ARA San Juan: el primer testigo de la defensa reconstruyó el inicio de la búsqueda y el ejercicio días antes de la implosión

El 16 de noviembre de 2017, el contraalmirante Rafael Prieto se encontraba en Bahía Solano, a unos 50 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, en la costa, a unos 500 metros del agua, con sus buques fondeados a la vista. Ese día había coordinado con el Ejército una operación anfibia: unidades navales apoyando un desembarco de infantes de marina para luego transferirle el control al Ejército, que seguía las operaciones en tierra. Habían estado a bordo con el general Varela, comandante de la 9° Brigada, y con el Comandante Operacional, el general de división Carlos Pérez Aquino, quien había ordenado realizar ese ejercicio. En algún momento bajaron a tierra para ver cómo seguían las operaciones.

“Lo recuerdo bien porque estaba en una circunstancia especial”, diría después ante el tribunal a cargo del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan.

El ejercicio culminaba con un ataque de los tanques del Ejército a posiciones simuladas cuando recibió el llamado de su superior directo, el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA). La situación era hostil. Estaba en un ambiente con un “panorama patagónico absoluto”, de mucho ruido y viento. La señal de celular era mala. Tenía antiparras puestas. Aun así, entendió perfectamente la orden: había “incertidumbre sobre la situación del submarino San Juan porque se había perdido la comunicación” y “se querían comunicar” con la nave “y no podían”. Debía zarpar un destructor de inmediato con un helicóptero embarcado, pero el único disponible era el AS-555 Fennec, que estaba completando una maniobra del propio ejercicio anfibio. Entonces Prieto llamó al capitán de navío Gustavo Lioi Pombo, comandante de la 2° División de Destructores, y le ordenó recuperar el helicóptero y preparar las máquinas para zarpar.

Así lo reconstruyó el propio Prieto la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, donde compareció como primer testigo propuesto por la defensa pública del contralmirante López Mazzeo -uno de los cuatro exoficiales acusados en el debate oral-, a cargo del abogado Gastón Morillo. Prieto era entonces Comandante de la Flota de Mar, a cargo de unos 17 buques de la Armada, dependiente orgánicamente del COAA.

El mensaje del 11 de noviembre del capitán Fernández

Antes de contar cómo se enteró de la pérdida de contacto con el submarino, la defensa pública de López Mazzeo le exhibió al testigo un documento clasificado como secreto: un mensaje naval enviado por el ARA San Juan al Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS) el 11 de noviembre de 2017 a las 15:50, redactado por su propio comandante, el capitán de fragata Pedro Fernández, a su superior directo, el entonces capitán de navío Claudio Villamide. Se trataba de un informe respecto a un ejercicio antisubmarino inserto en la Orden de Operaciones, realizado con buques de la flota al noreste del Estrecho de Magallanes tras partir de Ushuaia.

El oficial retirado se dedicó a explicar en la audiencia el contexto de ese documento, al que catalogó como un “mensaje de crítica” en el que el comandante del submarino describe la actividad en la que había participado su embarcación.

El marino leyó punto por punto y tradujo su contenido cifrado ante el tribunal. El San Juan navegaba a plano 40 -40 metros de profundidad- en el “área Alejandra”, a 4 nudos, con las distancias calculadas sobre los buques de la flota -entre 30 kiloyardas, poco menos de 30 kilómetros-. La napa -la capa de agua que determina cómo se propaga el sonido- estaba a 100 metros del fondo. A las 04:10 detectó emisiones de sonar concentradas en una dirección. A las 06:50 las clasificó como "rumor hidroacústico“, susceptible de un mayor análisis. A las 07:45 ascendió a plano 18 -profundidad de periscopio- e identificó en una dirección una corbeta MEKO 140 y en otra un destructor MEKO 360. Ordenó cubrir el puesto de combate -la maniobra más integral del buque, según explicó el testigo-, realizó la aproximación y calculó los datos del blanco.

Lo que siguió fue la ejecución del ataque a un núcleo cortinado, uno de los ejercicios de mayor recurrencia en la táctica naval submarina. El objetivo consiste en que el submarino logre infiltrarse de manera inadvertida a través de una “cortina” de buques de guerra -dispuestos para detectarlo y neutralizarlo- y alcanzar el “núcleo”, el blanco principal protegido por esa barrera. Cualquier reacción de los buques de superficie indica que el submarino fue descubierto.

