El Consejo de la Magistratura retomará el miércoles 22 de abril el tratamiento de la acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que propone una reforma integral al reglamento de concursos para la selección de jueces federales. Las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación -que comandan respectivamente la académica María Fernanda Vázquez y el juez Alberto Lugones- recibirán ese día a dos organizaciones de la sociedad civil: el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que ya anticipó por escrito su posición crítica respecto del texto impulsado por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“Estamos convocando reunión conjunta para continuar y además recibir a los expositores conforme sus presentaciones”, confirmó Vázquez a Infobae antes pasar a difundir las invitaciones. El propio Lugones ya había anticipado el cronograma el martes 15 de abril, durante el plenario del Consejo: “Recibimos presentaciones de la sociedad civil que quieren ser escuchados (...). La semana que viene haremos reuniones”, donde se analizarán las posiciones, y “luego de ser necesario con los asesores que trabajarán sobre el tema”.
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La convocatoria con las organizaciones había sido solicitada en la reunión conjunta del 9 de abril, primera instancia formal de debate sobre la acordada, en la que quedó claro que el proyecto de la Corte no es el único sobre la mesa: el Consejo tiene en trámite 30 iniciativas de reforma al reglamento de concursos -17 presentadas por consejeros de la integración actual y 13 de integraciones anteriores- que también serán parte del análisis. Lugones fue explícito sobre los tiempos y las condiciones del debate: “Yo no acostumbro a firmar nada a libro cerrado”, advirtió, y se comprometió a trabajar sobre el conjunto de las propuestas antes de cualquier votación.
<b>La advertencia de AMJA: género ausente de la terna</b>
La posición más concreta llegó de parte de AMJA, que el 13 de abril dirigió una carta al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, para expresar su “profunda preocupación” respecto de la iniciativa en curso. El señalamiento central apuntó a una omisión específica: a diferencia del régimen vigente establecido por la Resolución CM N°266/2019, la acordada no incluye ninguna previsión relativa a la participación de mujeres en la conformación de las ternas.
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Según la asociación, la resolución vigente contempla mecanismos concretos tanto en etapas previas -asegurando la participación femenina en instancias como la entrevista- como en la propia conformación de la terna. El nuevo texto, en cambio, desplaza la cuestión de género “exclusivamente al plano de la evaluación y del procedimiento, sin establecer garantías de participación en dicha instancia decisiva”. La carta, firmada por la presidenta Ercilia Eve Flores Aiuto, la directora ejecutiva Nieves Macchiavelli y la secretaria María Sofía Sagüés, sostuvo que ese cambio “no puede ser considerado neutro”.
<b>Qué propone la acordada</b>
El texto firmado por Rosenkrantz y Lorenzetti tiene 100 artículos y establece dos tipos de concursos: los anticipados -regla general del sistema, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado, con un máximo de ocho cargos por convocatoria- y los especiales, reservados para vacantes no contempladas en el plan anual.
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El proceso de selección se organiza en etapas sucesivas. Primero, una prueba de oposición escrita dividida en dos partes: una etapa general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada y anonimato garantizado; y una etapa especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración. Luego, una calificación de antecedentes sobre un máximo de 100 puntos, distribuidos entre formación académica, experiencia profesional y producción académica. A continuación, una entrevista personal pública y transmitida por medios audiovisuales, con una ponderación de hasta 20 puntos. El puntaje total posible es de 200 puntos. Finalmente, el dictamen de la Comisión eleva las ternas al Plenario, que convoca a audiencia pública antes de remitirlas al Poder Ejecutivo.
<b>El estado del debate</b>
En la reunión del 9 de abril, los consejeros Jimena De la Torre y César Grau fueron las voces más enfáticas a favor de la aprobación inmediata y sin cambios. De la Torre fue taxativa: “Estoy para votarlo en un todo como lo sugirió la propia Corte al momento de presentar la Acordada”. Grau, por su parte, articuló el debate en torno a una anomalía estructural: de 67 pliegos enviados recientemente por el Poder Ejecutivo al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. “Algo está fallando: no es que sean las personas que integran el Consejo, el sistema evidentemente está fallando, no es de ahora”, afirmó.
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En el extremo opuesto, el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola cuestionó la “ansiedad desmedida” de quienes reclaman una votación urgente y propuso analizar primero los proyectos presentados por los propios consejeros en los últimos tiempos. Al cierre de esa jornada, Vázquez anunció que se cursarían invitaciones a organizaciones del ámbito judicial para garantizar “el más amplio debate” sobre todos los proyectos sobre la mesa.
La presencia en esa jornada del ministro Rosatti -que no integra ninguna de las dos comisiones- constituyó un gesto de peso político: agradeció “la prontitud con la que han tomado este tema” y reconoció que la propuesta de la Corte “tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes”.
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