ARA San Juan: “Sabemos que hubo una tragedia, pero no la causa”, declaró un exjefe de la Armada en el juicio

El almirante (RE) José Luis Villán asumió el 19 de diciembre de 2017 el interinato de la jefatura del Estado Mayor General de la Armada (EMGA) con tres consignas impartidas por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad: disminuir la crisis interna de la fuerza, apoyar a los familiares y responder todos los requerimientos judiciales y de la prensa “con máxima transparencia”.

La tragedia que implicó el hundimiento del submarino con sus 44 tripulantes, de los episodios más traumáticas de la historia reciente del país, había ocurrido hace poco más de un mes -el 15 de noviembre- y desde entonces el cimbronazo horadaba una institución bicentenaria que tenía a todos sus cuadros con la moral golpeada.

Con reproches cruzados, suspensiones del servicio de oficiales superiores tras una investigación disciplinaria exprés y la solicitud de retiro de cuatro contralmirantes en disconformidad con la forma de conducir la fuerza luego de la implosión del buque, el almirante Marcelo Srur dejaba su cargo con el caso SAR -operación de búsqueda y rescate internacional- cerrado y un despliegue naval en el Atlántico Sur aún vigente. Asumía, de manera interina y por resolución de Aguad, el infante de marina Villán, hasta entonces subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), con sede en el mismo Edificio Libertador que el Ministerio de Defensa.

“La Armada estaba atravesando una crisis institucional. No era una situación normal que hubiese pedidos de retiros de almirantes simultáneamente; que el jefe del Estado Mayor -Srur- con el comandante de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) -Luis López Mazzeo, hoy acusado- intercambiaran sus acusaciones. Es decir, había un problema importante. (...) La situación con la que me encuentro era, por lo pronto, inusual", relató este miércoles Villán en calidad de testigo, convocado a la 19° audiencia del juicio oral por la fiscalía a cargo de Gastón Pruzán, quien ante estos dichos pidió mayores detalles.

“No es normal que cuatro almirantes pidan el retiro de manera simultánea. No es normal que el COAA tenga problemas que tomen difusión pública con el jefe del Estado Mayor General de la Armada, con acusaciones mutuas. Había una gran disociación. Había un gran problema entre la gente operativa, que estaba dedicada a buscar al submarino San Juan, que estaba esforzándose por encontrarlo, y la gente que estaba haciendo su propio combate con la prensa y los políticos: había un problema grande entre unos y otros”, agregó el testigo frente a los jueces del debate que examina si hubo negligencias u omisiones por parte de cuatro ex oficiales que hubieran desembocado en el naufragio del San Juan.

El testigo comentó además que uno de los cursos de acción que adoptó para paliar el conflicto consistió en concretar “varias reuniones”, "rondas" y “visitas” para tratar de “aunar posiciones” entre los distintos sectores internos. Ordenó, dijo, traslados de personal para que los miembros de la fuerza pudieran saber qué estaba haciendo cada área, ya que consideró que si bien todos formaban parte de la misma Armada, “cada uno estaba combatiendo en un frente distinto“ y ”no sabía exactamente el esfuerzo que estaba realizando el otro”.

En rigor, los cuatro marinos que habían requerido la solicitud de baja eran tres de los cuatro oficiales encargados de la operatividad de la fuerza naval: el comandante de la Flota de Mar; el comandante de la Infantería de Marina y el comandante de la Aviación Naval. El cuarto, el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide -otro de los acusados en el juicio oral-, acababa de ser recientemente suspendido como “presunto infractor” de “faltas gravísimas” por “arriesga la tropa” en el marco de una instrucción disciplinaria labrada en el mes de diciembre que acogió esa decisión en menos de una semana.

Todo era parte de la crisis recién desatada en la institución.

En efecto, dicha instrucción había sido ordenada por el Ministerio de Defensa (MINDEF) el 22 de noviembre de 2017 -en plena coordinación del caso SAR- con el propósito de “investigar las responsabilidades disciplinarias” previstas en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas y “acontecidas con anterioridad, durante y con posterioridad al fatal siniestro ocurrido al submarino ARA San Juan”. La orden fue dirigida al Jefe del Estado Mayor General de la Armada (JEMGA), Marcelo Eduardo Hipólito Srur, dando inicio el Legajo Disciplinario el 1 de diciembre con la designación del entonces capitán de fragata auditor Gustavo Piscicelli.

