La Unidad de Información Financiera solicitó que se condene a Julio De Vido, José López, Abel Fatala, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a otros exfuncionarios por el presunto desvío de fondos públicos mediante maniobras, en el proyecto de viviendas sociales del Programa Sueños Compartidos, que administró la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En su alegato, la UIF consideró autores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública a De Vido, ex ministro de Planificación Federal; al ex secretario de Obras Públicas López; y al ex subsecretario Fatala. Para ellos pidió la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
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Además, señaló como partícipes necesarios de ese delito a los Schoklender, que ejercían el rol de administradores de la Fundación Madres, y solicitó también seis años de prisión.
En cuanto a los referentes de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, los acusó de ser supuestos partícipes secundarios, por lo que reclamó cuatro años de cárcel.
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La abogada que representó a la UIF como parte querellante, Marianella Teich, precisó que “la prueba demuestra el aporte de cada uno de los acusados para cometer defraudaciones en perjuicio del Estado, al adjudicar de modo directo las obras y desviar fondos a sociedades fantasma”.
Expuso su punto de vista en esta causa: “juzgamos la instrumentación deliberada de la estructura orgánica del Estado en connivencia con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para defraudar las arcas públicas por $ 206.438.454,05, a valor histórico”.
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A su vez, remarcó que esa suma corresponde al 23,4% de las partidas giradas para las viviendas, y describió que, en su mayoría, los proyectos quedaron reducidos a ruinas, obras colapsadas o abandonadas.
Los argumentos
Ante el Tribunal Federal Oral 5, Teich precisó que el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, garantizó la cobertura institucional para poner en marcha “un sistema de canalización opaca de fondos que permitió la salida del dinero público hacia supuestos fines espurios”.
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Sobre el ex secretario de Obras Públicas José López, indicó que habilitó los pagos millonarios sin realizar controles ni auditorías sobre la infraestructura y sobre las partidas destinadas al proyecto.
En cuanto al ex subsecretario Abel Fatala, señaló que fue la autoridad que emitió las aprobaciones de los legajos que supuestamente no cumplían los requisitos necesarios, sin aplicar multas ni sanciones.
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La abogada de la UIF sostuvo que Sergio Schoklender suscribió los instrumentos legales que permitieron captar fondos públicos, mientras que su hermano Pablo colaboró con él en la ejecución de un entramado que permitió colocar los cheques del Estado en firmas asociadas a sus presuntos intereses ilícitos.
Finalmente, destacó que la estructura delictiva contó con la colaboración de los otros cuatro ex funcionarios de Santiago del Estero, que mientras se desempeñaban en áreas estratégicas que debían fiscalizar las obras, contribuyeron a que se consumara la maniobra delictiva, convirtiendo sus oficinas en áreas de facilitación del delito.
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El juicio
El TOF 5, integrado por Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, dio a conocer el cronograma de alegatos de las defensas, que continuará hasta fines de agosto. De acuerdo con esos planes, el veredicto podría llegar a conocerse en el mes de septiembre.
Antes de la feria, el tribunal atendió el pedido del fiscal Diego Velasco, quien solicitó las penas más altas para los imputados, de acuerdo con el grado de participación en la presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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De este modo, requirió seis años de prisión e inhabilitación especial para el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender; su hermano, Pablo Schoklender; el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y el ex subsecretario Abel Fatala.
En cuanto a los referentes de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, solicitó cuatro años de cárcel.
En este expediente se investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales y que, según la acusación, funcionó entre 2005 y 2011 mediante adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo bajo condición de exclusividad.
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