A 15 años de la apertura de la causa, el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) fijó fecha de inicio para el juicio oral y público que investigará la presunta defraudación al Estado nacional en el marco del programa de viviendas “Sueños Compartidos”. La primera audiencia se realizará el próximo martes 11 de febrero a las 9, bajo modalidad virtual.
El proceso sentará en el banquillo de los acusados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo; al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López, y al ex subsecretario de la cartera, Abel Fatala, entre otros imputados.
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Riesgo de prescripción y desdoblamiento de la causa
La fijación de la fecha responde a una urgencia procesal crítica. Fuentes judiciales confirmaron que el expediente corre un riesgo inminente de prescripción en septiembre de este año, momento en que se cumplirán seis años desde el requerimiento de elevación a juicio y el ofrecimiento de prueba por parte de la Fiscalía, plazo que equivale al máximo de la pena prevista para el delito de defraudación a la administración pública.
Ante este escenario, el tribunal —integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg— resolvió avanzar únicamente con el tramo de la causa referido al desvío de fondos, postergando para una segunda instancia la investigación por lavado de activos. Esta estrategia busca asegurar una sentencia sobre el delito precedente antes de que se extingan los plazos legales.
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206 millones bajo la lupa
El objeto procesal del debate se centrará en el manejo de los recursos transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre marzo de 2008 y junio de 2011. Según la acusación fiscal, que estará representada en el juicio por el fiscal Diego Velasco, el Tesoro nacional giró un total de 748 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios.
La pericia contable y la instrucción determinaron que, de ese monto global, al menos 206 millones de pesos fueron desviados de su fin original. La hipótesis acusatoria sostiene que los fondos no se aplicaron a las obras en las provincias y municipios convenidos, sino que fluyeron hacia empresas controladas por los hermanos Schoklender —como la constructora Meldorek S.A.— y se utilizaron para gastos personales, compra de bienes suntuarios y financiamiento de actividades ajenas al objeto humanitario de la Fundación.
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La situación de los acusados
El juicio contará con la particularidad de juzgar a ex altos funcionarios que ya se encuentran cumpliendo penas de prisión efectiva.
- Julio De Vido: El ex ministro de Planificación asiste al proceso desde el penal de Ezeiza. Cuenta con condenas firmes por la Tragedia de Once y enfrenta otros juicios orales en simultáneo, como la Causa Cuadernos.
- José López: El ex secretario de Obras Públicas, detenido tras el episodio de los bolsos en el convento de General Rodríguez, purga condena por enriquecimiento ilícito y por la administración fraudulenta en la Causa Vialidad.
Por su parte, los hermanos Schoklender regresan al centro de la escena judicial. Su desembarco en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que derivó en el manejo discrecional de la caja del programa de viviendas, estuvo marcado desde el inicio por la controversia debido a sus antecedentes penales por el parricidio cometido en 1981.
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El expediente también incluía originalmente a Hebe de Bonafini, histórica presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien falleció en noviembre de 2022.
Testigos y responsabilidad política
La nómina de testigos aceptados por el Tribunal incluye a figuras de peso en la política nacional, fundamentalmente gobernadores e intendentes que gestionaban los distritos donde debían emplazarse las viviendas.
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Entre los citados a declarar se encuentran el actual senador nacional y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el ex gobernador de Misiones, Maurice Closs; el intendente de Tigre, Julio Zamora; y el ex intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi.
Durante la etapa de instrucción, estos funcionarios fueron indagados y posteriormente sobreseídos. El argumento validado por la Justicia fue que los mandatarios locales no tenían autonomía para elegir a las empresas constructoras, sino que la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo venía impuesta como “condición sine qua non” desde el Ministerio de Planificación Federal para liberar las partidas presupuestarias. Se espera que sus testimonios en el juicio oral ratifiquen esta mecánica de subordinación administrativa que facilitó el direccionamiento de los fondos.
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Cronología de una causa emblemática
El caso se inició en 2011 tras una serie de revelaciones periodísticas y denuncias que expusieron el nivel de vida ostentoso de los apoderados de la Fundación, incongruente con sus ingresos declarados. La causa recayó inicialmente en el juzgado del ex juez federal Norberto Oyarbide, cuya instrucción fue cuestionada por su lentitud y luego apartado.
En mayo de 2019, tras años de dilaciones y recursos defensivos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio oral. Sin embargo, la falta de fecha de inicio mantuvo el expediente paralizado en los tribunales de Comodoro Py hasta esta resolución de último momento, que busca evitar la impunidad por el paso del tiempo en uno de los expedientes de corrupción más simbólicos de la última década.
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