El 4 de diciembre, Piscicelli solicitó la remisión de cierta documentación correspondiente al submarino y requirió además la designación de dos peritos submarinistas con expertise en cuestiones de comando, mecánica y propulsión eléctrica. El 6 de diciembre el auditor recibió la información solicitada y, ese mismo día, elaboró un informe donde consignó que a esa altura de la pesquisa existían “elementos suficientes” para declarar como “presuntos infractores” tanto al capitán Villamide como al contralmirante López Mazzeo. El 7 de diciembre se expidió el Director General de Asuntos Jurídicos de la Armada, Dardo Rubén Di Falco, compartiendo las conclusiones del instructor del caso. Ese mismo día el almirante Srur firmó la Resolución N° 168 del JEMGA, mediante la cual dispuso la suspensión del servicio de ambos oficiales superiores por aplicación del artículo 31 del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, apartando así a dos de los principales agentes a cargo hasta ese momento de la búsqueda de la nave a través del barrido de fondo oceánico.

A partir de esa medida disciplinaria llegaron los requerimientos de pase a retiro simultáneos de los comandantes dependientes orgánicamente de López Mazzeo.

Con todo, las condiciones de “presuntos infractores” por supuesta “negligencia en el servicio” reflejadas en la Resolución JEMGA 168/17 fueron revocadas tiempo después por el ministro Aguad tras evaluar que habían sido atribuidas con información documental incompleta respecto al estado de alistamiento del buque. Y si bien el titular de la cartera de Defensa dejó sin efecto dicha presunción, mantuvo ambas suspensiones del servicio “para asegurar los fines de la correcta investigación”. Aguad ordenó entonces una segunda instrucción, para la cual tanto Villán como su segundo en la cadena de mando se excusaron alegando una “íntima amistad” con López Mazzeo, con quien compartían la misma promoción en la Escuela Naval Militar.

El expediente terminó pasando de la órbita naval al Estado Mayor Conjunto (EMCO), que procedió a conformar un Consejo General de Guerra constituido por un miembro de la Fuerza Aérea -Brigadier Mayor Pedro Girardi-; otro del Ejército -General de División Juan Paleo-; y un civil del Ministerio -Sergio Rossi, primo del para entonces reciente ministro Agustín Rossi-. Ese organismo dictó una resolución el 22 de marzo de 2021 con la destitución del capitán de navío Villamide por haber sido “negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo”. En particular, se le reprochó “no haber ordenado ni recomendado expresamente” al comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, permanecer en superficie ni mantener comunicaciones periódicas para garantizar una navegación segura de regreso a puerto, así como tampoco haber convocado de forma urgente a su Estado Mayor y especialistas para analizar la situación. A ello se sumó otra falta gravísima, en los términos del régimen disciplinario militar, por “cometer un hecho que pudiera constituir un delito previsto en el Código Penal o en leyes especiales”, en relación a la investigación que derivó en el proceso judicial que hoy se ventila en el juicio oral iniciado el 3 de marzo pasado.

Además de Villamide, resultó sancionado Srur con “45 días de arresto riguroso” en virtud de “haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos iniciales acontecidos con el submarino (...), impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo de la imagen institucional de la Armada Argentina”. También obtuvo “30 días de arresto riguroso” por dictar, como titular de la fuerza, “una resolución en el marco del presente legajo, atribuyendo responsabilidades de índole disciplinaria a personal subalterno, haciéndolo en forma apresurada y sin haber agotado las medidas necesarias para formular tales imputaciones”.

López Mazzeo recibió 60 días de arresto riguroso por encontrarse -a esa altura- “procesado y confirmado su procesamiento en la causa que ahora se ventila en juicio ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. También por ”no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el -JEMGA-, de no ausentarse de la sede de su Comando (...), pese a estar en conocimiento de la avería inicial del submarino (...), con el agravante de hacerlo para supervisar actividades de carácter subsidiario en el noreste del país“, y por “haber informado en forma tardía la novedad que le fuera transmitida respecto del a avería inicial sufrida por el submarino (...)” al jefe del Estado Mayor de la Armada.

Los otros dos marinos sentados actualmente en el banquillo de los acusados del debate oral, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa, también fueron sancionados en el Consejo General de Guerra con reproches menores.

En ese orden de cosas, el testigo declaró este miércoles en la audiencia que cuando asumió la jefatura interina de la Armada “los cuatro almirantes que estaban efectuando la búsqueda, todos de prestigio excepcional, habían pedido su retiro. Una de las cuestiones que le pedí al ministro mientras yo fuera interino era que no les diera curso a esos retiros, y que me permitiera hablar con cada uno de ellos y ver si podían continuar ayudándome en esa búsqueda. Primero porque habían estado con toda la historia del problema, y luego porque, insisto, -eran- excelentes oficiales todos. Hablé uno por uno: los cuatro decidieron quedarse un tiempo”.

Para ese entonces el protocolo de búsqueda y rescate de la embarcación clase TR-1700 había culminado tras casi 15 días de intenso despliegue entre el 17 de noviembre y el 30 del mismo mes, con buques, aviones y tecnología de distintos países. Sin embargo, la Marina mantenía parte de sus medios en la zona de rastreo para hallar los restos del naufragio. Ese hallazgo llegaría un año después, contratación directa mediante, de la mano de una empresa privada llamada Ocean Infinity, con dispositivos para alcanzar la profundidad en la que luego se encontró el casco: 907 metros.

