El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, llevará adelante la causa en la que se investiga el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que se llevaba un 40% de comisión por las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior.
Así quedó definido este miércoles, luego de que el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibiera de seguir a cargo de un expediente que también estaba detrás del presunto desvío de más de 300 millones de dólares.
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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a cargo de Paula Petazzi, una tercera magistrada que también seguía el caso, ya había tomado la misma decisión el martes pasado, al entender que existía una “conexidad” en los objetos procesales.
El juez González Charvay también está a cargo de la causa por la mansión de Pilar que habría sido comprada mediante testaferros y que se les atribuye a los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
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Esa investigación también se encuentra en disputa. Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia en la que se iba a definir quién se queda con el caso, que puede seguir en Campana o bien regresar al fuero Penal Económico o a Comodoro Py, donde se había iniciado la instrucción.
El caso TourProdEnter
El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora investigaba a la empresa de Faroni y Gillette que está radicada en los Estados Unidos como una ramificación del caso “Sur Finanzas”, por el que el juez Armella viene de ordenar una serie de medidas y llamados a indagatorias.
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Sucede que TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina.
Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.
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La empresa del exdiputado provincial y su esposa se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. La investigación apunta a esclarecer si ese dinero terminaba en “sociedades fantasmas” constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, de las cuales algunas estarían vinculadas al tesorero de la AFA.
Al pedir la inhibición de los jueces Armella y Petazzi, el Juzgado Federal de Campana remarcó que “surge que el delito de administración fraudulenta investigado habría afectado intereses federales, en particular, se desprende la posible afectación al sistema tributario argentino”.
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En su fallo de este miércoles, el juez de Lomas de Zamora también se desprendió de las averiguaciones secundarias que mantenía sobre los involucrados en torno a la mansión de Pilar.
Se inhibió de investigar “los hechos pesquisados sobre los presuntos pagos realizados por la AFA a Real Central S.R.L. y el entramado empresarial en el que intervendrían los directivos de esa empresa, Luciano Nicolás Pantano, Ana María Conte y personas jurídicas y físicas vinculadas, y finalmente a las presuntas operatorias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con las firmas Soma S.R.L., Malte S.R.L y Nuevo Holding, Bilbao S.A.”, según plasmó en la resolución a la que accedió Infobae.
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