
El Gobierno de Honduras anunció medidas de emergencia para el departamento de Yoro, luego de que cuatro ataques armados registrados durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre dejaran 12 personas muertas en el municipio de Yorito, entre ellas mujeres y menores de edad.
La respuesta estatal incluye el despliegue de equipos especializados de investigación, el refuerzo de las operaciones de seguridad y la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezada por el presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial.
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A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que agentes de la Policía Nacional se encuentran en el sector montañoso de Yorito para esclarecer los crímenes e identificar a los responsables.
Los equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en el procesamiento de las cuatro escenas, la recopilación de indicios y el análisis del perfil de las víctimas, en coordinación con el Ministerio Público.
Los ataques ocurrieron en dos comunidades. Según los primeros reportes policiales, tres escenas se registraron en la aldea de Vallecillo, donde nueve personas perdieron la vida, mientras que el cuarto hecho ocurrió en la comunidad de Pacayal y dejó otras tres víctimas mortales.
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Entre los fallecidos se encuentra Delma Yolanda Olvera Pérez, identificada como regidora municipal de Yorito, quien fue asesinada junto a familiares. Los reportes preliminares indican que entre las víctimas también hay menores de edad.
La magnitud de los hechos llevó a las autoridades a convocar una reunión de emergencia para coordinar las acciones de las instituciones de seguridad y defensa. El encuentro busca definir una respuesta conjunta ante la violencia y reforzar la presencia estatal en los municipios afectados.
De acuerdo con información difundida sobre las medidas discutidas, el plan contempla una intervención en el departamento de Yoro y la aplicación de restricciones de circulación mediante un toque de queda por sectores.
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También se ha planteado el despliegue de entre 400 y 500 policías y militares para reforzar la seguridad en la zona. Las autoridades deben precisar los lugares, horarios y duración de las restricciones.
Una de las hipótesis bajo investigación apunta a una posible reacción de estructuras criminales ante las recientes operaciones policiales desarrolladas en el departamento.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad aclaró que esta línea no representa una conclusión definitiva sobre los motivos de los asesinatos.
Los crímenes han sido relacionados preliminarmente con el denominado Cártel del Diablo, una estructura señalada por las autoridades de operar en municipios como Yorito, Sulaco y Victoria. No obstante, la responsabilidad del grupo en los cuatro ataques todavía debe establecerse mediante las investigaciones.
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La violencia también estuvo acompañada por la circulación de audios y videos en redes sociales atribuidos a integrantes de esa organización.
En uno de los materiales difundidos, una persona amenaza con responder violentamente a las operaciones de las autoridades e incluso menciona el posible uso de explosivos C4.
La autenticidad de esas grabaciones y su eventual relación con los asesinatos deberán ser verificadas mediante peritajes. Las autoridades no han confirmado que el grupo sea responsable de las 12 muertes.
La situación mantiene en alerta a los habitantes de las comunidades afectadas, donde el temor a nuevos ataques se suma al impacto por la pérdida de familiares y vecinos.
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