Entregas de regalos y proselitismo: escándalo por excesos de congresistas durante la semana de representación

El pasado 12 de diciembre del 2016, la Comisión de Ética decidió por unanimidad abrir una investigación contra el congresista Kenji Fujimori por haber dado regalos a un colegio durante la semana de representación parlamentaria. Si bien el tema quedó archivado gracias a, por supuesto, cuatro votos fujimoristas, el debate de si deben regularse estas entregas sigue vigente, sobre todo al llegar el mes de diciembre.

Pese a que el entonces secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, señaló que se puede interpretar que la entrega de regalos no está permitida, dado que el Código de Ética Parlamentaria prohíbe “recibir y distribuir” donaciones, es algo que se continúa realizando.

De acuerdo a los informes a los que accedió Infobae Perú, al menos 12 legisladores incluyeron la entrega de regalos. Entre ellos, cuatro pertenecientes a Fuerza Popular, dos a Alianza para el Progreso, uno a Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Avanza País. El único no agrupado fue Edwin Martínez, quien, pese a defender su accionar, sí se mostró a favor de regular estas actividades.

“Yo voy a seguir haciendo lo que hago porque lo hago de voluntad. Yo no tengo ningún tipo de intención de aprovechamiento político. [...], pero sí considero que debería sustentarse el origen”, declaró a este medio.

Una persona que se mostró en contra durante la época de Fujimori y mantiene su postura es el exlegislador Mauricio Mulder, quien asegura que “estas prácticas tratan de comprar la lealtad de algún ciudadano a cambio de recibir un regalo”.

“Si no fueran funcionarios públicos, podrían hacer lo que quieran con su plata y hacer todo tipo de eventos navideños y todo eso, pero como son personas que manejan dinero, justamente para evitar que sea utilizado en reuniones asistencialistas, es que se considera que va contra la ética”, agregó.

Asimismo, instó al presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán (Avanza País), a intervenir e investigar; así como establecerse un reglamento que diga qué es, cuándo se puede hacer y cuándo no.

En ese sentido, Leonor Suárez Ognio, docente de las Maestrías de Gerencia Pública y Derecho Administrativo Económico de la EPG Continental, sostuvo que “los parlamentarios, como cualquier funcionario público, deberían estar sujetos a las mismas reglas de prohibición de conflictos de intereses y la Comisión de Ética debería establecer estándares altos de procedimiento para evitar que el sesgo político de sus integrantes desvirtúe la toma de decisiones”. “Hasta ahora hemos visto que dicha comisión actúa de manera impredecible ante casos que presentan similitudes”, agregó.

Entre las acostumbradas entregas de regalos existen tres casos que generan mayor sospecha sobre la falta de ética parlamentaria. Se trata de las legisladoras Digna Calle (Podemos), Rosangella Barbarán y Vivian Olivos, ambas de Fuerza Popular.

En una de las fotos incluidas en el informe de la viajera parlamentaria, que causó polémica por mantenerse en Estados Unidos más de medio año, no solo se agradece a la legisladora, también se menciona a su esposo Aron Espinoza, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): “Gracias congresista Digna Calle y Sr. Aron”, se lee en el cartel que sostienen dos integrantes de la olla común Ángeles de Dios.

El caso que involucra a Barbarán tiene que ver con una de las imágenes en la actividad parlamentaria. Tal como se ve en la foto incluida en el informe de representación, a lo lejos se colocó un banner con el logo y figuras del fujimorismo.

Además de las palabras “Fuerza Popular - Lima Sur”, se ve la imagen de la fundadora del partido, Keiko Fujimori, y su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Al respecto, la experta recordó que, “el Código de Ética Parlamentario no es la única norma que rige su conducta; ya que la ley 27815 del Código de Ética de la Función Pública y su reglamento es aplicable a todos los funcionarios, incluidos los congresistas”.

Dicho documento precisa que está prohibida “cualquier actividad realizada por los empleados públicos, en el ejercicio de su función, o por medio de la utilización de los bienes de las entidades públicas, destinada a favorecer o perjudicar los intereses particulares de organizaciones políticas de cualquier índole o de sus representantes, se encuentren inscritas o no”.

En relación con el caso de Vivian Olivos, la sorpresa está en la redacción de sus actividades. En la visita a la regidora del distrito de Chancay, de la provincia de Huaral, se lee que ambas acordaron “seguir trabajando en conjunto con el mismo compromiso desde el primer día en el cargo”. Además, que con una ciudadana se “reforzó el compromiso de seguir apoyando a la legisladora”.

Estos acuerdos que se enfocan en el compromiso con la fujimorista se encuentra dentro de los parámetros de intereses en conflicto del código de ética al que hace mención la docente, el cual prohíbe toda “situación en la que los intereses personales del empleado público colisionan con el interés público y el ejercicio de sus funciones, entendiéndose que cualquier actuación que realiza dicho empleado público debe estar dirigida a asegurar el interés público y no a favorecer intereses personales o de terceros”.

Consultada sobre la premisa de que “los parlamentarios continúan en campaña política al asumir el cargo”, tal como declaró el exoficial mayor del Congreso José Cevasco a este medio, mencionó que “quienes repiten que la política es la lucha por el poder, olvidan que el poder debe ejercerse a favor de la sociedad”.

Si bien la política peruana está desprestigiada y dista mucho de ser una función de servicio social, debe tenerse claro que ello no es normal y que, más bien, es un problema a resolver, explicó la docente.

“Buscar la forma en que sean elegidas personas que no tendrán oportunidad de beneficiarse y sí de servir a la ciudadanía es el reto de mejorar nuestro sistema político”, sentenció.