El ex ministro de Economía Sergio Massa deberá comparecer como testigo este miércoles a las 11:30 ante el Tribunal Oral Federal 5, en los tribunales de Comodoro Py, en el marco del juicio oral por presuntas irregularidades en el programa de vivienda Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Su citación responde a su período como intendente de Tigre entre 2007 y 2013, uno de los municipios donde se construyeron viviendas financiadas por el plan, cuyos fondos, asignados por el gobierno de Cristina Kirchner, están bajo escrutinio por supuestos desvíos.
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El proceso judicial tiene entre los acusados a Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la fundación, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y a otros ex funcionarios.
El eje de la causa es la presunta administración fraudulenta de fondos públicos otorgados durante el gobierno de Cristina Kirchner.
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El tribunal prevé el testimonio de referentes de distintas instancias de gestión y control del programa. Además de la convocatoria a Massa, la senadora bonaerense y ex secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini, también fue llamada a declarar como testigo.
Entre los convocados figuran además ex diputados nacionales como Eduardo Amadeo, Fernanda Reyes y Juan Carlos Morán, quienes integraron la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados.
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El desvío de fondos y alcance político del caso
La causa Sueños Compartidos centra su investigación en el presunto desfalco de más de 206 millones de pesos, cifra que implica el 23% de los 748 millones que la Secretaría de Obras Públicas —bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal y dirección de José López— transfirió a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La acusación, dirigida por el fiscal general Diego Velasco, sostiene que las obras destinadas a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011 fueron adjudicadas de manera directa e irregular a la Fundación. El proceso judicial alcanza además al exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, al expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, a la exfuncionaria provincial Silvia Nasif y a los exfuncionarios Carlos Castellano y Claudio Freidin.
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La etapa actual del juicio contempla una extensa ronda de testigos. La fiscalía requisó la comparecencia de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante, citó a otras 17. Las defensas de los Schoklender solicitaron la declaración de 120 testigos más. Varios de ellos ofrecerán su testimonio por escrito, incluyendo al diputado Miguel Ángel Pichetto y a los senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich.
En su declaración como testigo, Macri detalló presiones
La semana pasada, en su declaración como testigo, el ex presidente Mauricio Macri se refirió a un esquema de presiones políticas y operativas que, según su relato, comprometieron la gestión de los recursos estatales. Explicó que las intervenciones de funcionarios nacionales eran habituales y apuntaban a destrabar desembolsos bajo presión.
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“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri. En ese momento, su sucesor en el sillón de Rivadavia era el jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.
El exmandatario diferenció el trato con la Fundación como “bastante traumático” y detalló que las obras que generaron mayor conflicto estaban localizadas en un predio vecino al barrio Los Piletones, donde funciona la Fundación Margarita Barrientos.
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En este proceso, el número total de testigos convocados supera los 200, y se espera que los testimonios escritos y presenciales contribuyan a esclarecer la mecánica de las adjudicaciones, el uso de los fondos públicos y la responsabilidad de funcionarios y empresarios en el desvío investigado.
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