Un Estado con exceso de regulaciones e injerencia en la vida privada genera compulsivas redistribuciones de ingresos y riqueza; ahoga al sector privado con carga impositiva; y, en definitiva, castiga al sector productivo de la economía para beneficiar a un sector amplio de la sociedad transfiriéndole ingresos que no les corresponde.
Ayn Rand invita a imaginar qué ocurriría con el sector productivo, eficiente, el que genera riqueza, si se éste se retirara del mercado. Es decir, se declarara en huelga, dejara de producir y directamente se fugara del saqueo estatal del fruto de su trabajo.
¿Cómo haría el resto de la población que vive del trabajo de unos pocos sectores productivos, que despliegan su capacidad de innovación creando riqueza, para sobrevivir sin que otros produzcan por ellos?
Es más, ¿cómo harían los políticos populistas para sobrevivir si no cuentan con un sector productivo al cual extraerle la riqueza y calmar al resto de la población? Algo de eso estamos viendo hoy en día en la Venezuela chavista.
Atrapados por un sistema de saqueo generalizado
La gente muriéndose de hambre porque los más productivos decidieron abandonar el país, pero también lo estamos viendo en Argentina, atrapada por un sistema de saqueo generalizado en que muchos quieren vivir del trabajo ajeno.
Más de uno se siente con el "derecho adquirido", como dicen algunos jueces, a ser mantenido por otro. Lo que no aclaran esos jueces es quién tiene la "obligación adquirida" de mantener a un desconocido.
Si uno mira los datos de la cantidad de gente que regularmente pasa todos los meses por la ventanilla del Estado a cobrar uno o varios cheques, se cae de espaldas.
Dependientes del Estado
Tenemos 6.864.522 jubilados y pensionados, incluyendo los casi 3,5 millones de jubilaciones que alegremente otorgó el kirchnerismo sin tener los años de aporte. Mágicamente el kirchnerismo duplicó la cantidad de jubilados y pensionados. Obviamente que como es un sistema de reparto y no de ahorro previo, los contribuyentes tienen que hacer frente a ese costo.
La Asignación Universal por Hijo tiene 4.100.000 beneficiarios según el último presupuesto. Un invento de la oposición del que se apoderó Cristina Fernández por el cual no son los padres los que tienen que mantener a sus hijos, sino que un tercero que produce que tiene que colaborar manteniendo la familia de otro.

A esto hay que agregarle otros 3,1 millón de beneficiarios de ayuda escolar y 168.000 beneficiarios de asignación por embarazo.
Las pensiones no contributivas son otro gran grupo de personas que reciben dinero del contribuyente. El número mayor está en las pensiones por invalidez, algo más de 1 millón de personas, partiendo de los 81.000 beneficiarios que recibió el kirchnerismo en 2003. Sabemos que eso es un escándalo de corrupción pero los políticamente correctos denunciaron al Gobierno de insensible cuando empezó a querer dar de baja pensiones por invalidez que no correspondían, forzándolo a dar marcha atrás.
El otro gran rubro de gasto en pensiones no contributivas es pensiones para madres con más de 7 hijos. Poco más de 300.000 beneficiarios tienen este programa con un costo anual de $38.000 millones. El kirchnerismo recibió el gobierno con 41.000 beneficiarios de este programa. Digamos que el contribuyente tiene que pagarle a esa gente por lo que hace en la cama en vez de pagarle por su trabajo.
Luego tenemos una serie de programas "sociales" como Progresar, Proyectos Productivos Comunitarios, Pensión Universal para Adultos Mayores y sigue el listado.
En total, sin incluir las asignaciones familiares, hay 17,5 millones de personas que recibe algún tipo cheque del Estado sin ninguna contraprestación en los 58 programas "sociales" a nivel nacional.
Si a esto le agregamos otros 3,2 millones de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, todos los meses pasan por el bolsillo del contribuyente 20,7 millones de "beneficiarios".
Trabajadores en el sector privado
¿Cuántos trabajan en el sector privado? Considerando los que están en relación de dependencia, monotributistas, empleados domiciliarios y autónomos, suman 8,8 millones de personas registradas.
De manera que 8,8 millones de gente que trabaja tienen que mantener a 20,7 millones. No estoy contando en los beneficiarios de planes sociales los planes sociales provinciales y municipales.
Vamos a ponerlo de esta forma, en la Argentina existen todos los estímulos para no producir y vivir del trabajo ajeno y todos los desestímulos posibles para desalentar la inversión, el trabajo y el desarrollo de la capacidad de innovación.
El que hace todo esto sabe que va a ser expropiado por el Estado en el fruto de su trabajo para transferírselo a quienes no producen, dado el modelo de competencia populista que impera en Argentina.
La Argentina tiene los síntomas de La Rebelión de Atlas
Cada vez más gente busca otros destinos para vivir donde el Estado no los expolie. Se invierte mayormente en el exterior y la economía se va apagando por el peso del Estado, dados los estímulos a no trabajar y los desestímulos para trabajar, producir, ser eficiente.

Basta con ver un resumen de cuenta bancario y uno advierte el dinero con el que se queda el Estado. El Estado le mete la mano en la cuenta corriente del contribuyente al igual que un ladrón roba.
Mi gran duda es si, más allá del debate del grado de gradualismo, la economía puede crecer para licuar el peso del Estado sobre el sector privado.
Francamente dudo que eso vaya a ocurrir porque no están dadas las condiciones para un crecimiento vigoroso de la economía. O, si se prefiere, el Estado termina destruyendo al pequeño sector privado que va quedando y que hoy tiene que mantener a 20 millones de personas que mensualmente pasan por las ventanillas del estado a cobrar su cheque.
Por eso la competencia populista hoy paga. Pierdo el voto de 8,8 millones de gente laboriosa y gano el voto de 20,7 millones que viven de la gente laboriosa. La pregunta es: ¿qué va a ocurrir con los 20,7 millones que viven del trabajo ajeno, cuando ya casi no quede nadie dispuesto a ser expoliado por el estado? ¿Qué van a repartir los políticos?
En síntesis, podemos dar todas las vueltas que queramos formulando propuestas económicas, pero claramente el problema económico argentino es cultural, entiendo por cultural la existencia de valores que imperan en la sociedad que se traducen en normas, leyes, códigos, etc. que atentan contra el innovador en beneficio del vividor.
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