Denunciaron al abogado libertario que propuso esterilizar y bombardear al conurbano bonaerense

El abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez fue denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py luego de decir en Carajo, un canal de streaming oficialista, que el conurbano bonaerense “ya no tiene salvación”, por lo que sus habitantes deberían ser exterminados, esterilizados y confinados detrás de “un muro de 15 metros de altura con snipers arriba”.

La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N.° 12, a cargo de Julián Ercolini, y contará con la instrucción del fiscal Eduardo Taiano.

En tanto, Infobae pudo saber que el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, está trabajando en una segunda denuncia contra Sarubbi Benítez que presentaría la semana que viene.

El lunes último, durante la transmisión del ciclo La Trinchera, el abogado mileísta -que en redes se identifica como “Gordo Leyes”- desglosó tres propuestas para el conurbano, donde “no hay retorno, gane quien gane”, según su visión.

La primera alternativa planteada junto a una panelista, Kalina Ann, fue el control de la natalidad de manera forzosa: la esterilización.

Como segunda opción, Sarubbi Benítez sugirió el aislamiento geográfico y militar de la población. Su plan consistió en: “Cercar el conurbano bonaerense y levantar un muro de 15 metros de altura con snipers (francotiradores) arriba”.

Ante la consulta de sus compañeros de mesa sobre cómo se regularía el tránsito de personas en ese perímetro, el abogado aclaró que el ingreso y egreso se determinaría por “portación de cara”, bajo un criterio “totalmente arbitrario”.

Finalmente, el abogado cercano al Gordo Dan (Daniel Parisini, referente comunicacional del Gobierno) sugirió que la opción más barata sería bombardear con napalm sobre los bonaerenses.

Los dichos generaron fuerte polémica en redes sociales. No obstante, Sarubbi Benítez permanece al frente de su programa. En un intento por recular sobre sus palabras, en los últimos días hizo posteos en los que aclaró que sus ideas eran solo para “los delincuentes”.

La presentación judicial que ahora está bajo estudio del fiscal Taiano fue realizada por el abogado Emiliano Gareca, quien solicitó que se investigue al abogado, a su coconductora Kalina Ann y a la empresa Cale Group Media S.A., grupo emppresario propietario propietario del canal de streaming.

Según el escrito, los hechos encuadran en los delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos, apología del delito y propaganda basada en ideas de superioridad con incitación al odio.

“Los hechos denunciados no constituyen un exabrupto aislado, sino la conducta reiterada y sistemática de un medio de comunicación”, detalló Gareca en el texto de la denuncia.

Asimismo, el denunciante remarcó el peligro que representa la difusión de estas ideas en plataformas masivas: “El tenor jocoso con que se profirieron dichas expresiones constituye un factor agravante en cuanto naturaliza y banaliza, ante una audiencia masiva, un discurso de exterminio”.

Sarubbi Benítez, sancionado

Sarubbi Benítez tiene antecedentes de sanciones en el ámbito profesional por su comportamiento. El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sancionó en junio de este año al letrado libertario por dirigir insultos y expresiones de odio a través de sus redes sociales, donde injurió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado también había difundido en sus redes datos personales de un ciudadano, quien luego lo denunció ante el Colegio Público. Publicó fotos suyas, el frente de su domicilio, su nombre y apellido, y detalles de su situación crediticia y bancaria. Estas publicaciones estuvieron acompañadas de expresiones discriminatorias y burlas como “lloralo, kuka con sida”.

En su defensa, Sarubbi Benítez argumentó que sus publicaciones constituían opiniones políticas de carácter personal amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y que no fueron vertidas en el marco del ejercicio de su profesión. Asimismo, alegó que el Colegio de Abogados no debía regular la vida privada de los matriculados.

Sin embargo, el Tribunal determinó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que las manifestaciones del letrado constituyeron “un exceso en el uso de la figura abogadil”. En este expediente le aplicaron apenas una advertencia.

Por otra denuncia iniciada por un forista de las redes, ya le habían aplicado una multa de un millón de pesos. Sarubbi apeló ambas sanciones en la Justicia, ante el fuero contencioso administrativo.