El fiscal Carlos Stornelli solicitó este jueves que se amplíe el llamado a indagatoria contra el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. El requerimiento de Stornelli se basa en las amenazas proferidas por Cabello contra la dirigente política Elisa Trotta y su madre, Raquel Gamus.
El pedido fue elevado ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Sebastián Ramos. En estas actuaciones, el magistrado solicitó recientemente a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro con el objetivo de que el ex presidente venezolano sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria. Ayer, en esta misma causa, el juez decidió citar como testigo al gendarme Nahuel Gallo, quien regresó al país tras pasar más de 400 días cautivo en centros de detención de Venezuela.
Los hechos que motivaron la presentación de la fiscalía ocurrieron el 3 de diciembre de 2025. Esa noche, a las 22:18, Cabello utilizó su programa televisivo “Con el Mazo Dando”, emitido por la señal estatal Venezolana de Televisión, para apuntar de forma directa contra ambas mujeres. Como consecuencia de esas acciones, la madre de la activista suspendió su regreso a Venezuela, un viaje previsto originalmente para el 12 de abril de 2025. La mujer permaneció en territorio argentino.
La ampliación tramita a instancias de una denuncia formulada por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER). El dictamen fiscal describe una modalidad de terrorismo de Estado. Según el documento, el régimen utiliza la televisión y las redes sociales para anticipar quiénes serán objeto de desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones extrajudiciales.
El escrito expone métodos específicos como la denominada “Operación Tun Tun”. Esta práctica alude a los golpes sobre las puertas de las casas de quienes el gobierno elige de forma arbitraria para ser detenidos, torturados o asesinados. Luego, el aparato estatal difunde videos de los arrestos con música que remite a películas de terror y la imagen de barrotes que se cierran sobre la víctima. El objetivo central es infundir terror en la población civil.
La presentación de Stornelli incluye pasajes de la declaración testimonial de Trotta. En su exposición, la dirigente detalló la función de la emisión estatal. “Es un programa de televisión que maneja Diosdado Cabello, el segundo a cargo del régimen venezolano y quien esta formalmente a cargo de la represión del gobierno ya que fue nombrado Ministerio del Interior”, afirmó la víctima en sede judicial.
La activista agregó que el país caribeño padece una dictadura que “promueve y lleva adelante el terrorismo de estado y justamente a través de este programa, como es el caso, señalan a las personas contra las que va el régimen”. Luego, precisó su situación personal: “yo soy una activista y dirigente política que hace muchos años viene denunciando al régimen venezolano y en esta oportunidad me tocó a mí. Desde el 2011 resido en Argentina y desde el año 2019 aumentó mi exposición política”.
Trotta remarcó el alcance del conflicto ante las autoridades. “Consideramos que es una amenaza real, preocupante y que además lamentablemente hemos visto como la represión en Venezuela no solo se está circunscribiendo al territorio venezolano, sino que se ha extendido al ámbito internacional, denominada represión trasnacional”, expuso. También manifestó su temor ante posibles represalias locales: “hay un miedo que se traslada a mi persona directamente, por la posibilidad de que hagan algo estando yo en Argentina”.
El fiscal Stornelli enmarcó estas conductas como crímenes de lesa humanidad. Argumentó que los actos encuadran en el Estatuto de Roma como actos inhumanos y traslado forzoso de población. En el derecho interno, la conducta configura el delito de coacción en forma calificada, agravado por su finalidad de aterrorizar a la población civil. La intervención de los tribunales argentinos en hechos ocurridos en otro país se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, amparado por la Constitución Nacional y la legislación penal vigente.
Sobre Cabello ya pesa una orden de captura internacional dispuesta por el juzgado interviniente el 25 de septiembre de 2024. El titular de la acción penal destacó este punto en su escrito al solicitar que se amplíe el llamado a prestar declaración indagatoria, para lo cual recordó que dicha orden de detención se encuentra vigente. Ahora, el juez Ramos deberá resolver si hace lugar a esta nueva presentación.
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