Vacantes judiciales y concursos: las claves de los proyectos para reformar la selección de jueces

Con un nivel de vacantes judiciales que supera el 35% en la justicia federal y alcanza porcentajes aún mayores en fueros sensibles, el funcionamiento del sistema de selección de jueces quedó nuevamente bajo análisis institucional. En ese contexto, ingresó al Consejo de la Magistratura un conjunto de proyectos reglamentarios que proponen modificar distintos aspectos de los concursos públicos de oposición y antecedentes -desde la elaboración y corrección de exámenes hasta la evaluación de antecedentes, las entrevistas personales y la conformación del orden de mérito- con el objetivo de introducir criterios más explícitos, estandarizados y trazables en el proceso de designación de magistrados.

La magnitud de las vacancias constituye uno de los datos estructurales más relevantes del sistema judicial argentino. Según evaluaciones internacionales, alrededor del 35% de los cargos de la justicia federal se encuentran sin cubrir. En el fuero de seguridad social, el porcentaje supera el 58%, mientras que en el fuero penal económico ronda el 38%. A esto se suma la situación del Ministerio Público Fiscal, donde en áreas vinculadas a delitos económicos complejos las vacantes alcanzan niveles cercanos al 60%.

Ese escenario fue señalado en informes del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que examinó puntualmente la capacidad del Estado argentino para investigar corrupción y delitos económicos complejos. En sus evaluaciones, el organismo internacional identificó como ejes que hacen a la arquitectura del esquema judicial: el nivel de vacancias, la opacidad y lentitud de los procesos de selección de magistrados y la falta de estadísticas públicas confiables. Por otro lado llamó la atención respecto al retraso en la implementación del sistema procesal acusatorio y advirtió por los déficits en materia de ética judicial.

En ese marco, durante 2025 ingresó formalmente al Consejo un paquete de iniciativas reglamentarias cuyo tratamiento podría comenzar en el transcurso de este período. Las propuestas fueron presentadas por la consejera Jimena de la Torre en su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Selección y Escuela Judicial y en representación del estamento de la abogacía del organismo. Los textos abarcan cinco ejes centrales del sistema de concursos y parten de un diagnóstico común: la existencia de márgenes amplios de discrecionalidad, falta de homogeneidad en los criterios de evaluación y debilidades en la trazabilidad de las decisiones a la hora de conformar las ternas que se elevan para su acuerdo.

El mecanismo vigente para la selección de jueces se estructura, en rigor, a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. El procedimiento comienza con la inscripción de los postulantes y la presentación de sus antecedentes profesionales y académicos. Luego se toma una prueba de oposición escrita, de carácter anónimo, en la que los aspirantes deben resolver un caso práctico vinculado a la función jurisdiccional. Posteriormente se evalúan los antecedentes y se realiza una entrevista personal. Con los resultados de esas etapas, la Comisión de Selección elabora un orden de mérito y eleva una terna al Plenario del Consejo, que decide su posterior remisión al Ejecutivo.

Uno de los proyectos propone la publicación de las pruebas de oposición, junto con sus correcciones e informes de calificación, una vez producida la “desanonimización de los exámenes". En la nota presentada ante el organismo se afirma que la medida apunta a “garantizar la transparencia del procedimiento, asegurar el acceso a la información pública y permitir el efectivo control ciudadano sobre el proceso de selección de magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Nación”. La iniciativa no modifica el contenido de los exámenes ni la modalidad de evaluación, sino que se circunscribe a la etapa posterior a su corrección.

Otra de las propuestas se refiere a la determinación de criterios reglados para la evaluación y calificación de las pruebas de oposición. El proyecto incorpora un documento anexo que desagrega los parámetros previstos en el reglamento vigente, con el objetivo de homogeneizar pautas entre jurados y concursos. Según se indica, el instrumento, que promueve la explicitación pública de los criterios de corrección de las evaluaciones, busca “reducir márgenes de discrecionalidad y promover una calificación técnicamente fundada, conforme con los más altos estándares éticos, normativos y jurisprudenciales”.

Un tercer eje está vinculado a la creación de un Banco de Casos estandarizado, automatizado y público para las pruebas de oposición, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. El repositorio funcionaría como un archivo institucional de casos prácticos, clasificados por fuero e instancia, con niveles de dificultad homogéneos y validados por unidades técnicas especializadas. En los fundamentos se mencionan problemas asociados al uso de expedientes en papel, sorteos manuales y exámenes con trazabilidad limitada, y se plantea que el banco permitiría estandarizar los insumos sin alterar el carácter anónimo de la evaluación.

Otro de los proyectos aborda la evaluación de antecedentes profesionales y académicos mediante la implementación de un sistema automatizado de puntuación. La propuesta prevé la digitalización estructurada de los legajos y la aplicación de reglas algorítmicas basadas en los parámetros reglamentarios vigentes, con generación de una calificación preliminar desagregada por rubros. “El consejero sorteado conserva la facultad de revisar y ajustar el puntaje, debiendo fundar toda modificación respecto de la propuesta generada por el sistema”, precisa el texto, que mantiene la intervención humana como instancia obligatoria de control.

El quinto y último proyecto se concentra en la entrevista personal y propone reformar el reglamento para incorporar una escala objetiva de evaluación, con conceptos comunes aplicables a todos los postulantes. La entrevista se orientaría a valorar la idoneidad, la aptitud funcional y la vocación democrática, conforme a lo previsto en la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura. Entre los parámetros enumerados figuran la integridad ética, la independencia, la capacidad de comunicación, las habilidades de gestión, la responsabilidad institucional y el compromiso con los derechos humanos, cada uno con puntaje y fundamentación especial.

En relación con el orden de mérito, la propuesta introduce una nueva fórmula de ponderación entre las etapas del concurso: 50% para la prueba de oposición, 30% para los antecedentes y 20% para la entrevista personal. En los fundamentos se sostiene que la prueba escrita, por su carácter anónimo y estandarizado, permite evaluar con mayor objetividad la capacidad real de los postulantes para ejercer la magistratura, mientras que los antecedentes y la entrevista cumplen funciones complementarias.

Los proyectos incluyen referencias a estándares internacionales sobre independencia judicial, como pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y documentos de Naciones Unidas. En ese marco, se subraya la necesidad de contar con procedimientos basados en criterios objetivos, públicos y verificables, aplicados en condiciones de igualdad y con posibilidad de control institucional y ciudadano.

Vacantes judiciales: el envío de pliegos quedaría habilitado a partir de marzo

El fenómeno de las vacantes en el sistema judicial sumó un nuevo capítulo institucional durante la feria judicial luego de que el Poder Ejecutivo no incluyera el tratamiento de acuerdos para la designación de jueces en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzaron este lunes y tramitarán hasta el 27 de febrero, según lo dispuesto en el decreto 24/2026. De acuerdo con previsiones oficiales, el envío de pliegos al Senado podría iniciarse a partir de marzo y abarcaría 153 cargos de jueces federales, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos.

Ese escenario generó alertas en el ámbito jurídico. Para el caso, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el nivel de vacancias “pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia” y recordó la obligación constitucional del Poder Ejecutivo de remitir los pliegos al Senado. Datos del Consejo de la Magistratura de la Nación muestran que durante 2025 se elevaron solo 19 ternas, la cifra más baja de los últimos años.

Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la estrategia para cubrir las vacantes se orientará a respetar el orden de mérito de los concursos, con un criterio de “purismo” en la evaluación técnica de los antecedentes. El objetivo declarado es avanzar en un envío amplio de pliegos una vez retomada la actividad legislativa ordinaria.