La detención preliminar sin flagrancia quedó eliminada en el Perú: claves y riesgos de una norma que preocupa a la justicia

La reciente eliminación de la detención preliminar sin flagrancia en Perú ha encendido las alarmas en el ámbito judicial y político. Mientras sus defensores aseguran que protege la presunción de inocencia, fiscales y jueces advierten que la medida podría beneficiar a delincuentes y entorpecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

A continuación, las claves y riesgos de una norma que preocupa a la justicia peruana

1. ¿Qué dice la nueva norma?

La Ley Nº 32181, promulgada el 11 de diciembre de 2024 por la presidenta Dina Boluarte, modifica el Código Procesal Penal al eliminar la facultad de los jueces de dictar detención preliminar en casos sin flagrancia.

Antes de la modificación, los jueces podían ordenar una detención preliminar a solicitud de la Fiscalía cuando:

• Existían indicios suficientes de la comisión de un delito con pena superior a cuatro años.
• Se presumía riesgo de fuga o obstrucción de la justicia.

Ahora, esta medida solo podrá aplicarse en casos de flagrancia delictiva, es decir, cuando el presunto delincuente sea sorprendido cometiendo el delito o inmediatamente después.

2. ¿Quiénes promovieron la ley y qué razones dieron?

La Ley Nº 32181 proviene de la acumulación de diversas iniciativas legislativas:

• Proyecto de Ley 3999/2022-CR: Presentado por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), con propuestas relacionadas con el principio de presunción de inocencia y la protección a adultos mayores y efectivos policiales.
• Proyecto de Ley 7115/2023-CR: Presentado por el congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), enfocado en restringir la detención preliminar y prisión preventiva contra efectivos policiales que usen armas en cumplimiento de su labor.
• Proyecto de Ley 7965/2023-CR: Presentado por el congresista Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), también dirigido a garantizar la presunción de inocencia y proteger al personal policial.

Justificación oficial:

• La norma busca fortalecer la presunción de inocencia y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
• Se planteó como una medida para evitar abusos en la aplicación de detenciones preliminares, particularmente en casos donde no exista flagrancia.
• Especial énfasis se puso en proteger a los efectivos policiales en el cumplimiento de sus funciones.

No obstante, expertos han cuestionado a lo largo del día y en distintos medios de prensa si estas razones responden a preocupaciones reales o buscan beneficiar intereses específicos en un contexto de investigaciones sensibles, como la de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

3. Críticas y preocupaciones desde la justicia

La ley ha sido duramente criticada por especialistas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes advierten de las consecuencias negativas para el sistema de justicia peruano.

• Fiscales: Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, afirmó que la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia limita las herramientas judiciales para investigar delitos graves como el crimen organizado y la corrupción. Esta medida dificulta la captura de sospechosos cuando aún se están reuniendo pruebas para acusarlos formalmente, sostuvo en diálogo con RPP.
  
• Poder Judicial: El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, recordó en un acto público que los jueces pueden inaplicar normas que consideren inconstitucionales, abriendo la posibilidad de que esta ley no sea aplicada en ciertos casos.

4. ¿Cómo impacta esta medida en la seguridad ciudadana?

El crimen organizado y la delincuencia común son problemas persistentes en el país. Según expertos citados en distintos medios de comunicación, la detención preliminar sin flagrancia permitía capturar a presuntos delincuentes en momentos críticos de las investigaciones, evitando su fuga y protegiendo las pruebas.

Con la nueva ley, las autoridades deberán esperar a que exista flagrancia, lo que, en muchos casos, podría beneficiar a organizaciones criminales y obstaculizar investigaciones contra redes de corrupción, narcotráfico y trata de personas.

5. Debate político y posibles ajustes

La norma ha generado un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública:

• Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, reconoció la necesidad de rectificar la ley, admitiendo que podría debilitar el combate a la criminalidad.
• Sectores políticos de oposición han solicitado que se presente un proyecto de reforma que equilibre la protección de derechos con la eficacia judicial.

6. ¿Qué sigue ahora?

El Ministerio Público y el Poder Judicial evalúan los próximos pasos para mitigar los efectos de la norma. La posibilidad de que los jueces inapliquen la ley en casos puntuales está sobre la mesa, mientras el Congreso analiza modificaciones legislativas.

En un país donde la delincuencia y la corrupción son problemas centrales, esta medida podría tener un impacto significativo en la percepción ciudadana sobre la seguridad y la eficiencia del sistema judicial.

Los próximos días serán cruciales para determinar si la norma se mantiene, se corrige o si el sistema judicial encuentra mecanismos para enfrentar sus efectos.