Selección de jueces: entre la promesa de rigor técnico y los reclamos por las vacantes

La crisis de vacantes en el sistema judicial argentino tiene cita en el Congreso para marzo, tras la confirmación de que el Gobierno Nacional no incluyó el tratamiento de acuerdos para designar jueces en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, según surge del decreto n° 24/2026.

El pronóstico, anticipado a Infobae por fuentes oficiales, apunta al inicio de marzo como horizonte para el envío de pliegos para 153 vacantes de jueces federales. El listado contempla además 37 fiscales y 45 defensores públicos. Actualmente, cerca del 37% de los cargos clave en la Justicia Nacional y Federal carecen de titular.

Ante este hecho, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, manifestó su preocupación y presentó este martes un pedido de pronto despacho ante el Poder Ejecutivo, haciendo reserva del derecho a acudir a la vía judicial.

El Gobierno, por su parte, se muestra decidido a romper con lógicas de administraciones previas. Fuentes del oficialismo aseveraron a Infobae que la selección se orientará hacia el “purismo técnico”, evitando el nombramiento de jueces con afiliaciones partidarias explícitas. Con este giro, el oficialismo planea desafiar al Senado remitiendo candidaturas ceñidas estrictamente al orden de mérito definido en los concursos, lo que colocaría a la oposición ante la disyuntiva de rechazar –o no– a los postulantes mejor calificados.

Cifras preocupantes

En su reclamo, el ex camrista y ex ministro de Justicia recordó que, en septiembre, distintas entidades como el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados realizaron un reclamo administrativo para forzar el envío de los pliegos de los cargos vacantes en la justicia federal y nacional.

Gil Lavedra expresó su alarma al advertir: “La cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”. Y agregó que es obligación del Ejecutivo “remitir los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.

Las cifras aportadas por el Consejo de la Magistratura permiten dimensionar el estancamiento: durante 2025 solo se enviaron 19 ternas al Poder Ejecutivo, la cifra más baja desde 2022. En contraste, en 2024 se habían remitido 96 expedientes. Para hallar una paralización similar es necesario retroceder a los periodos 2012 o 2013, cuando los enfrentamientos entre el gobierno de entonces y la Justicia alcanzaron un clima de máxima tensión.

La estrategia oficial

Para enfrentar la magnitud de las vacantes, la Casa Rosada desplegó una estrategia liderada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, destinada a reducir el impacto de la crisis en la administración de Justicia. El contexto es complejo: la Corte Suprema de la Nación opera con dos de sus cinco sillas vacías, mientras que las subrogancias se han convertido en un mecanismo habitual, obligando a decenas de magistrados a dividirse entre múltiples juzgados para paliar la ausencia de titulares. El fenómeno también afecta la velocidad y la calidad en la resolución de las causas.

Desde la Casa Rosada explicaron que la arremetida que se prevé para marzo se apoya en un proceso exhaustivo de revisión técnica de antecedentes, sin intervención de operadores políticos. El estudio de los 203 postulantes estuvo a cargo de equipos que revisaron caso por caso, depurando la nómina. “Los tenemos casi todos listos. Imaginamos que, una vez retomada la actividad legislativa ordinaria, estaremos enviándolos”, confirmaron fuentes del Ejecutivo a Infobae. El Ejecutivo apuesta a un envío masivo de pliegos que abarque tanto juzgados de primera instancia, cámaras, tribunales orales, fiscalías y defensorías actualmente vacantes.

Los negociadores de La Libertad Avanza ya adelantaron que dialogarán solo con “senadores serios que quieran realmente colaborar en cubrir las vacancias”, dejando entrever que evitarán negociaciones bilaterales con el sector kirchnerista. Insisten en que la agenda judicial está supeditada a las prioridades del presidente.