La nave penetró la cortina entre la corbeta y el destructor a plano 65 -pasando por debajo de ambos buques a 65 metros de profundidad- sin ser detectado. A las 08:10 captó el ruido de lo que identificó como un buque logístico al sur de su posición. Según explicó el testigo al interpretar el mensaje, el submarino ascendió nuevamente a plano de periscopio, identificó el núcleo y a las 08:55 Fernández informó por radiofrecuencia un “lanzamiento simulado”, consignando el tipo de buque atacado, su dirección y la distancia. El ejercicio finalizó a las 12:30 y el buque partió hacia la zona asignada para su patrulla de control del espacio marítimo.

La conclusión con la que Fernández cerraba el mensaje a Villamide era la siguiente: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo”. Al terminar su lectura, Prieto sintetizó: “Toda la secuencia que hace es la mayor exigencia que puede tener un submarino en estas circunstancias”.

Cuatro días después de esa actividad, la misma embarcación reportaría el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N°3 de proa, un cortocircuito y un principio de incendio -el SITREP de las 06:00 del 15 de noviembre de 2017-. A las 10:51 de ese mismo día, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) detectó, a través de dos estaciones de escucha hidroacústica -una en Ascension Island, en el Atlántico, y otra en las islas Crozet, en el Índico- una señal consistente con una implosión en las coordenadas donde navegaba el San Juan.

La llamada y la orden

“Entendí claramente que había incertidumbre sobre la situación del Submarino San Juan porque no había una comunicación, o se querían comunicar y no podían”, relató Prieto. La orden que llegó de López Mazzeo fue concreta: destacar un destructor con helicóptero embarcado hacia la zona del último contacto con la nave. Las coordenadas exactas arribarían por vía oficial en las próximas horas, pero debía zarpar de inmediato.

Las acciones de despliegue, en rigor, fueron ordenadas a partir de las 13:10 del 16 de noviembre por el COAA y materializadas en un mensaje naval a las 14:53 de ese mismo día, por el que se instruyó al Comandante de la Flota de Mar (COFM) y al Comandante de Aviación Naval (COAN) destacar respectivamente una unidad de superficie con aeronave embarcada y unidades de exploración aérea hacia la última posición conocida del submarino, autorizando coordinaciones directas entre los comandos. El destructor ARA Sarandí levó anclas a las 16:30 desde bahía Solano.

Prieto tenía una noción aproximada de dónde buscar. “Yo en lo personal tenía una idea de dónde estaba el submarino, porque sabía que estaba al este de Comodoro Rivadavia, sobre la milla 200. Para esa primera salida era suficiente para decirle -al entonces capitán Orgiazzi, del ARA Sarandí- ‘navegue al este a velocidad sostenida, que en una hora o dos horas le voy a decir exactamente lo que tiene que hacer’“.

Para ese entonces, el SUBMISS -el procedimiento interno a nivel Armada que dispara la alerta de “submarino extraviado” y moviliza medios de búsqueda propios, facultad exclusiva del comandante de la Fuerza de Submarinos- había sido ejecutado a las 14:13 del propio 16 de noviembre por Villamide, antes de que venciera el plazo de 48 horas del INTERCOM -la comunicación periódica obligatoria entre la nave y su comando, cuyo vencimiento estaba fijado para las 22:00 de ese mismo día-.

A modo de referencia, el caso del USS Scorpion registra otra cronología. El submarino nuclear estadounidense se hundió el 22 de mayo de 1968 en el Atlántico, con sus 99 tripulantes a bordo. Su último reporte fue el 21 de mayo: el comandante informó su posición y estimó su llegada a la Base Naval de Norfolk (Virginia) para las 17:00 del 27 de mayo. El INTERCOM con su comando en tierra era cada 24 horas. El Scorpion no reportó el 22, el 23, el 24, el 25 ni el 26. El “Evento SUBMISS” fue ejecutado por la US Navy a las 19:15 del 27 de mayo -dos horas después de que el Scorpion no llegara a Norfolk según lo previsto-, con la siguiente orden: “Todas las unidades submarinas deben salir a superficie o permanecer en superficie hasta que este mensaje sea cancelado. Las unidades en puerto deben prepararse para zarpar con una hora de aviso”. El 5 de junio el submarino fue declarado oficialmente perdido. Sus restos fueron hallados en octubre de 1968, a 3.000 metros de profundidad. La causa de su hundimiento nunca fue determinada con certeza.

