Dina Boluarte iba a cobrar un cuarto de millón de soles por demanda a Reniec, pero Poder Judicial le cerró el paso

El Poder Judicial ha detenido, por el momento, el intento de la presidenta Dina Boluarte de cobrar más de S/239,000 por la demanda laboral que presentó contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La resolución establece que el Estado no podrá entregarle dicha suma hasta que se resuelva la casación en el proceso.

Boluarte desempeñó funciones en ese organismo desde 2007 y llegó a ser jefa de la Oficina Registral Surco-Higuereta. En 2021 solicitó una licencia sin goce de haber para participar en política y renunció formalmente en abril de 2022.

Según un informe difundido por Panorama, la mandataria reclamó un cuarto de millón de soles por conceptos como refrigerio, transporte, aguinaldo, uniforme, bono de cierre y la canasta navideña. También solicitó beneficios sindicales, pese a no haber sido sindicalista.

Reniec aceptó algunos conceptos reclamados y rechazó otros por considerarlos improcedentes, incluyendo montos por días de licencia sin goce de haber. El proceso avanzó tras un fallo judicial favorable a Boluarte. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría presionado ante el organismo para incluir este pago en una lista de desembolsos prioritarios.

Fuentes citadas por el dominical indicaron que el portafolio solicitó priorizar este pago bajo la figura de “ejecución anticipada de sentencia”; sin embargo, la institución se negó a efectuarlo debido a la larga lista de deudas pendientes.

En abril del año pasado, el MEF reconoció mediante un documento oficial que cometió un error al incluir el abono de Boluarte en la lista priorizada de desembolsos, ya que el caso no cumplía con los requisitos legales para esa figura. Por ello, decidió retirar dicha transferencia de la lista prioritaria.

Finalmente, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima resolvió mantener el bloqueo del desembolso. La sentencia indica que “el pago no deberá efectuarse hasta que se resuelva la casación”, dejando sin efecto cualquier intento de priorización mientras el litigio esté activo.

Rechazan intervención

A través de un comunicado leído por la televisora, la cartera que dirige el ministro Raúl Pérez Reyes rechazó “categóricamente cualquier insinuación” y “la versión de que sus decisiones obedezcan a presiones de cualquier índole”.

“Las acciones adoptadas responden exclusivamente a un análisis técnico y legal realizado por la Comisión Multisectorial, sin injerencias ajenas a lo establecido por ley, realizado por la Comisión Multisectorial, sin injerencias ajenas a lo establecido por ley”, señaló en la misiva.

“El MEF reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto al marco jurídico y la correcta administración de los recursos públicos, garantizando que el pago de sentencias judiciales se realice únicamente cuando corresponda. Asimismo, se continuará velando para que estos procesos se ejecuten de manera objetiva, técnica y conforme a la normativa vigente”, concluyó.

Pérez Reyes anunció el mes pasado que el Consejo de Ministros había aprobado incrementar el sueldo de Boluarte de 16.000 soles a 35.568 soles mensuales, decisión que, según mencionó, fue tomada tras una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

¿Como se inició el enfrentamiento entre Reniec con Dina Boluarte?

La controversia comenzó en 2020, cuando Boluarte presentó una demanda para reclamar beneficios laborales, como gratificaciones, bonificaciones, uniformes, canastas navideñas y otros conceptos, por un monto superior a los 428 mil soles.

Una primera sentencia ordenó el desembolso total, pero Reniec apeló. En segunda instancia, el Poder Judicial ratificó el reconocimiento de 239,674 soles a favor de Boluarte, decisión que también fue impugnada. Pese a que el caso aún se encontraba en etapa de casación, la jefa de Estado solicitó en 2023 la programación de un cronograma de cobro por el monto reconocido.

El año pasado, el Poder Judicial otorgó a la institución un plazo de 15 días para presentarlo, bajo advertencia de aplicar sanciones en caso de incumplimiento. La entidad respondió que el cumplimiento iniciaría en 2025 y se completaría en un periodo de cinco años, conforme a su presupuesto institucional