Imputaron a una concejal de Neuquén por haberse adjudicado un lote fiscal en San Patricio del Chañar

La Justicia abrió una investigación de cuatro meses sobre Mónica Barrera, quien participó del tratamiento y la votación de la ordenanza que habilitó la venta del terreno a su favor

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La concejal fue imputada por negociaciones incompatibles con su ejercicio de funciones públicas (Honorable Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar)
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Un juez de garantías de Neuquén dio por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, a quien la Fiscalía le atribuyó negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por su intervención en una ordenanza que le adjudicó un lote fiscal.

La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, según resolvió el juez Luciano Hermosilla tras escuchar la exposición del fiscal Juan Narvaez, del asistente letrado Facundo Bernat y de la querella de la Fiscalía de Estado.

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La acusación sostuvo que Barrera habría actuado en un expediente municipal que derivó en la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicada en Picada 9. Por esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino indicó que la concejal integró la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto en el recinto y votó por su aprobación.

Según la teoría del caso expuesta en audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera pidió al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. De esta manera, habría solicitado que le vendieran el terreno fiscal.

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La sede del Honorable Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar (Gentileza: Diario Río Negro)

El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. Para la Fiscalía, ese paso se produjo con participación de la propia edil y sin un dictamen jurídico formal previo.

Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera intervino para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la adjudicación. Finalmente, la ordenanza se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la decisión quedó plasmada en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.

A raíz de esto, la Fiscalía también había solicitado formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La hipótesis fiscal señalaba que no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo.

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El episodio habría ocurrido durante 2024

Sin embargo, Hermosilla rechazó en esta etapa esa imputación al considerar que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta atribuida a la viceintendenta. Respecto de Barrera, el delito imputado es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora, previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal.

En este contexto, la Fiscalía sostuvo que la ordenanza fue aprobada sin respetar exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellas, mencionó la necesidad de una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos, y la realización de una licitación pública o remate para vender inmuebles municipales.

También señaló que el dictamen jurídico escrito se incorporó al expediente minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia. Con la apertura formal de la investigación, la acusación contará con cuatro meses para profundizar las medidas del caso.

El caso de Gloria Ruiz: el expediente en el fuero civil

A mediados de septiembre, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral derivado de una denuncia penal que fue archivada.

Gloria Ruiz vicegobernadora de río Negro escándalo de corrupción
La Justicia Civil condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz al pago de cinco millones de pesos por daño moral al presidente de CALF, Marcelo Severini. (Fuente)

El fallo también ordenó a Ruiz retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Severini. La ex funcionaria tuvo diez días para cumplir esa disposición, para evitar sufrir otras sanciones económicas.

La demanda fue promovida por Severini, quien sostuvo que la presentación penal y su difusión pública afectaron su honor. El tribunal hizo lugar de manera parcial al reclamo y, además, impuso las costas del proceso a la demandada.

El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando Ruiz atravesaba una crisis institucional en la Legislatura neuquina. Tras su suspensión preventiva, la entonces vicegobernadora presentó una denuncia en los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y referentes de distintas instituciones.

Entre los denunciados figuraba Severini. La presentación incluyó acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, planteó que existía una maniobra para apartarla de la conducción de la Legislatura.

Sesión Neuquén
La ex vicegobernadora fue destituida en 2024 (Legislatura de Neuquén)

La causa pasó primero por el Juzgado Federal porteño de Sebastián Casanello, que se declaró incompetente por razones territoriales y remitió el expediente a Neuquén. Luego, la fiscal federal Mariana Querejeta entendió que no había materia federal y derivó las actuaciones a la Justicia provincial.

La Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, archivó finalmente el legajo por falta de tipicidad, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal que justificara avanzar con la investigación.

Al resolver la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no detallaba hechos concretos que permitieran establecer una intervención material de Severini en los delitos que se le atribuían. También señaló la ausencia de elementos mínimos para respaldar esas acusaciones.

La sentencia sostuvo que el derecho a denunciar no habilita imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni sustento probatorio. Bajo ese criterio, entendió que la presentación excedió el ejercicio regular de ese derecho.

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