El futuro de la denuncia por fraude financiero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sustentada en documentos bancarios remitidos por Estados Unidos, enfrenta en estos días una decisión clave de la Justicia argentina. El núcleo del litigio reside en más de 3.000 páginas de registros bancarios ligados a la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, obtenidas mediante procedimientos de información en la justicia estadounidense.
Si la Cámara Criminal y Correccional ratifica la incompetencia dictada por la jueza Paula Petazzi, el expediente y toda la prueba documental podrían pasar al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora. Esta transferencia de jurisdicción afecta directamente la estrategia procesal de los denunciantes y acusados.
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En las últimas semanas de enero, el juez Luis Armella avanzó en la investigación de posibles maniobras de lavado y desvío de fondos, señalando en particular a cuatro sociedades constituidas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, que —según los documentos— habrían recibido al menos USD 42 millones pese a no registrar empleados ni actividad comercial declarada. La Nación consignó que en las próximas horas podrían activarse nuevas medidas patrimoniales sobre los implicados. Al respecto, fuentes judiciales señalaron que hay expectativa por la decisión del camarista Ignacio Rodríguez Varela, de quien depende la continuidad procesal del caso en el fuero penal ordinario o federal.
El origen de la disputa
El origen inmediato de esta disputa judicial se da tras la denuncia impulsada por Guillermo Tofoni el 29 de diciembre. El empresario acusó a la cúpula de la AFA, a Faroni y Gillette por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Tofoni decidió presentarse ante la justicia penal y correccional, tras haber sufrido reveses en la vía federal. Sin embargo, al día siguiente de la denuncia, la fiscal Silvana Russi solicitó remitir la causa al fuero federal de Lomas de Zamora, argumentando la necesidad de evitar investigaciones paralelas debido a la magnitud y complejidad de los hechos.
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“Atento a la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados, no corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas, en tanto se requiere una visión conjunta de los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas”, sostuvo la fiscal.
La jueza Petazzi acompañó el criterio de la fiscal y el 2 de enero declinó su competencia, para no generar “superposiciones innecesarias”. Tofoni apeló y la decisión ahora recayó en la Sala V, donde el camarista Rodríguez Varela debe resolver si corresponde mantener el caso bajo jurisdicción ordinaria o enviar todo a Lomas de Zamora. Esta resolución es clave, ya que determina el destino de todas las pruebas bancarias transferidas desde Estados Unidos sobre TourProdEnter.
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El expediente movilizó a la justicia durante el receso de enero. En el fuero federal, Armella allanó tanto el domicilio de Faroni en Nordelta como la sede de la AFA en la calle Viamonte. Entre la documentación incautada sobresale el contrato entre TourProdEnter y la AFA, cuyo contenido detalla que la empresa de Faroni recibió el 30% de todos los ingresos comerciales en el exterior y además el 10% de todas las salidas de dinero de logística desde diciembre de 2021.
Paralelamente, en Campana, el juez Adrián González Charvay analiza el expediente sobre la “mansión de Pilar”, investigación que fue trasferida a su jurisdicción a pedido de los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte.
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La actividad durante la feria
A comienzos de enero, los movimientos procesales continuaron: se notificó formalmente a los dirigentes de AFA, y por una breve instancia, fueron asistidos por defensor oficial hasta que designaron como representante al abogado Alejandro Higa, el mismo que impulsó en 2024 el amparo judicial contra la autorización para convertir clubes en sociedades anónimas deportivas.
Además, fijaron como domicilio legal la sede polémica de Mercedes 1.366, en Pilar, que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestiona como parte de una maniobra para evadir controles y donde solo se halló un cartel con el texto: “Próximamente, sede social y museo de los campeones del mundo”.
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La definición sobre el destino de las pruebas que aportó la justicia de Estados Unidos y la orientación que tomarán los expedientes conexos mantiene en vilo tanto a los magistrados como a los investigados. La Cámara Federal de La Plata podría decidir en las próximas semanas si el juzgado 2 de Lomas de Zamora retiene la competencia o si corresponde sortear un nuevo juez, lo que compromete el avance de la investigación sobre la trama financiera en el corazón del fútbol argentino.
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