ONU: "La prohibición absoluta del aborto viola la Convención contra la Tortura"

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Rosaura, Tania, Teodora, Mónica, Mainumby, Esperanza y Michelle. Recientemente Bélen, en Argentina. Son algunos de los nombres de las mujeres que en Latinoamérica y el Caribe ilustran la severa situación de violencia institucional que rige en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

Motivada por el caso de la joven de 27 años que está actualmente presa en una provincia argentina por un aborto espontáneo, Amnistía Internacional (AI) organizó un panel en Buenos Aires, en conjunto con diputados de distintos bloques políticos, en el que participó el relator especial de las Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Mendez. Junto a él expusieron Soledad Deza, abogada de Belén, y Fernanda Doz Costa, investigadora de la organización internacional.

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"Hasta hace poco, el derecho internacional permitía que cada Estado decidiera qué hacer con el tema del aborto. Prohibirlo totalmente, prohibirlo con excepciones o permitirlo", explicó Mendez, quien el 8 de marzo presentó su reporte sobre el tema ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. "Sin embargo, esto ha evolucionado desde la perspectiva de la obligación absoluta del Estado de no permitir el trato cruel, inhumano y degradante ni la tortura para ninguna persona, y especialmente para las mujeres", agregó para Infobae.

La única conclusión razonable es que la prohibición absoluta del aborto viola la prohibición de trato cruel, inhumano y degradante y hasta de la tortura

"Por eso, la única conclusión razonable es que la prohibición absoluta del aborto viola la prohibición del trato cruel, inhumano y degradante y hasta de la tortura en determinados casos", sentenció Mendez.

Efectivamente, el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, que es el órgano de aplicación y el intérprete más autorizado de la Convención contra la Tortura de 1984, ha estipulado que los Estados que tienen una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia exponen a mujeres y niñas a la situación de ser humilladas y tratadas con crueldad. En América Latina esos países son siete: República Dominicana, El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití y Surinam. En conjunto, la región posee el porcentaje más alto de aborto inseguro en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Pero de qué se habla cuando se habla de tortura? La Convención contra la Tortura la define como un trato especialmente severo, intencional y que produce dolor y sufrimiento graves en la persona, cometida o tolerada por un agente del Estado. Estos y los tratos que no alcanzan la severidad de la tortura pero que de todas formas son crueles, inhumanos y degradantes, aun cuando no sean cometidos intencionalmente, están absolutamente prohibidos según la ONU.

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El maltrato y la humillación en entornos institucionales; las esterilizaciones involuntarias; las esterilizaciones y abortos forzosos; las infracciones del secreto médico y de la confidencialidad en entornos de atención de la salud, como las denuncias a mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales; y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto son todos ejemplos de eso.


Un patrón general de responsables y víctimas

Todos los expositores del panel de debate coincidieron en la responsabilidad estatal, cristalizada en la mayoría de los casos en funcionarios públicos que aplican de forma directa esa violencia. "Un enfermero o un médico, ambos son agentes del Estado y en tanto tales tienen la obligación de no humillar a la persona que busca atención en materia de salud reproductiva. Lo mismo cabe para la policía y para la otra 'pata' de la triada, la de los tribunales y jueces", detalló el relator de Naciones Unidas.

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Mendez explicó que el Estado puede ejercer violencia a través de otros mecanismos si, por ejemplo, ante un caso de los que están permitidos por la ley –como riesgo de la vida de la madre, malformaciones genéticas, violación, etcétera–, la mujer es obligada a pasar semanas peregrinando por distintas oficinas públicas para lograr ejercer su derecho.


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Las víctimas, por su parte, casi siempre son personas de bajos recursos que dependen de hospitales públicos. Según Mendez, "en esos hospitales, donde usualmente hay mucho recargo de trabajo, es probable que estos casos se traten con desidia o con negligencia en perjuicio de la persona que busca tratamiento".

"En los hospitales públicos, donde usualmente hay mucho recargo de trabajo, es probable que estos casos se traten con desidia o con negligencia"

Según el mencionado informe de AI, en la región más desigual del mundo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la posibilidad de sufrir violencia institucional en el intento están fuertemente atravesados por las condiciones personales de estas mujeres y niñas: las personas viviendo en la pobreza están afectadas desproporcionadamente por esta situación. El acceso a un buen abogado, la posibilidad de realizarse controles prenatales durante el embarazo y el conocimiento sobre los derechos contemplados en muchas de las leyes de estos países hubieran cambiado radicalmente esta historia.

Esto explica, en parte, por qué más de la mitad de los embarazos son no deseados o no planificados en América Latina y el Caribe; una tasa que, a pesar del aumento en el uso de anticonceptivos modernos en la región, se mantiene sin cambios desde 1985.

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