
La Justicia civil y comercial de Mar del Plata condenó a una obra social a indemnizar a una familia por las negativas de cobertura de tratamientos para un niño con trastorno del espectro autista. La sentencia fijó una reparación por daño moral de $18.791.115 y una multa civil equivalente a 40 canastas básicas totales para un hogar de tres integrantes, que al momento del fallo representaban $67.545.196.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 15. El tribunal sostuvo que la entidad incumplió sus deberes contractuales, de información y de trato digno dentro de una relación de consumo. Además, impuso las costas del proceso a la demandada y estableció que el pago deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores a que la decisión quede firme.
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La demanda había sido presentada por los padres del niño, que actualmente tiene 8 años. Plantearon que desde 2018 mantenían la afiliación a la obra social y que, a partir de 2022, comenzaron los rechazos o las autorizaciones parciales de prestaciones prescriptas por los profesionales que asistían al menor.

Según el expediente, el niño cuenta con Certificado Único de Discapacidad y recibió un diagnóstico compatible con trastorno del espectro autista. Los informes profesionales incorporados a la causa indicaron que requería apoyos para su integración escolar, social y familiar, además de intervenciones destinadas a regular conductas, facilitar la comunicación y sostener actividades cotidianas.
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El primer conflicto se originó por la cobertura de un acompañante terapéutico dentro del jardín de infantes. La obra social sostuvo que esa prestación no estaba incluida en el sistema básico de discapacidad y ofreció, como alternativa, un módulo de apoyo a la integración escolar o una maestra de apoyo. Los demandantes afirmaron que los médicos y terapistas rechazaron esa sustitución porque no respondía a las necesidades específicas del niño.
Ante esa negativa, la familia remitió una carta documento y luego presentó una acción de amparo en la Justicia federal. Allí obtuvo una medida cautelar que ordenó la cobertura total del acompañamiento terapéutico durante el ciclo lectivo. La sentencia de amparo dictada más tarde reconoció esa cobertura, y la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión en 2023.
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La causa también incluyó un reclamo por la falta de cobertura de un acompañante terapéutico para una colonia de vacaciones. Los demandantes dijeron que, mientras aguardaban la medida judicial, tuvieron que afrontar parte de los gastos mediante una rifa organizada con familiares, compañeros de trabajo y conocidos. El juzgado valoró los testimonios sobre esa situación al analizar el daño moral.
En 2024 surgieron nuevas controversias por la cobertura de acompañamiento terapéutico en una colonia de verano y en el domicilio. De acuerdo con el fallo, la obra social autorizó una suma inferior a la requerida para una de las prestaciones y rechazó la otra con argumentos similares a los utilizados en el primer conflicto.
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La familia promovió un segundo amparo, que derivó en una cautelar a favor del niño. La sentencia posterior ordenó la cobertura integral de las prestaciones mientras persistiera la indicación médica y dejó establecido que la familia debía acreditar cada año la continuidad del tratamiento ante la obra social, con el objetivo de evitar nuevos litigios por el mismo motivo.

Pese a esa resolución, el expediente señaló que a fines de 2024 se produjeron demoras en autorizaciones vinculadas con acompañamiento terapéutico, terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología y psicopedagogía para el ciclo siguiente. Los demandantes enviaron una nueva carta documento y sostuvieron que las autorizaciones llegaron después de esa intimación.
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Un tercer amparo se presentó en 2025 por la negativa de cobertura de natación y actividad física adaptada. En ese caso, la Justicia federal volvió a ordenar la prestación al 100% y luego hizo lugar a la demanda. Para el juzgado civil, la sucesión de tres procesos de amparo acreditó que la obra social no había brindado una respuesta adecuada frente a las necesidades de salud del niño.
La entidad demandada negó haber actuado de manera arbitraria. Sostuvo que el acompañamiento terapéutico no integra de forma expresa el Programa Médico Obligatorio ni el nomenclador de la ley 24.901, y que ofreció prestaciones previstas por el sistema, como el apoyo a la integración escolar. También afirmó que los amparos resolvieron desacuerdos sobre la modalidad de cobertura, sin declarar la existencia de un ilícito civil.
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El magistrado rechazó esa interpretación. Consideró que la cobertura debía analizarse a partir de la situación concreta del niño, su discapacidad, las indicaciones de los profesionales tratantes y el principio de integralidad en materia de salud. La sentencia remarcó que la falta de inclusión expresa de una práctica en un nomenclador no habilita a negar una prestación cuando resulta necesaria para el tratamiento.
El fallo también tuvo en cuenta que la obra social no aportó al expediente la documentación solicitada sobre los pedidos de cobertura y las respuestas que habría dado a la familia. Esa omisión llevó al juzgado a aplicar las reglas de carga dinámica de la prueba, que imponen a los proveedores el deber de colaborar con el esclarecimiento de los hechos en los conflictos de consumo.
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Para determinar el daño moral, la sentencia valoró testimonios de personas cercanas a la familia y una pericia psicológica. La profesional describió un desgaste psíquico sostenido en ambos progenitores, con indicadores de ansiedad, depresión, angustia y sobrecarga. El tribunal también consideró que el niño sufrió molestias y padecimientos por la falta de acceso oportuno a las prestaciones indicadas.

La indemnización por ese rubro fue calculada a partir del valor intermedio de un viaje familiar a Orlando, Estados Unidos, con pasajes, alojamiento, traslados y entradas a parques temáticos. El juzgado entendió que esa referencia resultaba apta como compensación sustitutiva por las afectaciones extrapatrimoniales acreditadas en el proceso.
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En cuanto a la multa civil, el tribunal entendió que correspondía por el incumplimiento reiterado, la falta de información suficiente y la necesidad de acudir en tres ocasiones a la Justicia para obtener coberturas de salud. La condena quedó fijada en 40 canastas básicas totales para un hogar de tres personas, un valor que deberá actualizarse hasta el momento del pago.
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