
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de un médico y de una clínica por una infección contraída después de una cirugía de columna, aunque dejó sin efecto las indemnizaciones por incapacidad y tratamiento psicológico que habían sido concedidas en primera instancia. La decisión mantuvo el resarcimiento por daño moral, fijado en $7 millones, y modificó el cálculo de intereses, las costas y los límites de cobertura de las aseguradoras.
El expediente se originó a partir de la demanda de un paciente que fue intervenido dos veces durante 2017 por dolencias lumbares. La primera operación se realizó el 28 de marzo de ese año y consistió en una intervención sobre la columna lumbosacra. Como el cuadro no mejoró, el 24 de agosto fue sometido a una segunda cirugía, durante la cual le colocaron tornillos y otros elementos de fijación en la zona afectada.
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Según la presentación judicial, luego de esas intervenciones el demandante comenzó a padecer dolores intensos, fiebre y secreciones en la herida. El 28 de febrero de 2018 ingresó a otro sanatorio y, pocos días después, fue operado para limpiar la zona y retirar el material implantado. Los estudios realizados sobre la secreción purulenta detectaron la presencia de estafilococo aureus, una bacteria que puede provocar infecciones en heridas quirúrgicas.

La demanda sostuvo que la infección se originó por omisiones en las medidas de prevención previas a las cirugías. Entre otros puntos, planteó que no había constancias de estudios para detectar una eventual colonización bacteriana en fosas nasales o faringe, ni de un tratamiento de descolonización con medicación específica. También cuestionó la falta de controles sobre las condiciones previas a una operación que incluía la colocación de implantes.
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El paciente, que actualmente tiene 51 años, reclamó una reparación por incapacidad física y psíquica, pérdida de oportunidades laborales, daño moral y tratamiento psicológico. Afirmó que la infección derivó en osteomielitis, una afección ósea que, según su postura, le dejó limitaciones permanentes y alteró su vida cotidiana. Además, dirigió la acción contra los dos establecimientos de salud, el profesional que realizó las cirugías y las aseguradoras citadas en garantía.
En mayo de 2024, el Juzgado Nacional en lo Civil n.° 67 rechazó la demanda contra el sanatorio donde se efectuó la tercera operación. El magistrado consideró que la infección ya estaba presente antes de ese ingreso y que no se había probado una conducta reprochable de esa institución ni de su aseguradora. La sentencia entendió que la intervención posterior tuvo como objetivo retirar el material infectado y tratar el cuadro ya diagnosticado.
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En cambio, el fallo de primera instancia responsabilizó al médico y a la clínica donde se habían realizado las dos primeras operaciones. El juez concluyó que existieron deficiencias en la prevención de infecciones y consideró relevante el dictamen de la perita neurocirujana, quien había señalado que las medidas aplicadas resultaban adecuadas, pero insuficientes frente a las características del caso.
La resolución inicial otorgó $15 millones por incapacidad sobreviniente, $180 mil para tratamiento psicológico y $7 millones por daño moral. En total, condenó al médico y al establecimiento a pagar $22,18 millones, más intereses y costas. También extendió la condena a las aseguradoras, dentro de los límites fijados en las pólizas contratadas.
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La Sala C de la Cámara Civil revisó ese pronunciamiento tras los recursos presentados por todas las partes. Antes de analizar el fondo, señaló un defecto en la fundamentación de primera instancia: el juez había cuestionado la indicación misma de las operaciones de columna, pese a que esa cuestión no había sido planteada como base de la demanda. Por ese motivo, consideró que no correspondía atribuir responsabilidad por la elección del tratamiento quirúrgico.

Los camaristas explicaron que una sentencia debe respetar los hechos y reproches expuestos por las partes al inicio del proceso. En este caso, la demanda se había centrado en la supuesta falta de medidas para evitar una infección, no en que las cirugías fueran innecesarias o estuvieran mal indicadas. La Cámara sostuvo que ampliar el análisis hacia ese aspecto afectaba el derecho de defensa de los demandados.
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Pese a esa corrección, el tribunal confirmó la responsabilidad por la infección. Para ello, valoró la pericia médica original y un informe posterior del Cuerpo Médico Forense. Ambos elementos permitieron concluir que no se acreditó la adopción de algunas medidas preventivas recomendadas para cirugías con implantes, entre ellas el hisopado nasal para detectar la presencia de estafilococo aureus y, en caso de corresponder, un tratamiento previo.
La Cámara también consideró que existían indicios de que la infección estaba relacionada con la segunda internación y cirugía, en agosto de 2017. Entre ellos, mencionó análisis posteriores que mostraron un aumento de glóbulos blancos, una señal que puede asociarse con procesos infecciosos, y la aparición de una supuración en la herida durante el período de rehabilitación. El tribunal descartó que los demandados hubieran demostrado que el contagio se produjo fuera del ámbito asistencial.
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Los jueces señalaron que el consentimiento informado firmado por el paciente no liberaba a los responsables de cumplir con las medidas de cuidado exigibles. Indicaron que la aceptación de los riesgos de una cirugía alcanza a complicaciones inevitables, pero no exime por daños vinculados con negligencias en la prevención. También remarcaron que las recomendaciones científicas no son normas obligatorias en todos los casos, aunque pueden funcionar como una referencia para evaluar la diligencia profesional.
La principal modificación recayó sobre las partidas por incapacidad y tratamiento psicológico. El Cuerpo Médico Forense examinó al demandante en diciembre de 2025 y concluyó que no presentaba signos de osteomielitis activa ni limitaciones motoras relevantes relacionadas con aquella infección. Además, indicó que la enfermedad infecciosa había sido tratada en 2018 y que los estudios posteriores mostraban secuelas de otras afecciones de columna, independientes del cuadro que motivó la demanda.
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Con esos elementos, la Cámara entendió que no subsistían secuelas permanentes atribuibles a la infección y dejó sin efecto los $15 millones por incapacidad y los $180 mil para tratamiento psicológico. También tuvo en cuenta que las dolencias lumbares previas y parte de las consecuencias físicas ya habían sido consideradas en un acuerdo alcanzado en el fuero laboral. El daño moral, en cambio, se mantuvo por la cirugía adicional, el retiro de los implantes y el tratamiento antibiótico que debió atravesar el paciente.
El tribunal estableció que los intereses sobre los $7 millones correrán desde el 22 de agosto de 2017 hasta el 14 de mayo de 2024 a una tasa anual del 8%. Desde esa fecha hasta el pago efectivo, se aplicará la tasa activa del Banco Nación. También dispuso que los límites de cobertura de las aseguradoras se adecuen según la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, conocido como RIPTE, entre agosto de 2017 y el momento en que se pague la condena.
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