Mientras el país enfrenta una crisis marcada por la inseguridad ciudadana, la desaceleración económica y la tensión política, una nueva polémica golpea al Congreso de la República. La compra de 18 vehículos de alta gama y la contratación indefinida de 11 trabajadores han encendido las alarmas dentro y fuera del Parlamento por presuntas irregularidades y falta de transparencia.
La denuncia fue realizada por la congresista Ruth Luque, quien solicitó información detallada sobre la adquisición de los vehículos valorizados en más de 1 millón de soles, entre ellos informes técnicos, cuadros comparativos y documentos que sustenten la millonaria compra. Sin embargo, según reveló en ATV, el Consejo Directivo del Congreso rechazó su pedido.
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“Por encargo especial del señor presidente encargado del Congreso (Fernando Rospigliosi), se desestimó el pedido contenido en su oficio”, señala el documento enviado a la parlamentaria.
No obstante, la decisión de obstaculizar el acceso a la la información relacionada con el uso de los recursos públicos ha generado cuestionamientos debido a que el Consejo Directivo está conformado por integrantes de la misma Mesa Directiva y voceros de las bancadas parlamentarias, es decir, las mismas autoridades encargadas de administrar y supervisar las decisiones políticas y presupuestales del Legislativo.
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Especialistas en temas parlamentarios advirtieron que negar este tipo de información podría contradecir principios básicos de transparencia en el manejo de recursos públicos.
“Que yo recuerde, nunca se ha aplicado de manera tan grave este artículo de la Constitución para evitar que los congresistas tengan acceso a información relacionada con el uso de recursos públicos. El gasto del Congreso es público y no debería negarse ese tipo de información”, sostuvo José Cevasco, exoficial mayor del Congreso.
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Contratos indefinidos en medio del fin del periodo parlamentario
La controversia no termina con la compra de vehículos. La parlamentaria también pidió información sobre la contratación indefinida de 11 trabajadores del Congreso que apenas contaban con cuatro años laborando en la institución.
Con esta medida, los empleados beneficiados obtendrán estabilidad laboral, además de derechos como CTS, gratificaciones y vacaciones permanentes dentro de un Parlamento que ya cuenta con cerca de cuatro mil trabajadores y un presupuesto anual aproximado de S/1.700 millones.
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Lo que más preocupa, según la denuncia, es que algunos de los trabajadores favorecidos estarían vinculados o afiliados a partidos políticos.
“Se está desnaturalizando el principio de continuidad. Hace tiempo advertí que militantes de partidos políticos estaban siendo insertados en el servicio parlamentario, rompiendo el principio de neutralidad”, señaló Cevasco.
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Cuestionamientos por decisiones de último minuto
Las decisiones han despertado críticas debido a que ocurren cuando el actual periodo congresal entra en su etapa final. Para distintos sectores, las adquisiciones y contrataciones responderían a movimientos de última hora para asegurar beneficios antes de un eventual cambio de composición parlamentaria.
Autos nuevos, contratos permanentes y restricciones al acceso a información pública reflejan un escenario que vuelve a poner bajo cuestionamiento el manejo administrativo del Congreso y el uso de recursos financiados por todos los peruanos. Mientras tanto, el congresista Fernando Rospigliosi defiende las contrataciones y ha negado que los vehículos adquiridos sean de alta gama.
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