La escandalosa audiencia protagonizada por el dirigente Juan Grabois y la funcionaria Leila Gianni ante la Cámara Federal pasó factura en los tribunales. Los gritos de “Kuka ladrona” versus “dejá de extorsionar a los pobres” tuvieron lugar en el pasillo pero minutos antes la audiencia de la que habían participado frente a los jueces no escapó al papelón.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico hicieron pública su postura de lo ocurrido en el marco de la cautelar que falló contra el Gobierno y le ordenó al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello entregar la información que le ordenó el juez Sebastián Casanello.
El juez Irurzun afirmó: “No puedo finalizar este acuerdo sin recoger cuanto ha ocurrido en la audiencia celebrada en esta Sala y cuyas particularidades han sido ampliamente difundidas por los propios participantes. Lejos de ser atenida al objeto recursivo, la misma se convirtió en una inmadura discusión entre personas que eligieron esa modalidad para representar a los verdaderos titulares del conflicto judicial, utilizando la ocasión y sus esfuerzos para exponer sus diferencias personales”.
“La audiencia no tenía por objeto escuchar ni a Leila Gianni ni a Juan Grabois, sino al Ministerio de Capital Humano y a la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros a través de sus representantes legales. Lamentablemente, las voces de aquellos a los que representan quedaron ocultas tras gestos violentos y agresiones verbales tanto dentro como fuera de la Sala de Audiencias, y el objetivo del acto, mucho más profundo, urgente y doloroso que los conflictos que tienen entre ellos, quedó desdibujado”, afirmó.
“Se insiste: Gianni y Grabois hablaron en la audiencia. El Ministerio de Capital Humano y la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros no. La oportunidad que tenían de ser escuchados, pasó. Conforme lo dicho, teniendo en cuenta la actitud de los involucrados durante la audiencia -cuyo devenir ha sido difundido por diversos medios públicos-, corresponde extraer testimonios de la presente y remitirla mediante oficio al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Ministerio de Capital Humano a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas de Juan Grabois y Leila Gianni”, advirtió.
Farah, por su parte, dejó un capitulo especial de su voto para analizar lo ocurrido. “En la audiencia realizada el día de ayer las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario. No expusieron cabalmente cuáles eran las razones de hecho y de derecho que sustentaban sus respectivas posiciones en la causa”, se señaló.
“Los pocos señalamientos en esa dirección se diluyeron. Por un lado, entre insultos, gritos y acusaciones recíprocas sobre quien es el responsable por la situación de extrema pobreza que azota a una parte importante de la población y sobre quien es el que debe recibir laureles por haber afrontado con eficacia esa situación -afirmó- Por el otro, entre sermones, suspicacias y hasta admoniciones y se deslizaron regaños anticipados por lo que suponen que este Tribunal habrá de resolver”, dijo.
En palabras de Farah: Grabois y Gianni “pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas. Los periodistas que asistieron a la audiencia podrán dar testimonio profesional de este espectáculo lamentable”.
“Estas apreciaciones me convencen de la necesidad de una resolución judicial proactiva, sin acudir a fórmulas jurídicas remanidas o sacramentales o a extensas argumentaciones que aburren”, afirmó antes de avalar la decisión de Casanello.
Boico votó en disidencia sobre la sanción pedida para los protagonistas. Pero en su voto en afirmó: “la discusión iniciada a partir de la apelación – replicada en la audiencia celebrada ante esta Cámara- transitó un carril que - lamentablemente- nada tiene que ver con la asistencia, la seguridad o la política alimentaria, sino con una cerrada defensa por parte del organismo donde lo único que ha dejado expresamente claro es que no cumplirán la manda judicial”.
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