El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio “Chiquita” Tapia, ratificó este miércoles su denuncia contra dirigentes de la Coalición Cívica que impulsan las causas judiciales en su contra y, al declarar bajo juramento, se desligó por primera vez de una de las principales acusaciones: “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”.
Tapia se refirió a la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, sin contar la colección de 54 vehículos de colección y alta gama que la Justicia encontró en la propiedad. Como titulares de la misma figuran los presuntos testaferros Ana Conte y Luciano Pantano, quienes adquirieron el terreno a través de la firma Real Central SRL.
La investigación sobre la casa de Pilar está a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Antes pasó por otros despachos en el fuero Penal Económico y en Comodoro Py, pero ningún magistrado imputó formalmente a Tapia u otro dirigente de la AFA en este expediente.
Según el presidente de la AFA, la causa es parte de un apriete contra él, pero no por ser la máxima autoridad del fútbol argentino, sino por su cargo en el CEAMSE.
El “Chiqui” denunció por extorsión a los dirigentes de la Coalición Cívica -y sus denunciantes- Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes según advirtió habrían actuado en connivencia con el empresario Leandro Camani.
En un escrito de 20 páginas, Tapia expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA son una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.
Este expediente en el que Tapia denunció las presiones es una investigación que ya se estaba tramitando contra Yofe por otro caso de extorsión. En la causa, el empresario Camani ya había sido mencionado como quien financiaba al referente de la CC.
La declaración de Tapia
Este miércoles, ante la UFI N° 3 de Pilar, interrogaron al presidente del fútbol argentino como testigo del presunto delito que denunció. Tapia relató que las tensiones comenzaron cuando el CEAMSE detectó la presencia de fotomultas en la autopista Camino del Buen Ayre que no contaban con la debida autorización legal ni respaldo contractual vigente por parte del organismo que él preside.
Según sus palabras, el directorio anterior dejó un acta que mencionaba la colocación de estos dispositivos en el tramo que conecta Panamericana con el Acceso Oeste, pero las nuevas autoridades nunca validaron dicho permiso ni encontraron documentos que avalaran su funcionamiento.
Al verificar la inexistencia de una licitación adjudicada para ese servicio, tomó la determinación de interrumpir el suministro eléctrico de las cámaras. Tapia detalló que ordenó cortar la luz de los aparatos situados en la traza mencionada con el objetivo de que las empresas responsables se presentaran con la documentación correspondiente para justificar su actividad, algo que, según afirmó, nunca sucedió.
Aclaró además que dicha autopista es propiedad del CEAMSE y no una concesión tradicional, por lo cual cualquier instalación requiere una aprobación directa de la entidad, la cual no existía en los registros del departamento legal.
A raíz de esta decisión administrativa, continuó el presidente de AFA en su relato, apareció el hostigamiento: Tapia identificó a Leandro Camani, titular a la firma “Secutrans”, como la persona que ejerció presión para que se reestableciera la energía a los equipos de fotomultas.
Bajo juramento, sostuvo que Camani amenazó con “salir en todos los medios” si no accedían a sus demandas. Las intimidaciones incluían la promesa de exponer datos sobre la vivienda particular del presidente de la AFA en el partido de Pilar.
En su relato, el titular del CEAMSE vinculó estas amenazas con una campaña mediática en su contra. Expresó que Camani adquirió derechos relacionados con los premios Martín Fierro, por lo que le atribuyó una verdadera influencia.
Tapia agregó que la empresa Secutrans participó de una licitación en el año 2023 que finalmente se dio de baja y que, tras perder un amparo judicial, Camani recurrió nuevamente a amenazas públicas para forzar la operación de su negocio.
La defensa del presidente de la AFA
Tapia respondió a las denuncias en su contra a la par de su defensor Gregorio Dalbón, letrado que tiene entre su cartera de clientes a la expresidenta Cristina Kirchner. El abogado de la AFA habló tras la ratificación de la denuncia en Pilar y sostuvo que existe “un esquema de presiones ilegítimas, amenazas coactivas y maniobras extorsivas orientadas a condicionar decisiones institucionales, con un claro trasfondo económico y un negocio multimillonario en juego”.
Es así que Dalbón no solo pidió investigar al empresario y a los dirigentes de la Coalición Cívica por extorsiones, sino también por amenazas coactivas, defraudación, administración fraudulenta y la eventual configuración de una asociación ilícita.
“Lo que hoy quedó incorporado al expediente no es una controversia mediática ni una disputa de versiones, sino una denuncia penal seria, ratificada bajo juramento, que describe un mecanismo extorsivo organizado. A partir de ahora, cada conducta, cada vínculo y cada circuito económico quedarán bajo análisis judicial, con las responsabilidades penales que correspondan”, sintetizó el defensor de Tapia en diálogo con Infobae.
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