
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 restituyó la Planta I del astillero estatal Tandanor a la empresa naval, tras concluir que el predio había sido obtenido mediante una licitación fraudulenta y permanecía inscripto a nombre de Puerto Retiro S.A. La medida revierte los efectos de una maniobra por la que tres personas fueron condenadas por defraudación contra la administración pública.
La propiedad está ubicada en las avenidas Antártida Argentina 555 e Ingeniero José Quartino, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble volvió a Talleres Navales Dársena Norte, Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR), según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
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El decomiso había sido solicitado en junio de 2018 por el fiscal general Diego Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. En agosto, los jueces habían ordenado el decomiso que finalmente se concretó el jueves con la restitución final de la Planta I a Tandanor.
Según consideró la Justicia, Puerto Retiro S.A. había adquirido el terreno a través de un proceso irregular. Por esa operación, un exfuncionario del Ministerio de Defensa y dos empresarios, titulares de la compañía, recibieron condenas de tres años de prisión en suspenso.
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La privatización de 1991 y el perjuicio millonario
La causa judicial se originó en la venta de Tandanor, realizada en 1991 al consorcio integrado por Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. —más tarde Brisard Sudmarine— y el Banco Holandés Unido. El fiscal federal Carlos Stornelli inició la investigación por una presunta administración fraudulenta que habría provocado un perjuicio superior a USD 52 millones para el Estado.

La acusación sostuvo que la operación se articuló mediante actos administrativos que favorecieron al grupo comprador. Entre ellos, se mencionaron el incremento de los activos de la empresa estatal antes de la licitación, cambios en las condiciones del pliego sobre el monto del contrato y los plazos de pago, y una prórroga para constituir la garantía exigida.
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También se cuestionaron la constitución y la capacidad operativa del consorcio que compró el astillero. Esas irregularidades derivaron en el juicio que comenzó el 7 de abril de 2018, con intervención de la fiscalía encabezada por Luciani.
Durante su alegato, la fiscalía pidió que se decomisara la Planta I y que fuera devuelta de inmediato, junto con la reposición del 90% del paquete accionario de Tandanor, al Estado Nacional.
La decisión inicial de restituir el inmueble se dictó el 21 de noviembre de 2018, luego de que los jueces consideraran un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Talleres Navales Dársena Norte SACIyN s/concurso preventivo”. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa resolución por mayoría el 21 de febrero de 2020.
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La diferencia entre el Estado Nacional y Tandanor
La Corte Suprema dejó sin efecto aquella sentencia el 26 de noviembre de 2024 por falta de fundamentos sobre la restitución del inmueble y ordenó que el tribunal emitiera una nueva decisión. El máximo tribunal observó que Tandanor era un sujeto de derecho distinto del Estado Nacional y que debía analizarse quién figuraba como titular registral del terreno antes de la operación ilícita.
La Corte advirtió que la Planta I estaba registrada a nombre de Tandanor antes de la venta fraudulenta. Por ese motivo, indicó que el predio debía volver a la empresa y no confundirse su patrimonio con el del Estado, aun cuando este sea titular de su capital accionario.
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En un dictamen posterior, Luciani consideró inadmisible que el inmueble continuara bajo la titularidad de una sociedad que, según afirmó, había sido creada por los acusados para concretar la defraudación y frustrar el cobro del precio fijado en la privatización. El fiscal sostuvo: “Los efectos del delito continúan vigentes mientras ese inmueble subsista en cabeza de esa sociedad”.
El representante del Ministerio Público Fiscal planteó que la compra carecía de una causa lícita y que los actos que llevaron a la adquisición eran nulos de nulidad absoluta. También solicitó anular la escritura pública N°68 del 24 de junio de 1993, que formalizó la venta del predio a Puerto Retiro S.A.
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Los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grunberg y Daniel Obligado coincidieron con los planteos de los apoderados de Tandanor y del fiscal general. Consideraron que el decomiso constituía una cuestión penal autónoma respecto de la acción civil promovida por la compañía para obtener una reparación por los daños.
El tribunal distinguió que el decomiso procura impedir que un delito produzca beneficios, mientras que la acción civil busca resarcir los perjuicios causados. Bajo ese criterio, concluyó que no existía impedimento para resolver primero la situación del inmueble.
Los magistrados señalaron que la inscripción de la Planta I a nombre de Puerto Retiro S.A. implicaba la permanencia de los efectos del delito comprobado. Por ello, resolvieron que el predio debía ser devuelto a Tandanor, su titular antes de la defraudación.
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