A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo saludó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueva la elaboración de un protocolo y lineamientos específicos para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, en contextos de detención policial. Sostuvo que este debe tener un “enfoque de derechos humanos, género, niñez y adolescencia, interculturalidad, discapacidad, entre otros, desde una perspectiva interseccional, acorde con las recomendaciones defensoriales planteadas”.
Esta exhortación se produce luego de la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el sábado último con el posterior traslado de las personas detenidas a las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Asuntos Sociales de la PNP. Allí, la entidad afirma haber identificado diversas situaciones que afectaron múltiples derechos fundamentales de las personas detenidas.
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Según la Defensoría, las personas detenidas revelaron en entrevistas realizadas que algunas de ellas miccionaron en el lugar de la retención inicial. En el caso de algunas mujeres, al no acceder a insumos de higiene menstrual en los locales policiales de detención, mancharon sus prendas, sufrieron de cólicos y dolores de cabeza, afectando su salud integral. Además, inicialmente, se advirtió la ausencia de garantías al derecho a la defensa, como la carencia de intérpretes de las diversas lenguas, y se les mantuvo incomunicadas con sus familiares y amistades.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo señaló que es necesario que se garantice a las mujeres detenidas una atención diferenciada y con enfoque de género. Donde se asegure el acceso a los servicios higiénicos, insumos y medicamentos de salud menstrual, entre otros, que permitan una atención digna y coherente con el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin ningún tipo de discriminación. Esta es una obligación del Estado peruano acorde al marco jurídico nacional e internacional.
Derechos fundamentales
Sumado a ello, señaló que urge establecer e incorporar medidas específicas que garanticen el trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas detenidas. Por ejemplo, las revisiones en estos contextos, no deben afectar la integridad e incolumidad corporal (desnudos, tocamientos, etc.), que impacta de manera particular a las mujeres, adolescentes, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.
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No menos importante resulta asegurar una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes que se encuentren acompañando a sus progenitoras/es o cuidadoras/es en las detenciones, en virtud de su interés superior y el deber de protección especial por parte del Estado a las personas menores de edad. Además, que, durante las intervenciones y detenciones policiales a personas indígenas, se respete su dignidad y derechos, acorde a su lengua materna y tradiciones, con un enfoque de interculturalidad.
La Defensoría del Pueblo envió estas recomendaciones al MIMP y al Ministerio del Interior; asimismo presentó esta información en la XXXIII sesión extraordinaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de la Ley n.° 30364, convocada por el MIMP el día de hoy. En esa línea, hará seguimiento a la implementación de estas recomendaciones, a fin de que se garanticen los derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad.
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