las regiones.
Para los especialistas, esta combinación de inseguridad y crimen organizado crea un contexto donde se vuelve urgente fortalecer la inteligencia del Estado, la fiscalización de los aportes de campaña y el seguimiento de redes de financiamiento. Sin medidas efectivas, la desconfianza ciudadana podría traducirse en deslegitimación del proceso electoral y en mayor riesgo de violencia política.
Un desafío para las Elecciones 2026
El impacto de la extorsión no solo se mide en cifras de denuncias o víctimas, sino también en su capacidad de alterar la vida cotidiana y el entorno político. Según Valdés, la criminalidad “va a querer acceder” a este “cuerpo de vacantes” que representa la elección de nuevas autoridades y que puede convertirse en una puerta de entrada al poder.
La tendencia en el aumento de delitos como el sicariato y la minería ilegal refuerza la preocupación expresada por el Observatorio del Crimen y la Violencia: ocho de cada diez peruanos consideran que las campañas electorales podrían ser financiadas con dinero ilícito.
En ese contexto, la advertencia de Valdés apunta no solo a vigilar el financiamiento de los candidatos, sino también a la integridad del sistema electoral y la seguridad de los comicios.
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