Más riesgos para consumidores frente a la falta de controles aduaneros

La Secretaría de Industria y Comercio eliminó el control aduanero asociado al etiquetado de los productos textiles y de calzado importados que ingresan al país. Si bien la etiqueta con las características del producto seguirá siendo obligatoria para la comercialización en el mercado interno, se elimina la obligatoriedad del etiquetado en origen, el trámite de re-etiquetado local asociado (adaptación al Mercado Local- AML) y la fiscalización aduanera previa al despacho de la mercadería.

Hasta ayer, se garantizaba que la etiqueta del producto esté disponible de forma previa a la comercialización, pero a partir de ahora, el control de la norma pasará a ser fiscalizado exclusivamente ex post, es decir, una vez que los productos ya estén en el mercado interno.

Desde la Fundación Pro Tejer consideramos que esta medida podría generar un agravio al consumidor y a la competencia leal, confrontando deliberadamente con la operatoria que han sabido desarrollar las Aduanas de todos los países del mundo, en resguardo de sus intereses.

El primer punto para resaltar es el potencial daño al cuidado de la lealtad comercial y a la transparencia de la información a los consumidores. Todos los países que se rigen bajo las normas de la OMC tienen como principio fomentar la competencia leal, siendo la fiscalización aduanera un mecanismo esencial para garantizar una justa competencia entre la producción local y la importada, dado que se considera que la omisión, error o falsedad de la información, es una forma de engaño al consumidor.

Además, es importante destacar que el control aduanero, que el Gobierno argentino desmanteló a través de la Res. 159/24, es lo mínimo que exigen y controlan todos los países del mundo cada vez queremos exportar nuestros productos (ejemplos: Brasil, EEUU, Colombia, los países de la UE, etc.). ya que debemos sumar la fiscalización física de la mercadería, el control del etiquetado, requerimientos técnicos asociados a la ausencia de sustancias nocivas, que son solo algunos de los requisitos exigidos para entrar a estos mercados.

Cabe remarcar que no se debe confundir la intencionalidad de menor burocracia y simplificación de trámites administrativos, con el desmantelamiento de normas utilizadas por los países de la OMC, que tienen un propósito superior y cumplen con objetivos específicos.

La simplificación no siempre implica más eficacia ni eficiencia en el comercio. Agilizar tiempos administrativos y simplificar trámites es muy importante, pero no pueden ser excusa para ponerse por sobre los principios de defensa de la competencia justa ni comprometer la calidad, el cuidado y la seguridad del consumidor.

El mercado textil argentino es amplio, diverso y atomizado. Por lo que, una vez que el producto ya ingresó al mercado local, el control resulta impracticable y requiere mayores capacidades de fiscalización y de protocolos claros de identificación de irregularidades, canales de denuncias y resolución de controversias. Puntos que no están siquiera mencionados en la nueva norma.

Desde una mirada más abarcativa, la medida señalada va en contra de la producción, el trabajo y las empresas argentinas, y resulta particularmente inoportuna en el contexto actual. Preocupa que, frente a un escenario de alarmante crisis económica, con 11 meses consecutivos de caída profunda de la actividad industrial, donde la utilización en la industria textil y de calzado de su capacidad instalada en promedio en el año 2024 no supera el 40% (6 de cada 10 máquinas están paradas), que trae como consecuencia un creciente desempleo, las medidas del Gobierno profundicen el daño a la producción local y desmantelen mecanismos de competencia justa y defensa del consumidor.

Lo coherente sería, que antes de embarcarnos en un proceso de desregulación comercial, deberíamos con la mayor celeridad posible, implementar políticas de contención para transitar la coyuntura recesiva actual y diseñar medidas estructurales que ataquen los problemas de competitividad sistémica que afecta a nuestro aparato productivo, sobre todo en las cadenas de valor integradas y federales.

Desde la Fundación Pro Tejer queremos destacar que esta medida no se toma de manera aislada, sino que se suma a la supresión de otros trámites, regulaciones y controles que hacían al resguardo de la competencia leal y también del consumidor, tales como la eliminación del canal rojo de fiscalización en Aduana, la eliminación de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y la falta de reglamentación de la Ley de Talles. Una medida que, además, va en dirección opuesta a lo que está haciendo el mundo y de lo que nos exigen otros países.

Finalmente, advertimos –una vez más– que la industria argentina y fundamentalmente, las Pymes necesitan medidas de carácter urgente dada la delicada situación que atraviesan el entramado local y los trabajadores frente a la caída del consumo local y la producción.

Continuar con una apreciación cambiaria que limita la salida exportadora y facilita la competitividad de los productos importados que a su vez están potenciados por los beneficios extraordinarios que otorga el RIGI, y posponer las reformas estructurales e impositivas de 1º, 2º y 3º generación, pondrá a la estructura productiva nacional frente al dilema de tener que soportar un daño potencial que se llevará por delante cuantiosos años de desarrollo productivos, que los argentinos supimos construir con mucho esfuerzo y sacrificio.

El autor es presidente de la Fundación Pro Tejer