La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa del exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Alberto D’Onofrio. De esta manera, el tribunal ratificó la elevación a juicio de la causa que investiga presunto lavado de activos agravado, y que tramita en el juzgado federal de Campana.
El fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández, desestimó los argumentos de la defensa que buscaba revertir el rechazo a un planteo de inconstitucionalidad y el pedido de sobreseimiento de su defendido.
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El pedido había llegado a la Cámara mediante un recurso de queja, alegando una supuesta “arbitrariedad” en las decisiones previas del tribunal.
Los magistrados consideraron que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva ni posee características de arbitrariedad. Señalaron que la presentación está basada en la mera disconformidad subjetiva de las partes.
La causa
El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, envió a juicio oral el expediente que investiga al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, y al exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio.
Ambos están procesados por presunto lavado de activos agravado a través de la adquisición de un vehículo Audi Q8, con recursos supuestamente originados en delitos contra la administración pública provincial.
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La hipótesis sostiene que el 19 de octubre de 2023, Asensio inscribió a su nombre el automóvil ante una seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una suma declarada de $30.000.000. Sin embargo, el seguro contratado para el rodado estableció una cobertura de $173.800.000, cifra que, según el juzgado, reflejaría su valor real de mercado.
Para el Ministerio Público Fiscal, a pesar de la inscripción, el uso, dominio y disposición del vehículo corresponderían a D’Onofrio. El requerimiento de elevación a juicio cita como fundamentos la emisión de una cédula azul, autorizando al exministro a conducir desde la fecha de compra, con la registración y pago del Telepase a su nombre.
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Por otra parte, la instrucción señala que los recursos utilizados para la operación estarían vinculados a hechos investigados en el Departamento Judicial de La Plata por supuestos fraudes, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por parte de D’Onofrio.
Se trata de otra causa en la que es investigado el exfuncionario por una supuesta maniobra irregular con fotomultas y a través del sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El expediente, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, investiga una presunta red de gestores que ofrecía a infractores descuentos de hasta el 50% para tramitar la reducción o eliminación de fotomultas.
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Según la imputación, funcionarios y terceros habrían intervenido en el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito, con perjuicio para las arcas públicas.
La pesquisa también abarca la adjudicación de concesiones de la VTV a siete empresas que habrían contratado servicios de una firma vinculada a funcionarios del ministerio.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada en octubre de 2023 y analiza documentación, movimientos patrimoniales y contratos oficiales.
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