Los fundamentos de las condenas a los responsables del encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra

El Tribunal Oral Federal 8 dio a conocer la sentencia que condenó a dos de los cuatro acusados por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero que fue asesinado en el marco de una protesta en las inmediaciones de las vías del ferrocarril Roca en octubre del 2010.

La resolución sostiene que el plan consistió en favorecer la situación procesal de los allegados al ex secretario general de Unión Ferroviaria, José Pedraza, y resguardar al propio dirigente sindical ante el avance de la investigación por el homicidio del manifestante del PO.

Puntualiza que quedó acreditado el pago de soborno a partir de escuchas telefónicas, seguimientos, documentación bancaria, registros judiciales y la reconstrucción del funcionamiento interno del sistema de sorteos de la Cámara de Casación.

El propósito de la maniobra era lograr que la causa por el crimen de Ferreyra quedara radicada en la Sala III de Casación, en ese momento integrada por el juez Eduardo Riggi, o bien, directa o indirectamente a través del propio Riggi sobre los otros integrantes del tribunal, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci.

La promesa fue influir para que se revocase el procesamiento con prisión preventiva que había sido dictado contra un grupo de implicados ligados a Pedraza, que fueron considerados coautores del homicidio de Ferreyra y los intentos de homicidios de otras tres personas.

El veredicto dispuso para el abogado y exjuez penal Octavio Luis Aráoz de Lamadrid la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autor del delito de tráfico de influencias agravado. Además, el tribunal ordenó el decomiso de USD 50.000 secuestrados en el estudio jurídico del abogado.

En tanto, para el ex funcionario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar, aplicó 3 años de prisión condicional como partícipe necesario de tráfico de influencias agravado. También le impuso someterse a un cuidado de un patronato y cumplir 8 horas mensuales de trabajos comunitarios fuera de sus horarios de trabajo.

Finalmente, los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez absolvieron por prescripción de la acción penal a la ex directora suplente de Belgrano Cargas, Susana Rita Planas, y al ex vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, quienes llegaron al juicio acusados de cohecho activo agravado en calidad de partícipes secundarios.

La maniobra

El TOF 8 describió que tras el asesinato de Ferreyra el 20 de octubre de 2010, José Pedraza activó una estrategia para mejorar la situación de los imputados ligados a la Unión Ferroviaria, y así evitar su propia implicación penal. En ese esquema, Juan José Riquelme, agente activo de la entonces SIDE, operó como nexo entre Pedraza y Aráoz de Lamadrid.

Según el tribunal, Aráoz de Lamadrid fue convocado por su conocimiento del funcionamiento de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal, después de haber trabajado durante una década como prosecretario letrado en la vocalía de Riggi y luego como juez federal subrogante.

Por su parte, Ameghino Escobar, entonces prosecretario administrativo de la Oficina de Sorteos de la Cámara, fue quien, en plena feria judicial, el 26 de enero de 2011, recibió el recurso de queja presentado por un defendido de Aráoz de Lamadrid, y lo sorteó a las 13:46 sin respetar el circuito interno habitual.

El tribunal entendió que el funcionario actuó en el momento exacto en que la lógica de compensación del sistema favorecía a la Sala III. Inmediatamente después, le envió a Aráoz de Lamadrid un mensaje: “le tocó al chief”, en alusión a Riggi, a quien ambos habían conocido durante años en la vocalía 9.

La sentencia explica que el sistema de sorteos distribuía expedientes por compensación entre salas y que Ameghino Escobar, por su cargo, tenía acceso a una función estadística que le permitía conocer la carga de cada una.

A su vez, los jueces indicaron que durante el juicio se probó que el 1 de febrero de 2011 Ángel Stafforini retiró dinero de su caja de seguridad del Banco Galicia y, acompañado por Planas, fue al estudio de Aráoz de Lamadrid en Viamonte 1470, donde entregó USD 50.000 como pago parcial de la promesa económica vinculada a la maniobra.

Horas después de la entrega, el estudio fue allanado y el dinero apareció en una caja fuerte, distribuido en cinco fajos de cien billetes de USD 100 dentro de un sobre marrón con la inscripción “Octavio”.