
Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica acordaron este viernes 20 de noviembre de 2026 fortalecer la coordinación institucional para enfrentar el crimen organizado, agilizar los procesos judiciales y mejorar los mecanismos de seguridad, durante una reunión histórica encabezada por cuatro mujeres.
El encuentro reunió a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas; y la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría.
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Las jerarcas suscribieron una declaración sobre convivencia democrática, respeto a la independencia de poderes y cooperación frente a la violencia, en un contexto marcado por las diferencias institucionales y el reciente asesinato del periodista Camilo Rodríguez.
Nuevos acuerdos para combatir la criminalidad
Uno de los principales compromisos fue establecer una mesa técnica para mejorar el acceso de las autoridades policiales a las bases de datos de órdenes de captura.
Fernández explicó que actualmente las policías consultan si una persona tiene una orden judicial pendiente después de identificarla o detenerla, pero considera necesario utilizar esa información para planificar operativos.
“Lo podemos hacer mejor si el Poder Judicial, por algún mecanismo que encontremos, nos puede brindar acceso a toda esa base”, manifestó.
La mandataria también denunció que algunas solicitudes de allanamiento presentadas por la Policía de Control de Drogas (PCD) pueden tardar hasta dos meses en recibir el visto bueno de las fiscalías, situación que, según afirmó, compromete investigaciones contra organizaciones criminales.
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Otro acuerdo contempla estudiar la implementación de audiencias virtuales desde el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), para reducir los riesgos y costos asociados al traslado de reclusos considerados de alta peligrosidad.
Vargas confirmó su disposición a trabajar en estas iniciativas, aunque recordó que deben respetarse la independencia judicial y la protección de información sensible.

Presupuesto judicial mantiene enfrentadas las posiciones
Pese al ambiente de diálogo, las diferencias por el Presupuesto Nacional de 2027 permanecen sin resolver.
Fernández defendió las normas que condicionan la ejecución de aproximadamente ₡30,000 millones (USD 67 millones) del Poder Judicial y aseguró que buscan fortalecer los controles sobre el uso de los recursos públicos.
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Sin embargo, Vargas advirtió que estas disposiciones podrían provocar graves consecuencias para los servicios judiciales.
Entre los riesgos mencionó la pérdida de licencias informáticas, dificultades para consultar órdenes de captura, afectaciones en el trámite de impedimentos de salida y la posible paralización de proyectos, como la morgue de Buenos Aires.
“Son una camisa de fuerza y van a impedir que los recursos lleguen al Poder Judicial y a las personas que son las usuarias de nuestros servicios oportunamente”, afirmó.
Ambas coincidieron en esperar la resolución de la Sala Constitucional, que analiza los cuestionamientos contra las disposiciones presupuestarias.
Reformas electorales y protección de periodistas
La reunión también permitió discutir posibles reformas para impedir que organizaciones criminales utilicen donaciones y mecanismos de financiamiento partidario para infiltrarse en campañas políticas.
Fernández planteó fortalecer los procedimientos de verificación de quienes aportan recursos a las agrupaciones políticas.
Por su parte, Eugenia Zamora informó que el cronograma electoral para los comicios municipales de 2028 comenzará el 5 de diciembre de 2026, con un proceso que contempla la elección de más de 6,200 cargos.
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Las jerarcas también acordaron reforzar la protección de personas amenazadas por denunciar delitos, informar sobre actividades criminales o ejercer funciones públicas.
Este compromiso adquiere especial relevancia después del asesinato de Camilo Rodríguez, caso mencionado durante el encuentro como parte de la preocupación por la seguridad y la libertad de expresión.

Una reunión histórica entre cuatro mujeres
Más allá de los acuerdos, el encuentro representó un hecho inédito: por primera vez, mujeres encabezan simultáneamente los tres supremos poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones.
“Hoy es un día histórico para Costa Rica”, expresó Vargas.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, se comprometió a impulsar iniciativas destinadas a agilizar los procesos penales y fortalecer los mecanismos contra la corrupción.
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Las autoridades también acordaron mantener reuniones periódicas y celebrar el próximo encuentro en la Asamblea Legislativa, en febrero de 2027.
Aunque las diferencias institucionales persisten, las cuatro presidentas aseguraron que buscarán avanzar en objetivos comunes sin renunciar a las competencias y responsabilidades de cada institución.
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