El Consejo de la Magistratura votó las ternas para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sesionó este jueves para votar ternas de candidatos en distintos concursos judiciales, con especial foco en dos vacantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, con sede en Comodoro Py 2002. Se trata de uno de los tribunales más sensibles y estratégicos del fuero penal federal, porque revisa las decisiones de los jueces de primera instancia en causas de corrupción, narcotráfico, trata y otros delitos complejos.

Terminada la extensa reunión de labor, se dio comienzo formal a las 15 en el segundo piso de la sede central del Consejo, ubicada sobre la calle Libertad de la Ciudad de Buenos Aires, en la sala de plenario “Dr. Lino E. Palacio”. En la antesala del edificio, y como dato de color de la jornada, se apostó un grupo de unas diez personas con un parlante, banderas argentinas y consignas en apoyo a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, además de carteles con sus rostros. Dentro del recinto, los consejeros tenían como orden del día tratar informes de entrevistas, impugnaciones, prórrogas y listas de conjueces, aunque el punto de mayor impacto institucional era el Concurso N° 461, correspondiente a la Cámara Federal porteña.

Ese concurso busca cubrir los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal en 2017 por traslados dispuestos por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo dictado el 3 de noviembre de 2020, sostuvo que esos cargos debían ser concursados para favorecer la estabilidad judicial. La discusión derivó más tarde en planteos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde los magistrados cuestionaron el proceso abierto para reemplazarlos en el tribunal.

La Cámara Federal porteña está integrada por dos salas de tres jueces cada una. Su peso institucional radica en que actúa como alzada de las resoluciones dictadas por los juzgados federales de Comodoro Py, entre ellas procesamientos, sobreseimientos, nulidades, medidas de prueba y decisiones que pueden definir si una causa avanza o no hacia el juicio oral, en particular en investigaciones por corrupción seguidas contra funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo. En ese mapa también aparece la situación del camarista Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años en julio y cuya continuidad aún no fue definida.

La instrucción del Concurso N° 461 estuvo a cargo de la Subcomisión B, integrada por Vanesa Siley, consejera en representación de los diputados de Unión por la Patria, y Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa subcomisión realizó las entrevistas personales y elaboró los informes que fueron sometidos a consideración de la Comisión de Selección, presidida por la consejera abogada María Fernanda Vázquez.

En ese contexto, la consejera abogada Jimena de la Torre fijó su posición antes de la votación y sostuvo que el proceso debía avanzar en línea con lo resuelto por el Máximo Tribunal. “Cuando la Corte dictó el fallo, entendí que mi rol republicano tenía que ver con acatarlo”, afirmó. Y agregó: “Estoy convencida de que votar y avanzar en la cobertura de estas vacantes (…) es la opción republicana”. En ese sentido, también planteó la necesidad de extender el criterio a otros casos: “No nos quedemos simplemente con este juzgado (…) hay concursos que no están avanzando. Tenemos que avanzar en todo”.

En la misma línea, el consejero Alberto Lugones remarcó la relevancia institucional de este proceso de selección, mientras que César Grau también se pronunció y puso el acento en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema respecto de los jueces trasladados.

En la sesión se pusieron a consideración tres dictámenes distintos con propuestas de ternas. El de Siley postuló, para el primer cargo, a Fernando Luis Poviña, camarista federal de Tucumán; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y Laura Mazzaferri, fiscal federal de Mar del Plata. Para el segundo cargo propuso a Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; Gonzalo Viña, juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; y Julio César Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Federal de La Matanza.

El dictamen de Barroetaveña propuso para el primer cargo a Fernando Luis Poviña, camarista federal de Tucumán; Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres; y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico. Para el segundo cargo postuló a Julio César Di Giorgio, juez del Tribunal Oral Federal de La Matanza; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y Pablo Bertuzzi, actual camarista federal.

En tanto, el consejero Alberto Maques presentó un tercer dictamen con la misma primera terna -Poviña, Rodríguez y Yadarola- y una segunda integrada por Gonzalo Viña, juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; Cecilia Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora; y Pablo Bertuzzi, camarista federal.

La votación se realizó de manera nominal. El dictamen de Barroetaveña reunió siete votos, con el acompañamiento de ese consejero, de la Torre, Hugo Galderisi, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Vázquez y Santiago Viola. El dictamen de Siley obtuvo dos votos -el suyo propio y el de Grau-, mientras que el de Maques cosechó dos adhesiones, incluida la del propio consejero y la de Lugones. El académico Guillermo Tamarit no participó de la votación.

Pese a la mayoría alcanzada por la propuesta de Barroetaveña, los tres dictámenes fueron elevados al plenario del Consejo de la Magistratura, que será el encargado de definir la terna definitiva en el marco del procedimiento constitucional de designación de jueces.

Una vez que el plenario adopte una decisión, la terna será remitida al Poder Ejecutivo Nacional, que deberá elegir un candidato y enviar el pliego al Senado de la Nación para su acuerdo, paso previo a la designación definitiva de los magistrados.

Además del concurso vinculado a la Cámara Federal, la Comisión trató el resto del orden del día, que incluyó la aprobación de ternas vinculadas al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 (N° 430), los juzgados federales de Corrientes (N° 460) y La Plata (N° 483), cargos de jueces federales con funciones de garantía en Santa Fe (N° 493) y la Cámara Civil y Comercial Federal (N° 442).

También analizó impugnaciones en concursos para tribunales orales, juzgados federales y cámaras de apelaciones —como Rosario, Salta, Tartagal, Posadas y el fuero contencioso administrativo de la Capital-, además de prórrogas de plazos, listas de conjueces y presentaciones vinculadas al Concurso N° 520 del fuero penal económico.