De las actuaciones surge que en forma simultánea al zarpe del Sarandí, el COAA dispuso el despegue de una aeronave S-2T Tracker desde la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), en Bahía Blanca, y el traslado de una aeronave B-200 desde la Base Aeronaval Punta de Indio (BAPI) hacia la BACE para incorporarla al operativo. El S-2T llegó al área de búsqueda a las 18:40 de ese mismo 16 de noviembre y comenzó a rastrear la zona visualmente y con radar, con el objetivo de encontrar al submarino navegando en superficie o, en su defecto, balsas salvavidas u otros elementos flotantes. Cuando cayó la noche, el B-200 ya reposicionado tomó el relevo. En las horas y días siguientes se fueron sumando al operativo medios aéreos y de superficie de distintas procedencias.

Al día siguiente, el 17 de noviembre, Prieto se trasladó a la Base Naval de Puerto Belgrano, sede del COAA, donde López Mazzeo había conformado un Estado Mayor Especial para coordinar el operativo, donde asumió la coordinación de los buques de superficie.

La potestad del comandante

Con otras preguntas de las defensas, Prieto se pronunció sobre la autonomía del comandante de una unidad para decidir si zarpa o no —uno de los tantos ejes del debate oral que, desde el 3 de marzo, intenta determinar si hubo responsabilidades penales en la implosión del ARA San Juan, hallado en noviembre de 2018 a 907 metros de profundidad-.

Sobre ese punto, sostuvo: “El comandante no está nunca obligado a zarpar. Tiene la responsabilidad total del buque y también tiene el derecho de ser escuchado, de ser considerado y de ser parte de esa cadena de comando. Cuando un comandante plantea que no puede zarpar por alguna razón, la realidad es que no hay mucho más que hablar.”

Aclaró además que los reglamentos prevén una situación extrema -que el superior pueda relevar al comandante que se niega sin justificación suficiente- pero que jamás la vio aplicada en sus años de servicio. “Es una situación que nunca vi en la Armada, ni siquiera en consideración. Cuando un comandante dice ‘no puedo zarpar’, no zarpa. Aparte estamos hablando de tiempos de paz, de cosas de adiestramiento, de cosas que no va a pasar absolutamente nada si alguien deja de hacer algo”, precisó.

El retiro y la sanción a López Mazzeo

El 7 de diciembre de 2017, Prieto pidió el retiro. El detonante, explicó ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, fue que estaba “absolutamente en desacuerdo con la resolución que había dictado el jefe de Estado Mayor respecto a la presunta falta disciplinaria gravísima cometida por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento y por el Comandante de la Fuerza de Submarinos, sin, a mi juicio, tener fundamento para hacerlo”.

Se refería a la Resolución N°168/17 del entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada, el almirante Marcelo Srur, que en menos de una semana había suspendido a López Mazzeo y a Villamide como “presuntos infractores” de "faltas gravísimas“, conforme al Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

“Yo consideraba, sin ser abogado, que era ilegal. Porque pasamos de la presunta inocencia que tiene cualquier ciudadano a, sin fundamentos, decir que presumíamos que habían cometido prácticamente un delito. Eso era sin fundamentos. Eso generaba varios efectos: el que se me vino a la cabeza en forma instantánea fue que quebraba la confianza en la cadena de comandos. Lo primero que pensé fue ‘¿qué garantía le puedo dar yo a un comandante que dependa de mí de que este mismo sistema de justicia, llamémoslo así, si él tiene un accidente con una persona o una desgracia o lo que fuera, no sea puesto en esa situación sin fundamento?’”, explicó.

“Eso por un lado -continuó su testimonio-, y por otro lado, consideraba que ponía a la institución y a las personas en una posición de ser víctimas de algo que potencialmente podía ser un escarnio público, político, judicial, lo que fuera. Ya no era que el comandante de Adiestramiento y Alistamiento era una persona con una carrera profesional avalada -o el comandante de la Fuerza de Submarinos-: eran dos personas que suponíamos que habían cometido un delito. ¿En base a qué? En base a dos papeles”, añadió.

Y cerró: “Yo consideraba que no podía avalar con mi permanencia en la Armada esa decisión que se había tomado“.

Pese a haber pedido el retiro, Prieto permaneció en funciones a pedido del propio titular de la Armada para colaborar con la búsqueda del submarino. El 11 de diciembre de 2017 relevó al propio López Mazzeo y continuó al frente del operativo hasta los últimos días de marzo de 2018, cuando llegó su relevo. No fue el único: otros tres contralmirantes pidieron el pase a retiro en disconformidad con la medida de Srur.