La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario que presentó la defensa de Julio De Vido y su esposa Alessandra Minnicelli contra la resolución que avaló sus procesamientos por enriquecimiento ilícito entre los años 2003 y 2017.
Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky sostuvieron que la defensa no refutó adecuadamente los fundamentos de la decisión apelada ni acreditó la existencia de una cuestión federal o de un supuesto de arbitrariedad que permitiera revisar el fallo.
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Entre los argumentos señalaron que “la parte recurrente ha basado su impugnación en juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implica de suyo acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y las cuestiones federales invocadas”.
En la imputación, De Vido fue considerado autor y Minnicelli partícipe necesaria del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, por un incremento patrimonial no justificado, calculado en USD 677.000.
El juez federal Sebastián Casanello los había procesado sin prisión preventiva al considerar que el supuesto enriquecimiento se reflejaba en dos hechos específicos: la compra de un inmueble por USD 587.000 y la tenencia no declarada de USD 90.000 en efectivo.
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La defensa intentó sin éxito revocar los procesamientos ante la Cámara Federal porteña y luego en Casación, hasta que presentó el recurso extraordinario que los camaristas acaban de rechazar por considerarlo inadmisible.
Con este escenario, los abogados del matrimonio podrían plantear una queja ante la Corte Suprema, como última instancia para frenar el avance de la causa a la etapa de juicio oral y público.
Mientras tanto, De Vido cumple arresto domiciliario en su chacra de Zárate por su sentencia firme de cuatro años en la tragedia de Once. El ex ministro de Planificación acumula otras cuatro condenas, por la compra de “trenes chatarra”, los sobreprecios en la compra de GNL, Odebrecht y Skanska.
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El caso
El procesamiento de De Vido y Minicelli se basó en la hipótesis de que la pareja experimentó un incremento económico “apreciado e injustificado” mientras ocupaban cargos públicos.
La acusación sostiene que, entre 2003 y 2017, el ex ministro habría aumentado de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras se desempeñó en la función pública. En tanto, su esposa habría colaborado con él “para incrementar y disimular su patrimonio por fuera de sus ingresos legítimos”.
De Vido fue ministro de Planificación desde 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner, y a partir de 2007 ejerció como diputado nacional. Por su parte, Minnicelli trabajó en la Sindicatura General de la Nación desde el 19 de junio de 2003 hasta el 20 de noviembre de 2007.
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Uno de los ejes centrales del caso se enfoca en la compra de un departamento sobre la avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una supuesta pantalla que otorgó la firma Uni-Vite Argentina S.A., que se atribuyó la propiedad. La investigación concluyó que De Vido y su mujer habrían utilizado fondos ilícitos para adquirir el inmueble y después habrían simulado ser inquilinos.
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