Fue por un tratamiento estético en los glúteos y terminó con una lesión en el nervio ciático: deberán pagarle casi $32 millones

La Cámara Civil confirmó la condena contra una médica, la titular de un centro de estética y la aseguradora. La demandante recibirá $31,95 millones, más intereses, por las secuelas que padeció tras un procedimiento con Endopeel en 2019. Los peritos vincularon la práctica con una afectación permanente que le provoca dificultades para caminar

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La Cámara Civil confirmó una condena de más de 31 millones de pesos contra una médica y la titular de un centro de estética por mala praxis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una condena de $31.950.000 por mala praxis en un tratamiento estético de glúteos realizado en noviembre de 2019. La demandante atribuyó las secuelas físicas y psicológicas que padeció a la aplicación de inyecciones de Endopeel en un centro de estética de la zona sur del Gran Buenos Aires.

La Sala G del tribunal mantuvo el fallo de primera instancia contra la médica que realizó la práctica y la titular del establecimiento. También sostuvo la responsabilidad de la aseguradora citada en garantía, aunque dentro de los límites de la póliza, actualizados conforme a los criterios fijados en el expediente.

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Según la demanda, la mujer asistió el 16 de noviembre de 2019 al instituto para someterse a un procedimiento estético destinado a tonificar los glúteos. Allí le habrían informado que recibiría 20 inyecciones de un producto identificado como Endopeel en cada lado, a cambio de 6.500 pesos.

La demandante acudió al establecimiento en noviembre de 2019 para recibir 20 inyecciones de Endopeel en cada glúteo. (Imagen ce archivo: Shutterstock)
La demandante acudió al establecimiento en noviembre de 2019 para recibir 20 inyecciones de Endopeel en cada glúteo. (Imagen ce archivo: Shutterstock)

La reclamante —de 44 años al momento del hecho— aseguró que, durante la aplicación en el glúteo izquierdo, sintió una quemazón que se extendió desde la cadera hasta los dedos del pie. De acuerdo con su relato, pidió que se interrumpiera el procedimiento, aunque la profesional le habría respondido que el dolor era transitorio y continuó con las inyecciones.

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Siempre según la presentación judicial, al finalizar el tratamiento no pudo levantarse de la camilla ni apoyar correctamente el pie izquierdo. La demandante señaló que desde ese momento sufrió dolor, inflamación, alteraciones sensitivas y dificultades para caminar, que afectaron sus actividades habituales.

La médica cuestionó esa versión. Reconoció que atendió a la paciente y que aplicó Endopeel, pero sostuvo que explicó el procedimiento y que la mujer se retiró sin problemas para caminar. También afirmó que los síntomas aparecieron más de una semana después y los vinculó con patologías lumbares previas y con un síndrome piramidal.

Experto aplica láser con luz roja en la pierna de paciente acostado, vestido con pantalones cortos y cubierto parcialmente con toalla blanca, en una clínica.
La paciente denunció que sintió una quemazón intensa durante el tratamiento y que no pudo caminar con normalidad al finalizar la sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa alegó que las inyecciones eran superficiales y no tenían la profundidad necesaria para alcanzar el nervio ciático. Además, presentó imágenes de redes sociales de la demandante durante unas vacaciones posteriores al hecho, con el argumento de que esas publicaciones no se correspondían con el nivel de incapacidad que había denunciado.

La jueza de primera instancia consideró probada la mala praxis a partir de las pericias médicas y de la documentación incorporada al expediente. Uno de los informes estableció que la mujer presentaba una alteración de la marcha conocida como steppage, vinculada con una lesión del nervio ciático poplíteo externo, una rama del nervio ciático.

La especialista en neurocirugía descartó que las secuelas respondieran de modo principal a la protrusión discal que mostraban los estudios de columna. Valoró que el dolor comenzó de forma inmediata después del tratamiento y que la evolución clínica era compatible con una lesión causada por una punción o por irritación química en la zona de aplicación.

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La médica demandada alegó que las aplicaciones fueron superficiales y adjudicó los síntomas a patologías lumbares preexistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro peritaje, realizado por un cirujano plástico, concluyó que hubo una evaluación y planificación insuficientes, una ejecución técnica errónea y falta de seguimiento posterior. El experto fijó una incapacidad física parcial y permanente del 25%, mientras que la pericia psicológica estimó una incapacidad del 10% por un cuadro reactivo moderado.

El juzgado también valoró que no se aportó un consentimiento informado firmado por la paciente, pese a que las demandadas fueron intimadas a presentar esa constancia. Además, un informe de la provincia de Buenos Aires indicó que el centro no estaba habilitado, y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que no registraba un producto con el nombre de “inyecciones de Endopeel para glúteos”.

La sentencia de primera instancia otorgó $18.000.000 por incapacidad física y psíquica, $4.000.000 para tratamiento psicológico, $800.000 para rehabilitación kinesiológica, $9.000.000 por daño moral y $150.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. También fijó intereses del 8% anual desde el hecho hasta la sentencia y, desde entonces, la tasa activa bancaria.

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El centro estético de Alejandro Korn carecía de habilitación provincial y la ANMAT constató la falta de registro del producto para glúteos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aseguradora había planteado que no debía responder porque la póliza exigía un consentimiento informado firmado como condición para la cobertura. La jueza rechazó esa defensa al entender que ese requisito estaba previsto para proteger a la paciente y que su ausencia no podía perjudicarla, sin perjuicio de eventuales reclamos entre la empresa y la profesional asegurada.

El fallo de primera instancia también dispuso actualizar el límite de cobertura de $750.000, al considerar que mantener ese monto nominal frente a una indemnización calculada a valores actuales vaciaría de contenido el seguro. Para ello, tomó como referencia las pautas de actualización aplicadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación en coberturas obligatorias de responsabilidad civil automotor.

La Cámara confirmó la decisión. Los jueces señalaron que la condena no se basó exclusivamente en la falta de consentimiento informado ni en la falta de habilitación del centro, sino en los dictámenes periciales que vincularon el daño con una deficiente práctica médica. También mantuvieron las costas a cargo de las partes vencidas y dejaron pendiente la regulación de los honorarios de segunda instancia.

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