El Consejo de la Magistratura profundiza el debate sobre cómo se eligen los jueces federales

El debate sobre el sistema de selección de jueces federales tiene nueva fecha en la agenda institucional. Este jueves 7 de mayo, la abogada María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, y el juez Alberto Lugones, presidente de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación, convocaron a una reunión conjunta de ambas comisiones del Consejo de la Magistratura para escuchar a cinco organizaciones de la sociedad civil con perspectivas sobre la reforma que impulsa la Corte Suprema.

Ante los consejeros fueron invitados a exponer Pablo Pirovano, por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES); María Fernanda Rodríguez, por Unidos por la Justicia; Diana Cohen Agrest, por Usina de Justicia; Martín D’Alessandro, por Poder Ciudadano; y Julián Obiglio, por la Fundación Nuevas Generaciones. La reunión se celebrará en la sala de plenario “Dr. Lino E. Palacio”, en el segundo piso de Libertad 731, sede central del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, y podrá seguirse también de forma virtual por Zoom.

Será el tercer encuentro formal desde que el cuerpo abrió el tratamiento de la Acordada 4/2026, el proyecto de reforma al reglamento de concursos que la Corte aprobó el 25 de marzo con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

<b>De qué se trata la reforma</b>

El texto tiene 100 artículos y busca, según sus propios considerandos, “reforzar la objetividad, la transparencia y la previsibilidad del sistema” de selección de magistrados, y “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. La Corte identificó como déficit central del esquema vigente que la evaluación de antecedentes premia “en ocasiones el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”.

Para corregirlo, propone concursos anticipados como regla general, desvinculados de la existencia de una vacante concreta al momento de la convocatoria. Las pruebas de oposición serían anónimas, con corrección automatizada, y la entrevista personal quedaría reducida a 20 puntos sobre un total de 200, con criterios tasados que eviten que su valoración “altere de manera significativa el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas”.

Todo esto es aún una propuesta entre otras. Actualmente, los llamados a concurso público de oposición y antecedentes se rigen por el reglamento aprobado en 2014 mediante la Resolución N°7/14 del Consejo.

El telón de fondo no es menor: el fuero federal acumula múltiples cargos sin cubrir. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques ya puso en marcha una estrategia de cobertura con el envío de las primeras tandas de pliegos al Senado.

<b>Tres posiciones frente a la Acordada</b>

Desde la primera reunión formal, el 9 de abril, quedó en evidencia que la iniciativa del Máximo Tribunal no tiene el camino despejado. Al interior del Consejo se perfilan hasta el momento al menos tres lecturas sobre el proyecto en cuestión.

La más entusiasta corresponde a algunos de los representantes de la abogacía. Jimena De la Torre fue taxativa: “Estoy para votarlo en un todo, sin ningún cambio”. César Grau respaldó esa posición y señaló una anomalía que, a su juicio, justifica la urgencia: de los 67 pliegos enviados recientemente por el Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes previos en el Poder Judicial. “Algo está fallando: el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, remarcó.

En las antípodas, están quienes reclaman tiempo y análisis. El juez Alberto Lugones fue categórico al exponer su postura inicial: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado”. El argumento de fondo es que el cuerpo tiene sobre la mesa 30 iniciativas propias -17 de la integración actual, 13 de anteriores- que no pueden soslayarse.

Un tercer sector introdujo cautelas de otro orden. Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en el organismo, cuestionó la “ansiedad desmedida” de quienes impulsan una votación urgente. Y el académico Guillermo Tamarit advirtió sobre presunta la irrupción de actores que nunca antes habían mostrado interés en la forma en que se designa a los magistrados.

<b>Voces externas: respaldo amplio y una advertencia sobre género</b>

Por lo demás, en las últimas semanas distintas entidades del ámbito jurídico y académico se pronunciaron a favor de avanzar con la reforma. FORES la calificó como “un avance institucional relevante” y urgió al Consejo a expedirse, aunque reclamó que se incorporen competencias como el razonamiento jurídico aplicado y la ética judicial. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires destacó que el nuevo esquema aportará “condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados”. Y quince universidades privadas de distintas regiones del país -desde Tucumán hasta la Ciudad de Buenos Aires, pasando por Córdoba, Cuyo y Santa Fe- suscribieron un comunicado conjunto instando a darle tratamiento “rápido e integral”.

A su vez, el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, envió una nota a los consejeros representantes del estamento de los abogados para que brinden “pronto tratamiento y aprobación” de la iniciativa elaborada por la Corte.

“En este momento de la Argentina es crucial contar con jueces independientes e imparciales. El proyecto de reglamento de la Corte que, atiende más a sus méritos técnicos que a la discrecionalidad política, está encaminado en el buen sentido”, aseveró en ese escrito el presidente del CPACF.

Aún así no fueron todas adhesiones. En el segundo encuentro de las comisiones, el 22 de abril pasado, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) planteó una objeción concreta: la acordada no contempla ninguna previsión sobre la participación femenina en la conformación de las ternas, a diferencia del régimen vigente. Para la entidad, esa omisión desplaza la cuestión de género al plano meramente procedimental y “no puede ser considerada neutra”.

Con todo, este jueves las dos Comisiones encargadas de evaluar modificaciones relativas a los concursos seguirán recibiendo opiniones de los actores interesados en el tema. La consejera Vázquez ya anticipó que la meta será garantizar “el más amplio debate” antes de adoptar cualquier definición concreta.

El juez Lugones, en tanto, trazó a inicios de abril una hoja de ruta: integrar el conjunto de las propuestas -la de la Corte y las treinta del propio Consejo- y avanzar “todo lo rápido que podamos”. La reforma, concluyó, tiene que derivar en “algo muy positivo para el Consejo”.