La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha respaldado la decisión del Gobierno peruano de extender hasta el 28 de febrero de 2025 el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Fraccionamiento Especial de Deudas Tributarias.
Esta prórroga, incluida en la Ley de Presupuesto Público 2025 publicada recientemente, busca ofrecer a los contribuyentes la posibilidad de desistir de sus impugnaciones administrativas o judiciales a cambio de reducciones en sus deudas tributarias.
El presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, explicó que este régimen tiene dos objetivos principales: reducir la litigiosidad tributaria y permitir al Estado generar recursos inmediatos.
Según López, al disminuir la carga de los órganos de justicia tributaria, como el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, se facilita el proceso para los contribuyentes y se optimiza la recaudación de deudas que el Estado podría perder.
Este mecanismo, que originalmente vencía el 20 de diciembre, ofrece beneficios a los contribuyentes dependiendo del momento en que se acojan al régimen. La prórroga es considerada constitucionalmente válida, ya que no implica la creación, modificación o exoneración de tributos, sino que se trata de una disposición sobre ingresos tributarios contingentes.
La CCL ha resaltado la importancia de esta medida para aliviar la carga de los órganos de justicia tributaria y para que el Estado pueda obtener recursos de manera más eficiente. La prórroga permite a los contribuyentes resolver sus deudas de manera más favorable, lo que podría tener un impacto positivo en la economía nacional.
Fraccionamiento Tributario se extiende por baja acogida entre contribuyentes
El representante de la CCL señaló que el bajo nivel de acogimiento al régimen se debe a las condiciones poco atractivas de las rebajas ofrecidas. Según explicó, las reducciones son escalonadas y menos favorables para deudas mayores, sin una justificación clara para esta diferenciación.
Además, no se contempla ninguna reducción en función de la prontitud del pago del tributo insoluto, lo que podría desincentivar a los contribuyentes.
La prórroga, según el abogado tributarista de la CCL, representa una oportunidad para que el Parlamento revise y mejore la propuesta. De esta manera, se espera que los contribuyentes, tras evaluar los costos y beneficios, opten por acogerse al régimen en lugar de continuar litigando contra el Estado.
De esta manera, el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL subrayó que esta medida lanzada en el Presupuesto Público 2025 podría beneficiar tanto al Estado como a los contribuyentes.
Para el Estado, significaría un aumento en la recaudación de ingresos y una reducción de la carga judicial y administrativa. Para los contribuyentes, eliminaría una contingencia que podría materializarse si perdieran en un litigio.
CCL saluda la posible creación de una Unidad de Flagrancia
De otro lado, la CCL ha destacado la importancia de implementar un Sistema Integrado de Reportes y Denuncias Digitales para mejorar la seguridad ciudadana en Perú. Este sistema permitiría obtener información en tiempo real sobre delitos, identificar zonas con alta incidencia delictiva y modalidades de extorsión, según informó el presidente de la CCL, Roberto De La Tore.
Durante la segunda mesa de trabajo “Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: Enfrentando juntos los retos y desafíos”, organizada por el gremio empresarial, se discutieron estas propuestas. En el evento, De La Tore subrayó que la Ley de la Unidad de Flagrancia, que se espera sea aprobada próximamente en el Congreso, facilitará la lucha contra la delincuencia.
Esta normativa permitirá que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú coordinen sus esfuerzos para detener a los delincuentes en un plazo de 48 horas. “Estas acciones incrementarán la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad”, afirmó el presidente de la CCL.
La ley también contempla la implementación de la logística y los laboratorios necesarios para combatir el crimen organizado a nivel nacional. De La Tore enfatizó la necesidad de que los ciudadanos dispongan de mecanismos ágiles para presentar denuncias utilizando herramientas digitales, asegurando la confidencialidad de los denunciantes para evitar represalias, un temor que actualmente desincentiva las denuncias de extorsión.
El anuncio del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sobre la próxima aprobación de esta ley fue considerado una “buena noticia” por De La Tore, quien lideró la reunión de trabajo. La CCL espera que estas medidas contribuyan significativamente a mejorar la seguridad ciudadana en el país.
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