“¿Y usted particularmente qué opinaba al respecto?“, indagó el representante del Ministerio Público Fiscal al abordar con el ex JEMGA el tema de las sanciones administrativas como consecuencia del siniestro.

”¿Mi opinión personal?“, preguntó de forma retórica el testigo antes de reacomodarse en la silla para pensar unos segundos. Luego pensó otro poco y moduló la voz en un tono más grave.

“Cuando la Marina asigna comandos, hace una Junta (...) de Calificación, se pasa por muchos filtros. Y no quiero prejuzgar ni emitir nada que no sea de incumbencia de su Señoría, pero para mí, los comandantes más aptos en ese momento (en el momento del año anterior estoy diciendo, cuando pasa todo esto) eran el almirante López Mazzeo y el capitán de navío Villamide. Las circunstancias de la tragedia de la Marina hicieron que dos personas de mucho prestigio, muy probados, con representaciones en el exterior de la Armada, terminaran después, por esta tragedia, en esta situación”, contestó Villán previo a reiterar que se trataba de su “opinión personal”.

Y añadió: “Es una situación injusta, complicada”.

Más adelante en la jornada en Río Gallegos tomó la palabra el presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, Mario Gabriel Reynaldi. El juez le preguntó si al momento de ejercer como jefe del Estado Mayor de la Armada había conformado un equipo de asesores submarinistas para evaluar las causas y circunstancias que rodearon a la implosión de la unidad mientras realizaba un patrullaje de control del mar argentino.

“La comisión técnica que yo reuní -el almirante Kenny, el almirante Trama y el capitán de navío Bergallo- hizo un informe muy muy largo de las cuestiones relativas a lo que se sabía. Lo que me queda a mí como conclusión es que sabemos que hubo una tragedia, no sabemos cuál fue la causa”, expresó Villán con la vista en el estrado.

- ¿Respecto del estado del submarino, le hicieron algún comentario?, continuó Reynaldi.

- El informe consta de muchas cuestiones, y yo en este momento, su Señoría, no lo tengo del todo presente, fue muy largo.

- ¿Y de la influencia del estado del mar?

- Sí, la influencia del estado del mar era importantísima. Recuerdo literalmente que me dijeron que el submarino pudo haber estado, en esas condiciones de mar, literalmente en el aire por un par de segundos, cuando estaba en superficie. Fue una tormenta muy importante esa, muchos buques se fueron de la zona en ese momento", aseveró Villán al finalizar.

El contrapunto con una de las querellas

Antes de que llegara el turno de las preguntas de las querellas, Villán había respondido al fiscal Pruzán sobre las medidas que adoptó con los familiares de los tripulantes al asumir. Era una de las tres tareas que le había encomendado el ministro Oscar Aguad, según su relato. “Yo el día 19 -de diciembre- asumo. El día 20 tuve allanamientos tanto en el Edificio Libertad como en -la Base Naval- Puerto Belgrano. El día 21 o 22 me fui directamente a Puerto para hablar con todos ellos; pasé Navidad con las familias. Después de allí sacamos conclusiones de aquellas cuestiones que ameritaban un trabajo mayor al que se había hecho”, contó. Una de sus primeras acciones fue firmar una resolución que creó el Centro de Atención Permanente de los Familiares, encargado de “recibir los inconvenientes y ver la forma en que se podían resolver”.

También destacó que “se hicieron asesoramientos legales, psicológicos y económicos”, dado que “había muchas personas que tenían problemas para cobrar los sueldos porque no tenían la tarjeta de débito o no estaban en la cuenta”. Y completó: “Se organizaron trabajos especialmente con la gente del banco para que pudieran cobrar. Se arregló el tema de los alquileres, se consiguieron becas para los chicos. Se empezaron a trabajar una serie de medidas tendientes a mejorar un poco la situación que estaban viviendo".

El tramo más tenso de la jornada llegó durante el interrogatorio de Valeria Carreras -querellante conjunta con Lorena Arias, que representa a 34 familiares-. La abogada comenzó preguntándole a Villán si había tenido alguna vez una reunión personal con ella. “No, yo la vi a usted en repetidas oportunidades en el Edificio, hasta una vez compartimos un vuelo, pero no creo haber tenido una reunión personal con usted”, respondió. Carreras aclaró que quería dejar asentado ante el tribunal que nunca habían tenido ese contacto y que él jamás le había consultado sobre las necesidades de las familias a las que decía haberse abocado tanto.

