Es tortura

Obligar a continuar con un embarazo producto de una violación a una niña de 11 años es tortura. Forzar a sostener el embarazo a una niña que quiere interrumpirlo es tortura. Demorar la práctica para usarla de incubadora es tortura. Hablar en los medios de comunicación acerca de la supuesta voluntad de la niña de continuar con el embarazo es mentir para justificar la tortura. Judicializar un caso como éste, que cumple con todas las causales presentes en el Código Penal desde 1921 para que la interrupción del embarazo sea legal, es tortura. Declararse objetor de conciencia adentro del quirófano, con todo listo para interrumpir el embarazo, es tortura. Pedir, amparándose en la religión, que no se cumplan las leyes vigentes, es tortura. Revelar el nombre de la niña víctima es violar sus derechos y contribuir a la tortura.

Cada funcionario político, cada funcionario judicial y cada integrante del equipo de salud que colaboró para dilatar y obstaculizar el derecho de la niña a interrumpir el embarazo en tiempo y forma podría haber firmado ese infausto editorial que semanas atrás uno de los grandes diarios tituló "Niñas madres con mayúscula". En aquel momento, muchos de los que hoy celebran la terrible dilación en el procedimiento, criticaron ese texto. Eran lágrimas de cocodrilo. Están de acuerdo con el contenido, son fanáticos de usar a las niñas como trofeos, disfrutan la utilización de su poder para congraciarse con líderes religiosos, nos enrostran que "no fue ley". El proyecto de ley discutido en el Parlamento el año pasado no modificaba las causales en casos como el de Tucumán.

La violación y/o la salud de la mujer (de la niña, en este caso) permiten la interrupción legal del embarazo desde 1921 y, según el fallo FAL de la Corte Suprema en 2012, obligan al Estado a no obstaculizarlo. Lo que sí introducía el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la experiencia de que ocurre en muchísimos casos de interrupción legal, es una regulación sobre cuándo, cómo y quienes podían declararse objetores de conciencia y cuánto tiempo podía tomarse el sistema de salud para iniciar el procedimiento.

Decíamos entonces, y seguimos diciendo hoy, que si se hubiera aprobado la ley no se habría resuelto la problemática de los abortos de un día para el otro. Se trataba, apenas, de un primer gran paso para que el Estado (en todos sus niveles) empezara a mirar de frente una cuestión que afecta a miles de niñas, adolescentes y mujeres cada año. Pero quizás estábamos equivocados. No sólo lo miran de frente. En el caso de los poderes en Tucumán, y antes en Jujuy, eligen, además de mirarlo, sacarle la lengua y hacerle burla.

Me enteré del caso de Tucumán por una llamada telefónica, mientras miraba una película con mi hija de 11 años. Cuando corté, me pidió que le contara qué pasaba. "¿Cuántos años tiene la nena?", me preguntó. "Es como vos", le dije. Y se me hizo un nudo en la garganta.

*Leandro Cahn es director ejecutivo de la Fundación Huésped

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