El gobierno porteño presentará este jueves el proyecto para crear su propia Justicia del Trabajo

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires enviará este jueves a la Legislatura porteña los proyectos de ley para crear su propia justicia del trabajo. Así se lo adelantaron a Infobae fuentes oficiales que trabajaron en la iniciativa que ayer fue presentada ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que tendrá la función de poner en marcha los nuevos tribunales.

Se trata de una serie de reformas a leyes locales con la creación de juzgados, fiscalías y defensorías oficiales laborales de primera instancia y una cámara de apelaciones y la sanción del “Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que tiene 217 artículos. Las iniciativas serán enviadas a Clara Muzzio, presidenta de la legislatura, para poner en marcha su debate.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, había hecho el anuncio el 1 de marzo pasado en la apertura de las sesiones de la Legislatura y ahora se concreta con los envíos de los proyectos que elaboró el Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, quien ayer se reunió con los integrantes del Consejo para explicar los alcances de la iniciativa.

El fundamento es que CABA busca avanzar con su autonomía consagrada en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y con la transferencia de las competencias judiciales que se deben dar por acuerdos con el gobierno nacional. Eso se logró con la justicia penal donde la Ciudad recibió varios delitos de los tribunales nacionales. En el territorio porteño ya existe la justicia penal, contravencional y de faltas y la justicia en lo contencioso, administrativo y tributaria. Además de contar con su Tribunal Superior de Justicia.

Pero no sobre la justicia laboral y, ante eso, decidió ir por sus propios tribunales. El proyecto contempla la creación de 10 juzgados del trabajo de primera instancia con dos fiscalías y dos defensorías oficiales; una cámara de apelaciones con dos salas con tres jueces cada una de ellas y un fiscal y un defensor de cámara. Y un asesor tutelar de primera instancia y otro de cámara.

Sin embargo, el gobierno porteño no renuncia a la transferencia de la justicia nacional del trabajo. La iniciativa dice que la creación “no obsta a la celebración de un acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Federal para la transferencia de los juzgados nacionales del Trabajo y las correspondientes partidas presupuestarias”.

Pero eso generará una disputa. Desde la justicia nacional rechazan el traspaso. No solo de los tribunales del trabajo, sino de todos. Así ya lo expresaron la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Cámara Nacional del Trabajo en enero pasado cuando el gobierno de Javier Milei incluyó en su proyecto de Ley Ómnibus un artículo que instruía al Poder Ejecutivo a firmar todos los acuerdos para traspasar a la Ciudad en un plazo de tres años la Justicia nacional. Finalmente, el artículo se quitó del proyecto y la ley bases se retiró del Congreso, aunque ahora se volverá a discutir.

Desde la justicia nacional señalan que muchas de la decisiones de la justicia del trabajo tienen efecto en todo el país, no solo en la ciudad, por eso su carácter de federal. Y ponen en debate que la Constitución Nacional le de a la ciudad el status de provincia. Se augura un conflicto político y judicial. Pero la Corte ya planteó en varias fallos que el traspaso se debe hacer.

El proyecto contempla que la justicia del trabajo tratará los temas laborales de aquellas personas y empresas que están radicadas en CABA. “Se determina la competencia material de la Justicia laboral local en toda demanda derivada de un contrato de trabajo celebrado y/o ejecutado en el ámbito de CABA como las demandas de tercerías, trámites de regulación de honorarios judiciales y extrajudiciales y aquellas acciones que hubieran tramitado ante ella y que le hubiere declarado expedita la vía judicial al trabajador”, dice la iniciativa.

También propone un Código Procesal del Trabajo. Entre otros puntos establece la oralidad y la digitalidad plena en todas las instancias de la causa y que el juez pueda conciliar con las partes durante todo el trámite del expediente antes de dictar una sentencia.

Los proyectos, una vez aprobados, le dan al Consejo de la Magistratura de la Nación un plazo máximo de 180 días “para la integración de los órganos que conforman la justicia del Trabajo” y un plazo de un año al Consejo y al Ministerio de Justicia de la ciudad para elaborar “un plan para la gradual conformación de las Cámaras de Apelación del Trabajo y los Juzgados del Trabajo, y su puesta en funcionamiento”.