La Justicia confirmó que Toviggino tendrá que ir en persona a su declaración indagatoria

La Cámara en lo Penal Económico rechazó una queja del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino en la causa por supuesta multimillonaria retención indebida de aportes. Pretendía declarar por Zoom para evitar el acoso

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Pablo Toviggino
"Chiqui" Tapia junto a Pablo Toviggino/@tapiachiqui

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino tendrá que ir en persona a prestar declaración indagatoria el próximo 11 de marzo, imputado por una supuesta multimillonaria retención indebida de aportes por parte del organismo. Lo ratificó la Cámara en lo Penal Económico al denegar este jueves una queja de su defensa, que buscaba evitar la visita al juzgado y cumplir el trámite por videoconferencia.

El Tribunal de Apelaciones intervino así para revisar esa decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante y ratificó lo resuelto por el magistrado.

Los camaristas de la sala A, Carolina Robiglio y Roberto Hornos advirtieron que si el juez que lleva adelante una investigación entiende que “la comparecencia de la persona convocada a prestar declaración indagatoria debe ser presencial en los estrados del tribunal a su cargo, el acto debe tener lugar de la manera establecida”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Esta decisión no puede verse como causa de “perjuicio alguno” al imputado, agregaron.

Primer plano de Diego Amarante, un hombre de mediana edad con cabello gris, traje oscuro y corbata clara, sonriendo
El juez Diego Amarante, a cargo de la causa por presunta apropiación indebida de aportes.

Además, se recordó que ya se ordenaron medidas para garantizar la seguridad de los convocados a declarar en la sede del juzgado en Avenida de los Inmigrantes 1950, entre ellos el titular de AFA Claudio “Chiqui” Tapia citado para el 12 de marzo.

Evitar una “innecesaria exposición”

Al pedir que el trámite se cumpla de manera remota por Zoom, la defensa apuntó a evitar una “innecesaria exposición” para Toviggino y advirtió que “debe tener tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez…”. Además argumentó que “la comparecencia personal en este caso representa un factor de riesgo, debiéndose preservar también su integridad física”.

Cuando rechazó el pedido, el juez Amarante evaluó que “las circunstancias invocadas no resultan atendibles para que este tribunal se aparte del criterio reiteradamente aplicado en orden a la necesaria presencialidad del imputado para dar cumplimiento al acto procesal establecido por el artículo 294 del código de forma”, es decir, la indagatoria.

Entre las medidas ordenadas por el juez para reforzar la seguridad para los días en que están citados Tapia y los demás dirigentes, se pidió a la Secretaría de Superintendencia de la Cámara del fuero que disponga los medios necesarios para “evitar el tránsito o la permanencia de personas en las adyacencias del ingreso” al juzgado, incluidos pasillos y escaleras, para “garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los actos procesales dispuestos”.

La acusación: multimillonaria retención de aportes

En la causa se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tapia debía presentarse este jueves pero cambió de abogado defensor y el trámite se reprogramó para el 12 de marzo.

La Cámara del fuero tiene a estudio la apelación de la defensa de Tapia y de la AFA, que hasta ayer ejercían los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, contra el rechazo al sobreseimiento y cierre de la denuncia por “excepción de falta de acción”, es decir, inexistencia de delito. Los defensores plantearon que las indagatorias debían suspenderse hasta que el Tribunal resuelva, pero el juez también denegó este reclamo.

También debe decidir apelaciones que buscan revocar la prohibición de salida del país impuesta por Amarante.

La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 durante 19 meses.

Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

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