Sin esperar el traspaso de la Nación, el Gobierno porteño avanza con la creación de su propia Justicia laboral

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene la decisión tomada. Sabe que irán a un conflicto político y judicial. Pero a pesar de eso entienden que deben hacerlo por una cuestión de autonomía y decisión política. Es la creación de una Justicia del trabajo propia que se sumará a los tribunales penales y contenciosos que ya tiene CABA.

La decisión implica quitarle competencias a la Justicia nacional del trabajo y un inevitable choque con esos tribunales. Pero también con la Justicia nacional en su conjunto, que resiste ser transferida al ámbito porteño. Así lo expuso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la propia Cámara del Trabajo en las últimas semanas cuando el gobierno de Javier Milei incluyó en su proyecto de Ley Ómnibus un artículo que instruía al Poder Ejecutivo a firmar todos los acuerdos para traspasar a la Ciudad en un plazo de tres años la Justicia nacional. Finalmente, el artículo se quitó y la discusión quedará para las sesiones ordinarias del Congreso.

Fuentes oficiales confiaron a Infobae que Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, avanza con sus equipos técnicos en la redacción de los proyectos de ley para la creación del fuero del trabajo que serán presentados en la Legislatura. La expectativa es que ese camino -que será largo- comience a transitarse en marzo.

“Estamos decididos a crear un fuero laboral para que los conflictos individuales tengan un abordaje local”, dijo Tapia la semana pasada en una columna que escribió en este medio.

La discusión viene desde la reforma de 1994 de la Constitución Nacional que le dio a CABA “un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”. La Ciudad puja por concretar su autonomía plena como Estado y poder administrar sus fuerzas de seguridad, su Justicia, el puerto y otras funciones en manos del gobierno nacional. Algunas se concretaron. Por ejemplo, con la creación de la Policía de la Ciudad. En materia judicial se fijaron convenios de traspaso de los tribunales nacionales que están en Buenos Aires. Así, en materia penal se transfirieron algunos delitos y se creó el fuero contencioso, administrativo y tributario.

Desde que Mauricio Macri fue jefe de Gobierno el objetivo era concretar lo mismo con la Justicia laboral. Su primo, Jorge Macri, buscará ahora lograrlo. No es casual que se priorice la justicia del trabajo cuando hay otras como la civil, la de familia o la comercial que también podrían ser parte de la ciudad.

“Es una decisión política tener una Justicia laboral”, le dijo a Infobae uno de los funcionarios que trabaja en el tema. Desde el PRO siempre hubo una mirada crítica al funcionamiento de la Justicia laboral. “Industria del juicio”, repiten para plantear que es uno de los obstáculos para generar trabajo. “No hay duda de que la Justicia del trabajo tiene que tener otra mirada, más cercana al empresario que es el que crea puestos de trabajo”, señalan en la sede de Uspallata. Apuestan a que una nueva justicia sea más ágil porque tendrá menos causas y la celeridad ayudará a la economía.

La Ciudad tiene dos vías para avanzar en su plan. Una es firmar con el gobierno nacional los acuerdos de transferencias, tal como establecía el proyecto que se envió al Congreso. “Pero es la más difícil. No vemos al gobierno en esa línea”, dicen. Lo plantean porque retiraron del proyecto ómnibus la ratificación del traspaso.

A eso se suma que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dijo a principios de diciembre en su primer encuentro con la AMFJN que si bien el traspaso era algo inevitable, no será inmediato, sino para una última etapa del gobierno de Milei.

Así, el Gobierno porteño irá por la creación de su propia Justicia laboral. La idea es compartir la jurisdicción con la Justicia nacional. Así, la Ciudad tendría potestad para conflictos individuales, como por ejemplo el despido de un empleado. Y la nacional del trabajo para los reclamos colectivos, como los que pueden hacer un gremio en su conjunto o cuando se planteen reclamos contra la ley de asociaciones sindicales. También el reclamo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno que la Confederación General del Trabajo (CGT) planteó contra sus reformas laborales tramitaría en la justicia nacional.

Ese es el objetivo de los proyectos que se están redactando.

En la Ciudad creen que con esa división las objeciones no serían tan resonantes como con el traspaso total. Pero críticas habrá y no descartan que el tema sea judicializado y termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí confían que le darán la razón. El máximo tribunal tiene distintos fallos en los que avaló la autonomía de la Ciudad y el traspaso de la Justicia nacional.

El plan del Gobierno porteño se da en un contexto especial. Por un lado, Milei avanza con una serie de reformas laborales que se plasmaron en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70. Ese capítulo fue objetado por varias entidades como la Confederación General del Trabajo (CGT) o la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que lograron en la justicia medidas cautelares que tiene suspendida la reforma y un fallo que invalidó seis artículos del DNU.

Y por otro lado en la Justicia nacional está en alerta. Con el proyecto, finalmente retirado por el momento del Congreso, para completar el traspaso en tres años, desde los tribunales nacionales salieron a ratificar sus objeciones.

La Cámara del Trabajo sacó una resolución a mediados de mes en la que rechazó el traspaso y planteó que “muchas de las decisiones del fuero laboral se proyectan sobre todo el territorio de la República Argentina y tienen efectos concretos para los habitantes de las distintas provincias”, por lo que ratifican su condición de nacional. “Los tribunales de la ciudad de Buenos Aires no son ‘provinciales’, simplemente porque la ciudad no es una provincia. Esto es así por expresa decisión del constituyente de 1994, que en cada caso en que quiso equiparar a la ciudad con las provincias lo hizo expresamente”, agregaron los jueces de la Cámara del Trabajo.

También la Cámara Civil emitió una resolución crítica y Andrés Basso, presidente de la AMFJN, entidad política y gremial que nuclea a todos los jueces y fiscales nacionales y federales, reunió la semana pasada a los presidentes de las Cámara Nacionales para rechazar el traspaso. “La Asociación sostiene que la Justicia nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente”, sostuvo la entidad que expuso hace 10 días en el Congreso, a través de su ex presidente Marcelo Gallo Tagle, su postura en contra.

El Gobierno porteño también cuenta con una partida presupuestaria de 580 millones de pesos para su Justicia laboral. Así consta en el presupuesto del Consejo de la Magistratura de la ciudad. Pero saben que de concretarse la creación -deben contar con la aprobación en la Legislatura- la puesta en marcha no será inmediata. Se necesita crear la estructura, hacer los concursos para designar jueces y fiscales, contratar personal y sancionar un código del trabajo.

“La decisión está tomada”, dicen en la Ciudad y saben que eso implicará una discusión con los tribunales nacionales.