
Tres de los cinco condenados por una multimillonaria estafa a dos facultades de la Universidad de Buenos Aires y al Banco Nación intentaron cuestionar las penas de prisión que pactaron en juicios abreviados, pero la Cámara Federal de Casación rechazó sus planteos y dejó firme ese acuerdo, que se firmó en septiembre pasado en un Tribunal oral.
Micaela Bounchanavong, Enrique Cutrona y Alex Heredia recibieron el revés judicial desde la Sala I del máximo tribunal penal federal del país. El juez Daniel Petrone declaró inadmisibles las apelaciones de los acuerdos que alcanzaron fiscalía, defensas, querella del Banco Nación y que los acusados aceptaron en septiembre pasado ante el Tribunal Oral Federal 6 en los tribunales de Retiro.
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Los tres fueron condenados a 3 años y 2 meses de prisión efectiva por una multimillonaria estafa a dos facultades de la UBA con un desvío de fondos de más de $1.590 millones, mediante correos y documentos apócrifos que lograron engañar al Banco Nación en septiembre de 2024.
El rechazo se basó en la teoría de los actos propios: quisieron ir para atrás con un acuerdo que ellos mismos aceptaron. “Al haber prestado conformidad -las defensas y los imputados- en torno a la materialidad e intervención en el hecho, a la calificación legal atribuida y, en especial, a la pena solicitada, a la actitud ahora asumida por los recurrentes le es aplicable el principio de la doctrina de los actos propios”, concluyó el fallo.
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Casación advirtió que la sentencia no se apartó de lo pactado ni se denunciaron defectos en la aceptación de los acusados. Los tres están presos y asistieron a una audiencia desde la cárcel, por videoconferencia. El magistrado destacó que estuvieron de acuerdo con la acusación, la intervención atribuida a cada uno, la calificación legal y las penas.
Una maniobra coordinada para estafar
En la sentencia, el tribunal dio por probado que hubo una maniobra coordinada para desviar fondos de la UBA mediante documentación y correos falsos, mover ese dinero por cuentas de empresas y convertir parte en criptomonedas para ocultar su origen. Todos los acusados aceptaron el acuerdo de juicio abreviado, reconocieron los hechos y fueron condenados, según el fallo firmado por el juez subrogante Diego García Berro en septiembre pasado.
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La causa giró en torno a una maniobra de defraudación contra la administración pública que tuvo como damnificada a la UBA, a través de transferencias ejecutadas desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología durante dos días, en septiembre de 2024.
Para eso usaron “notas apócrifas con membrete y firmas falsificadas de autoridades universitarias”, dirigidas al Banco Nación. A eso se sumó la creación de correos electrónicos con un dominio similar al de la UBA y comunicaciones telefónicas para darle apariencia de legitimidad a las órdenes de transferencia. Mediante engaños los condenados lograron que se les gire una millonaria suma de dinero desde las cuentas bancarias de dos facultades de la Universidad de Buenos Aires
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El tribunal dio por acreditado que parte del dinero fue enviado a cuentas de las firmas Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A., luego redireccionado principalmente hacia otra sociedad Aigle S.A., y finalmente usado para la compra de criptomonedas USDT, en una secuencia que encuadró como lavado de activos.
La ruta del dinero
Dos de los condenados, Lucas Rigoni y Enrique Cutrona, eran responsables de Eksplodo S.A. y recibieron en la cuenta de esa firma dos transferencias provenientes de la cuenta de la Facultad de Derecho de la UBA por $275.480.000 el 12 de septiembre de 2024 y $172.990.533 un día después, el 13 de septiembre.
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Según la sentencia, una vez acreditados esos fondos, “realizaron diversas y sucesivas transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito y dificultar su trazabilidad y rastreo”. Entre otras operaciones, transfirieron a Aigle S.A. $200 millones, $150 millones, $21,1 millones y $50 millones. Los fondos fueron luego aplicados a la compra de 311.851 unidades de la criptomoneda USDT, lo que configuró “un claro circuito de lavado de activos”, concluyó la sentencia. La acusación los ubicó como partícipes necesarios en la defraudación y autores del lavado.
Un tercer acusado, Alex Heredia, era apoderado de Elysium Capital y recibió en la cuenta de esa empresa dos transferencias enviadas desde la cuenta de la Facultad de Odontología de la UBA por $496.720.000 el 13 de septiembre de 2024 y $451.901.000 el 16 de septiembre de ese año. Después transfirió todo a Aigle S.A. Esos fondos fueron después aplicados a la compra de 694.974 USDT y enviados a una billetera electrónica. El tribunal afirmó que Heredia participó “de manera necesaria y coordinada en la maniobra defraudatoria en perjuicio de la UBA”.
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El acusado Ángel Martín fue quien ideó la “simulación” que hizo creer que la UBA estaba “canalizando órdenes de transferencias de fondos emitidas por los funcionarios de las facultades autorizados a operar las cuentas bancarias”. Ese ardid se desplegó “a través de comunicaciones telefónicas y por correo electrónico, utilizando dos abonados telefónicos y cuentas de correo electrónico con un dominio similar al de la UBA”.
Por último, Micaela Bounchanavong fue condenada por su rol de coordinación en la maniobra. “Brindó la información necesaria y dio las instrucciones para que se realizaran determinadas transferencias en favor de Eksplodo S.A. y Elysium Capital S.A.”. También se la señaló como quien ordenó los movimientos posteriores para dificultar la trazabilidad del dinero. Fue condenada como partícipe necesaria de la defraudación y autora del lavado.
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