El gobierno porteño denunció que personas muertas figuraban como beneficiarias en comedores comunitarios

Una reciente fiscalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reveló anomalías en la gestión de los comedores comunitarios. Entre los hallazgos, los funcionarios porteños afirmaron que personas fallecidas figuraban como beneficiarias en los listados para recibir raciones de comida, junto a titulares de automóviles, propiedades y hasta embarcaciones. El informe oficial detalla que más de 5.000 raciones fueron suspendidas por no poder ser justificadas, y se dispuso el cierre de cuarenta comedores “fantasma” que, según la investigación, no entregaban alimentos a quienes figuraban como destinatarios.

La inspección fue llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que cruzó los listados presentados por las organizaciones sociales hasta noviembre de 2025 con los registros oficiales de la Ciudad. Entre los beneficiarios se identificaron 454 personas fallecidas, 196 con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 con al menos dos vehículos, 476 personas con ingresos mensuales superiores a dos millones de pesos, 18 que superaban los cinco millones mensuales y 23 inscriptas en categorías altas de monotributo, con ingresos declarados superiores a dos millones y medio mensuales. Además, se hallaron 40 jubilados con haberes que superan los dos millones de pesos y cinco que perciben más de cinco millones.

El procedimiento permitió también identificar casos particulares, como el de un hombre que figura como beneficiario con trece propiedades y dos autos, otro con una embarcación y dos vehículos, y una persona que registró once automóviles a su nombre. En total, fueron más de medio centenar de situaciones irregulares encontradas en la red de 500 comedores porteños, según el reporte oficial.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó públicamente contra el dirigente Juan Grabois como uno de los responsables de las irregularidades detectadas. En un mensaje difundido en redes sociales, Macri afirmó: “Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso”.

Entre los espacios clausurados figuran algunos gestionados por el Movimiento Popular La Dignidad, organización vinculada a Grabois y a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En este marco, la Ciudad mencionó los casos de los comedores “Los Amigos”, en White 21 (Mataderos); “Caritas Felices”, en Scappino 6846 (Mataderos); y “Pekes”, en Bonorino 1851 (Flores), como ejemplos de espacios que nunca funcionaron como tales.

Las autoridades porteñas destacaron que la implementación de tecnología, mediante una aplicación de registro de beneficiarios, facilitó la identificación de cada asistido y el seguimiento de las raciones distribuidas. Según el Gobierno, esta herramienta permitió detectar irregularidades en tiempo real y asegurar que la asistencia alimentaria llegue efectivamente a quienes la requieren.

El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, sostuvo que “fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor”. Mraida agregó que, gracias a los controles, se logró que 35 chicos retomen la escuela y se inscriban en el ciclo lectivo 2026, mientras que 200 menores fueron conectados con distintas colonias de verano de la Ciudad. Además, explicó que dos comedores que habían dejado de recibir raciones por irregularidades detectadas con la organización social intermediaria fueron reabiertos de forma directa, sin terceras partes, restableciendo la cobertura para 50 familias.

El sistema de cobertura alimentaria porteño asiste actualmente a más de 250.000 personas por día, a través de comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores y mediante la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña. Las autoridades remarcaron que la fiscalización integral busca garantizar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente los necesitan, cerrando la puerta a posibles maniobras fraudulentas.

La denuncia se enmarca en un contexto de revisión amplia de la política social en la Ciudad, con especial énfasis en el control de los recursos y la transparencia en la distribución de alimentos.