Ron DeSantis suspendió por primera vez en su mandato una ejecución en Florida: el condenado padece demencia e insuficiencia cardíaca

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró la orden de ejecución contra William Lee Thompson, un condenado a muerte de 74 años que debía recibir una inyección letal el martes 13 de octubre por el secuestro y asesinato de Sally Ivester en 1976.

La decisión suspendió la ejecución, pero no revocó la pena de muerte. Thompson permanecerá en el corredor de la muerte y la fiscalía estatal podría solicitar que se fije una nueva fecha de ejecución.

El funcionario no explicó en la carta dirigida al alcaide de la Prisión Estatal de Florida, Randall Polk, los motivos de la anulación de la orden. La medida marca la primera vez que el gobernador retira un mandato de ejecución desde que asumió el cargo, informó Associated Press.

La decisión de DeSantis se produce en un contexto de creciente atención sobre los protocolos de ejecución en Estados Unidos. En Tennessee, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones y ordenó una investigación después de que Christa Pike sobreviviera a la administración de dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre.

La defensa había advertido sobre demencia e insuficiencia cardíaca

Los abogados de Thompson y organizaciones opositoras a la pena capital habían advertido que el recluso padecía demencia, insuficiencia cardíaca y otros problemas médicos. Tras la firma de la orden, la defensa notificó al gobernador que su estado físico y mental comprometía su capacidad para comprender la ejecución, reportó CBS News Miami.

Grace Hanna, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte, afirmó que Thompson no sabía dónde estaba, creía que George Bush era presidente y, en ocasiones, no reconocía que había sido condenado a muerte.

Menos de una semana después de firmar la orden, DeSantis encargó a una junta de tres psiquiatras que examinara al preso. En su disposición ejecutiva, el gobernador señaló que el abogado defensor alegó que un neuropsicólogo había concluido que Thompson podría cumplir los criterios de insanía debido a la demencia y al deterioro cognitivo.

La evaluación estaba prevista para el 1 de octubre y el informe debía entregarse al día siguiente. Posteriormente, DeSantis retiró la orden. Horas antes, la Corte Suprema de Florida había rechazado una solicitud de suspensión presentada por la defensa.

La abogada Bri Lacy dijo a Associated Press que el equipo jurídico recibió la decisión con alivio y expresó que esperan que sea tratado médicamente: “Ahora que el señor Thompson ya no está sujeto a una orden de ejecución, esperamos que el Departamento Correccional de Florida (FDOC) lo traslade a un centro médico adecuado y le proporcione la atención que necesita”.

Thompson seguirá en el corredor de la muerte de Florida

Thompson fue detenido dos días después de los hechos ocurridos el 30 de marzo de 1976 en un motel del condado de Miami-Dade. Según registros judiciales citados por CBS News Miami, él, Rocco Surace, Ivester y Barbara Savage se alojaban juntos en una habitación del complejo.

Thompson y Surace exigieron a las mujeres que pidieran dinero a sus familias. Cuando Ivester solo logró obtener USD 25 de su familia, fue llevada a otra habitación, donde sufrió agresiones con un cinturón de cadena, una porra y una pata de silla, además de quemaduras con cigarrillos y encendedores.

Tras un nuevo intento de pedir dinero a su madre, las agresiones continuaron hasta que murió a causa de hemorragias internas y múltiples lesiones. En ese entonces, Savage declaró que temía por su vida si intentaba escapar de la habitación.

En un primer momento, Thompson aseguró ser inocente, pero más tarde se declaró culpable de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. Fue condenado a muerte el 17 de junio de 1976.

La Corte Suprema de Florida anuló esas condenas en 1977 y le permitió retirar su declaración de culpabilidad. En 1978, volvió a declararse culpable y fue condenado nuevamente a muerte.

Posteriormente, el caso fue objeto de nuevas revisiones judiciales. Una orden de ejecución firmada en 1982 fue suspendida por un tribunal federal y, en 1987, la Corte Suprema estatal anuló otra sentencia de muerte.

En una audiencia de sentencia celebrada en 1989, un jurado recomendó la pena capital por siete votos contra cinco. El tribunal volvió a imponerla y la máxima corte estatal la confirmó. Los posteriores intentos de apelación fueron rechazados.

Surace también recibió inicialmente una condena a muerte y fue anulada en una apelación. En un nuevo juicio, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua, luego de que Thompson asumiera la responsabilidad por el homicidio. Murió en prisión en 1993.

La otra ejecución prevista para el martes sigue en pie

Otra ejecución prevista en Florida para esa misma fecha sigue programada. James Robertson, de 63 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado y renunció a apelar por la muerte, en 2008, de su compañero de celda Frank Hart en el Centro Correccional Charlotte, al norte de Fort Myers.

De acuerdo con Associated Press, Robertson declaró a los investigadores que estranguló a Hart para ser trasladado al corredor de la muerte.

Florida ejecutó a 19 personas el año pasado, la cifra más alta desde el restablecimiento de la pena capital en 1976. En julio, el estado se convirtió en el primero en casi una década en ejecutar a dos presos en un mismo día.