El interrogatorio avanzó después sobre la gestión de la información pública durante su jefatura: los partes diarios, las gacetillas de prensa, el rol del vocero Enrique Balbi y si el Ministerio intervenía en el contenido de esas comunicaciones. Villán explicó a esa altura que la información a los familiares se canalizaba a través de los partes diarios que se hacían en la Base y por contacto directo -afirmó que muchos tenían su teléfono personal-, mientras que la información a los medios “la manejaba la gente de prensa y era lo que teníamos en ese momento”.

Reconoció que “a veces la información que se le da a la prensa no es la misma que se le da a los familiares, que es más directa, más próxima, más cercana”. Sobre la intervención del MINDEF, dijo que “se le informaba con anterioridad qué es lo que se iba a decir, verbalmente” y que “había gente del ministerio en el Edificio”.

Carreras también le preguntó si las becas que mencionó habían sido financiadas por la Armada. “Las primeras sí, después se financiaron por el MINDEF”, respondió Villán. Cuando la querellante le preguntó si recordaba en qué fecha llegó la primera beca nacional, el testigo admitió no recordarlo. Carreras lo precisó ante el tribunal: fue en abril de 2018. “Lo digo para que no quede firme que ayudaron tanto”, acotó.

Cuando Carreras preguntó quién armaba las gacetillas, el defensor Juan Pablo Vigliero -abogado de Claudio Villamide- intervino y solicitó a los magistrados que acotaran el interrogatorio “al objeto procesal”. A su criterio, el debate oral debía ceñirse a los hechos del 14 y 15 de noviembre de 2017 y, eventualmente, al período previo.

“No tiene que ver con la cuestión disciplinaria, ni con el SAR, ni discutir si la Armada estaba en condiciones o no de juzgar a sus propios camaradas”, sostuvo el defensor. Y pidió al tribunal que evitara que la audiencia se convirtiera en “una galería de cuestionamientos a la Armada”, aclarando que su interés no era defender a la institución sino al ex capitán Villamide y el correcto desarrollo del juicio.

La querellante respondió fundamentando la conducencia de sus preguntas: “Es muy importante para esta querella probar que la Armada demoró, mintió, ocultó, encubrió lo que sucedía con el submarino. Esto es un continuo proceder, el cual también se vio en los partes posteriores, en las gacetillas de prensa, etc". Y añadió que las palabras del propio Villán -quien había calificado de injusta la situación de López Mazzeo y Villamide- lo colocaban, a su juicio, en una posición que lo comprendía en las generales de la ley.

“Si quieren transparencia en el juicio, permítanme hacer todas las preguntas pertinentes”, concluyó.

El presidente Reynaldi intervino en ese momento. Advirtió que el interrogatorio había tomado “un cariz parecido a como si fuera una persona imputada” y le recordó a Villán que, como testigo, no estaba obligado a responder preguntas que pudieran generarle algún perjuicio legal. También dijo que las cuestiones referidas a un eventual ocultamiento de información por parte de la Marina estaban siendo investigadas por otra instancia judicial y excedían el objeto del debate. “Por consiguiente, solicitamos que el interrogatorio se ajuste a la calidad de testigo del señor Villán y al objeto procesal”, indicó.

Carreras aceptó modificar el tenor de sus preguntas y le consultó sobre las medidas de seguridad adoptadas tras la tragedia. Villán respondió que se le impidió navegar al ARA Salta, que se trabajó sobre las observaciones surgidas del informe del ISGA y que se intensificó el adiestramiento.

“Los informes del ISGA eran la única documentación con la que nosotros contábamos. No estoy merituando si el informe del ISGA estaba bien o estaba mal. Lo que estoy diciendo es que se tomaron medidas que podían ser resueltas de las cuestiones que podían haber surgido de ahí”, precisó después.

A su término, fue el turno del querellante Luis Tagliapietra -padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, uno de los 11 oficiales de la tripulación del buque, conformada además con 33 suboficiales—, quien eligió no formular preguntas. Diferenciándose de la postura de su colega, agradeció públicamente al testigo: “Yo particularmente no tengo preguntas para hacerle, pero sí públicamente quiero agradecerle. Más allá de tal vez aciertos y errores que pudo haber tenido, doy cuenta de la calidad como persona, por lo menos en particular, y las familias que yo represento están agradecidas por el esfuerzo que hizo. También agradecer su honestidad".

Minutos más tarde, ya al momento de cerrar la testimonial del ex jefe, Carreras pidió la palabra para dirigirse nuevamente al marino en situación de retiro efectivo: “He reflexionado sobre lo que me dijo el tribunal. Si estuve dura y si se sintió incómodo le pido disculpas. Lo que quiero dejar aclarado ante este tribunal es que esta querella tiene una posición, la cual me impide agradecer cualquier tipo de gestión que haya realizado Villán. Querría diferenciarme en eso y dejarlo asentado. Mil disculpas si se sintió violentado.”

Villán, en términos cordiales, respondió: “Lo comprendo, doctora, usted está defendiendo a sus clientes”.

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