California concentra casi una cuarta parte de todos los condenados a muerte en Estados Unidos: 563 personas que llevan años en el corredor de la muerte sin que el estado ejecute a ninguna desde 2006.
Ahora, la decisión de qué hacer con ellas podría recaer sobre el escritorio del gobernador saliente, y el resultado podría reescribir la historia de la pena capital en el país.
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Dos fuentes cercanas al entorno de Gavin Newsom confirmaron al New York Times que el mandatario demócrata lleva meses evaluando la medida y que las conversaciones con sus asesores se intensificaron tras la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee la semana pasada.
En los últimos días, Newsom multiplicó llamadas, reuniones y videoconferencias para analizar sus opciones, según personas al tanto de las deliberaciones que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a revelar conversaciones internas.
Un debate que divide a sus asesores más cercanos
Las opiniones entre los colaboradores más próximos del gobernador están divididas. Un sector le urge a dar un paso audaz que deje plasmada su oposición moral a la pena de muerte antes de dejar la gobernación.
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Otro sector le advierte que una decisión de esa envergadura podría exponerlo a ataques políticos que lo cataloguen como demasiado indulgente con asesinos convictos.
“Me están lloviendo consejos: ‘No lo hagas, no lo hagas’”, admitió Newsom en un episodio reciente de su podcast, en el que insinuó la posibilidad sin revelar detalles. “Política. Eso es lo mejor que pueden ofrecer”, añadió.
La medida que contempla el gobernador convertiría todas las condenas a muerte actuales en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El precedente más cercano en la historia del país data de 2003, cuando el entonces gobernador republicano de Illinois, George Ryan, conmutó las penas de 167 presos antes de abandonar el poder.
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Quiénes están en el corredor de la muerte
Entre los 563 condenados figuran asesinos de amplia notoriedad: Richard Allen Davis, quien secuestró y mató a Polly Klaas, una niña de 12 años, en 1993; Cary Stayner, responsable del asesinato de cuatro mujeres cerca de Yosemite en 1999, y el asesino en serie de la década de 1980 Charles Ng.
El camino recorrido hasta aquí
En enero de 2006, cuando Arnold Schwarzenegger ocupaba la gobernación, se llevó a cabo la última ejecución en el estado. Semanas después, un juez federal bloqueó la práctica y la cuestión quedó atrapada en disputas judiciales durante años.
En 2019, Newsom impuso una moratoria ejecutiva que suspendió las ejecuciones durante su mandato. Sin embargo, esa medida no redujo las condenas de los presos en el corredor de la muerte ni impidió que los fiscales siguieran pidiendo la pena capital en nuevos casos.
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El gobernador también ordenó desmantelar la cámara de ejecuciones de la prisión de San Quintín y trasladó a muchos reclusos del corredor de la muerte a otras instalaciones penitenciarias, priorizando programas de rehabilitación.
El favorito para suceder a Newsom, el también demócrata Xavier Becerra, se comprometió a mantener la moratoria si resulta elegido gobernador.
Pero una conmutación masiva iría más lejos: a diferencia de la moratoria, ningún gobernador futuro podría revertirla.
La legislación de California permite al gobernador otorgar clemencia de forma unilateral a reclusos con una sola condena, pero en los casos de internos con múltiples condenas por delitos graves —que representan más de la mitad de los afectados— la decisión debe contar con la aprobación del Tribunal Supremo estatal.
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Las voces a favor y en contra
La posible decisión genera resistencia entre quienes representan a las familias de las víctimas. Topo Padilla, presidente de Crime Victims United, ya se opuso a la moratoria de 2019 y advirtió que transformar condenas a muerte en cadena perpetua agravaría el sufrimiento de quienes perdieron a un ser querido.
“Que este gobernador revierta lo que determinó un juez o un jurado que dictó la pena de muerte me parece indignante”, declaró Padilla a The New York Times.
Por su parte, quienes impulsan la conmutación argumentan que podría tener rédito político en unas primarias presidenciales demócratas.
Natasha Minsker, abogada californiana que lleva más de dos décadas al frente de iniciativas para abolir la pena capital, sostuvo que “los votantes buscan líderes genuinos, que actúen conforme a sus valores y no como políticos típicos”, dijo a The New York Times.
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No obstante, la postura tiene detractores también dentro del campo demócrata moderado. Matt Bennett, estratega que trabajó en las campañas presidenciales de Bill Clinton, consideró que una conmutación masiva complicaría las aspiraciones presidenciales de Newsom.
“La pena de muerte sigue contando con respaldo en muchas partes del país y él invitaría a que lo atacaran por ser demasiado liberal”, señaló.
La fe y la moral como brújula política
A lo largo de su carrera política, Newsom, de confesión católica, describió la pena de muerte como una aberración moral marcada por sesgos raciales.
En 2024, el Papa Francisco lo saludó con entusiasmo durante una visita al Vaticano, donde reconoció su moratoria y lo llamó, según relató el exasesor Jason Elliott, “el hombre de la pena de muerte”.
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“Pude ver claramente que eso lo conmovió”, recordó Elliott al diario.
El mes pasado, Newsom grabó una extensa conversación en Alabama con Bryan Stevenson, uno de los abogados más influyentes en el movimiento abolicionista, para su podcast.
Durante el diálogo, el gobernador pareció exponer su dilema en voz alta: “¿Conmuto el corredor de la muerte más grande del hemisferio occidental?”, preguntó. “Creo que sí”, respondió Stevenson, “y creo que se convertiría en un momento decisivo para este país”.
La encuesta más reciente de Gallup muestra que el 52 % de los estadounidenses apoya la pena de muerte para el delito de homicidio, frente al 80 % registrado en 1994. La oficina del gobernador indicó que Newsom aún no tomó ninguna decisión sobre las conmutaciones.
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