Privatizaciones: el Congreso remitió pedidos de informes al Ejecutivo y convocaron a un funcionario clave

En un clima sin ningún tipo de conflicto y tras un acuerdo para no desmadrar el objetivo principal, legisladores oficialistas y opositores consensuaron remitir diversos pedidos de informes al Ejecutivo relacionados con todo el proceso de privatizaciones en marcha que activó la ley Bases, sancionada a mitad de año de 2024.

La decisión fue adoptada por la comisión bicameral de Reforma del Estado y Del Seguimiento de Las Privatizaciones (ley 23.696), que comanda el senador libertario Pablo Cervi (Neuquén). El consenso implica no sólo 15 días hábiles para que el Gobierno reciba y responda los requerimientos, sino una visita para que exponga -se estima un debate tenso-, durante la primera semana del mes próximo, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

El esquema de la ley Bases apunta a privatizaciones totales o parciales -según el caso- de AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina (Enarsa), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Algunos procesos están más avanzados que otros y, ante cuestionamientos de la oposición sin devolución es que la bicameral tuvo que reactivarse, en octubre del año pasado.

La diputada kirchnerista y vice de la comisión, Ana María Ianni (Santa Cruz), alertó por “procesos de privatización en marcha sobre los que nos enteramos por los medios de comunicación, algo que nos parece que no es lógico” y dejó en claro que lo que se reclama es “información básica”.

Ianni también dijo que es necesario un “control sobre las decisiones que están involucrando el patrimonio público de todos los argentinos, como servicios esenciales y sectores estratégicos”, para poder “validar la transparencia en este proceso, algo tan simple y sencillo, pero que nos está llevando bastante trabajo conseguir”.

La diputada ultra K mencionó varios ítems que deberá precisar el Ejecutivo: informes técnicos, económicos y jurídicos; expedientes completos; cómo se evaluaron las empresas, quién lo hizo y con qué metodología; cuál es el estado de los servicios, cómo se prestan y en qué condiciones, y su impacto territorial; qué inversión en mantenimiento y expansión deberían garantizar los privados, con sus respectivos controles; la situación de empleo y continuidad frente al ajuste de la administración central, así como de los equipos técnicos; y la intervención de los organismos de control, publicidad y el rol de Congreso.

Ianni criticó al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación Julio Villamonte, sobre quien también pidió que se presente en las próximas semanas para dar explicaciones, así como los referentes de cada una de las empresas involucradas. Revalidó lo comentado por la legisladora el senador kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), quien sumó un puñado de comentario de índole técnico.

La bicameral también está integrada por los jefes del radicalismo y de Provincias Unidas en la Cámara alta, los correntinos Eduardo Vischi y Carlos Espínola, respectivamente; el senador peronista Adán Bahl (Entre Ríos); y diputados como el libertario Carlos Zapata (Salta) y la cristinista Florencia Carignano (Santa Fe), entre otros.

En paralelo a esta reunión, la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), avanzó con otra ronda de pliegos judiciales, en medio de la expectativa por la audiencia pública que se generó para oír las disertaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados como vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal porteña, tribunal judicial trascendental a cargo de la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.

Por la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General analizará, con la participación de funcionarios nacionales, el proyecto de Súper RIGI que ya aprobó Diputados y que implicaría eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.