Corrupción judicial en Rosario: confesó un nuevo arrepentido y mañana se vota el juicio político del juez Salmain

La Justicia alcanzó un acuerdo de colaboración con otro actor clave en el entramado de corrupción que anidó en los tribunales federales de Rosario. El nuevo arrepentido es Gabriel Mizzau, un contador público que trabajó al mismo tiempo para el entonces juez Marcelo Bailaque y el capo narco Esteban Lindor Alvarado.

El hallazgo de esa conexión entre investigador e investigado fue, hace ya casi dos años, el puntapié para develar presuntos manejos corruptos en los juzgados federales N° 4 -a cargo de Bailaque hasta su renuncia a fines del año pasado- y en el N° 1, cuyo titular es el juez Gastón Salmain.

Marcelo Bailaque se encuentra detenido con prisión domiciliaria, mientras que Salmain está procesado y también se dictó su captura, pero sigue libre gracias a la inmunidad que le otorga su cargo.

Salmain y Bailaque fueron delatados por los otros dos “arrepentidos” que tienen los distintos expedientes que investigan la corrupción judicial en Rosario: el financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exdirector regional del ARCA en Santa Fe, ambos involucrados en múltiples delitos que habrían cometido en connivencia con los magistrados.

El giro de Mizzau como tercer imputado colaborador se conoció en una audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Rosario, horas antes de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura vote si pide el juicio político al juez federal Gastón Salmain.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se defendió de las acusaciones la semana pasada. Lo investigan por su conducta en dos episodios: la causa Attila, donde está procesado por firmar fallos a cambio de coimas, y por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación, ya que omitió declarar que había sido echado del Poder Judicial en 2002, por haberle ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la Seguridad Social.

La suerte de Salmain está en manos de la Comisión de Acusación, que es presidida por el consejero Alberto Maques y está compuesta por sus pares Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. Si aprueban el dictamen acusatorio, este se elevará a consideración del Plenario del Consejo.

La confesión del contador

Presidida por el camarista Aníbal Pineda, la audiencia de este miércoles en la Cámara Federal de Rosario tenía como fin definir si el exjuez Bailaque era enviado a juicio oral y público. Pero la revelación del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, corrió el eje de la jornada.

Iglesias anunció el acuerdo de colaboración alcanzado ayer con el contador Mizzau, con el que -con la aprobación del juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz- el acusado admitió los hechos, consiguió una reducción de su eventual condena y, además, aportó nuevas revelaciones para la causa.

Según indicaron fuentes judiciales, Mizzau reveló a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque y su correlación directa con el narcotráfico que debía investigar, además de reconocer que lavó dinero para las empresas armadas por el líder narco.

El contador y el magistrado eran amigos desde la escuela. Por ese vínculo de confianza, reconoció ahora el arrepentido, es que Bailaque lo habría acercado a Alvarado para que le lleve los números.

Cabe recordar que, a mediados de 2024, el escándalo estalló cuando se descubrió que el hijo del contador de Lindor Alvarado trabajaba en el juzgado de Bailaque. Esto era así mientras el magistrado tenía causas abiertas contra uno de los jefes del crimen organizado en Rosario.

Luego se descubriría que la relación no terminaba allí: el contador trabajaba a la vez para el narco y para el juez. En 2019, Bailaque ya había sido denunciado por obstruir la investigación contra Alvarado.

Al declarar como arrepentido, Gabriel Mizzau reconoció haber prestado asesoramiento contable entre 2014 y 2018 a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, que pertenecían al clan Alvarado, para lavar dinero obtenido de la venta de droga. También admitió haber manipulado los estados financieros para evitar ser descubierto.

A partir del acuerdo de colaboración, el Ministerio Público Fiscal pediría una pena de tres años de prisión condicional para el contador.

Bailaque, cada vez más complicado, está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.

No se conectó por Zoom a la audiencia donde se definiría su elevación a juicio. Los fiscales que lo investigan ya adelantaron que pedirán una condena de diez años de cárcel.

Acorralado por las denuncias y su inminente destitución, Bailaque renunció el año pasado para evitar el juicio político y cobrar su jubilación de privilegio, dimisión que fue aceptada por el presidente Javier Milei. Al perder los fueros, permanece en prisión preventiva.