California estudia un mecanismo para que los gobiernos locales compren viviendas costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar, las alquilen mientras sigan siendo habitables y las demuelan antes de que el océano las vuelva inutilizables.
La fórmula, aún sin vigencia por los vetos del gobernador Gavin Newsom a dos proyectos de ley, busca financiar una retirada planificada y evitar que la respuesta llegue después de una inundación o del colapso de una construcción.
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El esquema permitiría que una ciudad, un condado u otra entidad pública adquiera de forma voluntaria una propiedad frente al mar cuando todavía conserva valor.
El inmueble se arrendaría a precio de mercado durante los años en que resulte seguro ocuparlo. Cuando la erosión o las inundaciones hagan inviable su uso, la construcción sería demolida y el terreno podría recuperarse como playa, humedal, parque u otra defensa natural.
La propuesta parte de una premisa: comprar antes de la emergencia puede resultar menos costoso que pagar rescates, limpieza, obras temporales y reconstrucciones una vez que el agua alcanzó las viviendas.
Según informó Los Angeles Times, especialistas en adaptación climática sostienen que un programa piloto aún podría probar ese modelo en California.
El programa combinaría una compra voluntaria con alquileres a precio de mercado
El senador estatal Ben Allen, demócrata de Santa Mónica, presentó el mecanismo por primera vez en 2021 mediante el Proyecto de Ley del Senado 83.
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La iniciativa contemplaba préstamos a bajo interés para que los gobiernos locales compraran inmuebles expuestos al mar y recuperaran parte del desembolso con los alquileres.
Para los propietarios, la alternativa ofrecía una venta antes de que una casa quedara dañada o perdiera buena parte de su valor.
Para las administraciones públicas, el alquiler temporal buscaba reducir el costo neto de la adquisición y dar tiempo para planificar el destino final del lote. No se trataba de desalojos obligatorios ni de una demolición inmediata.
Allen volvió a presentar el plan en 2022 como el Proyecto de Ley del Senado 1078, con cambios tras las consultas legislativas y el respaldo de gobiernos locales, incluso del condado de Humboldt. La propuesta seguía limitada a un programa piloto, pero volvió a quedar sin efecto por un veto de Newsom.
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El gobernador Newsom argumentó en el primer veto que el proyecto no resolvía de forma integral un gasto que probablemente se extendería por décadas.
Newsom, cuyo mandato concluye el 4 de enero de 2027, dejará el cargo cuando asuma el gobernador electo Xavier Becerra.
En su mensaje de veto, planteó que la selección de las propiedades debía evaluarse dentro de un plan estatal más amplio. El debate quedará abierto para la próxima administración mientras varias comunidades afrontan una erosión costera cada vez más costosa.
La previsión es evitar gastos de emergencia cuando el daño ya es irreversible
Defender cada tramo de costa con diques, muros de contención o bolsas de arena puede proteger edificios en el corto plazo, pero esas obras pueden alterar el movimiento de sedimentos y acelerar la pérdida de playa frente a la estructura. La reposición de arena también exige inversiones repetidas y solo funciona mientras el material se mantenga en la costa.
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El llamado retiro planificado propone otra secuencia: trasladar o eliminar infraestructura vulnerable antes de que el riesgo se convierta en una emergencia.
La compra con alquiler temporal pretende resolver uno de los principales obstáculos políticos de esa estrategia, porque permite a los dueños vender en condiciones de mercado y a los inquilinos ocupar la vivienda durante un período definido.
Un estudio del National Institute of Building Sciences, citado en el debate legislativo, estimó que la sociedad evita al menos USD 6 en pérdidas y gastos por cada USD 1 invertido en adquirir o demoler edificios expuestos a inundaciones antes de un desastre. Ese cálculo no asegura que cada operación arroje ganancias, pero respalda la idea de anticipar la intervención.
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Allen defendió el proyecto ante sus colegas con un argumento financiero: “No queremos que esto sea una pérdida neta para los contribuyentes. En algunos casos incluso podría generar ganancias”. El senador vinculó esa anticipación con los costos que California afronta al responder a otros desastres climáticos.
Hasta USD 20.000 millones en bienes costeros enfrentarían inundaciones hacia 2050
El riesgo no se limita a viviendas aisladas. Analistas de la Legislatura estatal advirtieron en 2019 que entre USD 8.000 millones y USD 10.000 millones en propiedades de la costa de California podrían quedar permanentemente bajo el agua hacia 2050. Otros USD 6.000 millones a USD 10.000 millones podrían sufrir inundaciones durante mareas altas.
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El informe señaló que las decisiones tomadas —o aplazadas— en la siguiente década influirían en el futuro del litoral. La dificultad consiste en que un inmueble puede seguir siendo valioso para su propietario aunque los mapas de riesgo indiquen que su protección será cada vez más difícil.
A.R. Siders, investigadora sobre relocalización comunitaria en el Disaster Research Center de la Universidad de Delaware, consideró que un ensayo acotado permitiría a California recuperar iniciativa en la planificación costera.
“Lo que tenía de bueno esta propuesta sigue siendo bueno”, declaró al diario. “Parece caro, pero el costo de comprar unas pocas propiedades no es tan alto frente a todo el dinero que destinamos a responder a desastres”.
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Julia Stein, subdirectora del Emmett Institute on Climate Change and the Environment de UCLA, participó en el diseño de la iniciativa con el equipo de Allen.
La especialista sostuvo que el mecanismo daría a los residentes una forma de mudarse antes de que las pérdidas materiales o una evacuación precipitada condicionen la decisión.
Pacifica expone el costo de reaccionar después de la erosión
La ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco, concentra algunos de los ejemplos más visibles de una retirada sin planificación.
Durante el episodio de El Niño de 2016, imágenes aéreas mostraron edificios de apartamentos al borde de un acantilado erosionado por las olas. Los inmuebles afectados siguen cercados y una disputa de expropiación se prolongó durante años.
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Según informó Los Angeles Times, responder a las emergencias costeras de esa única temporada de El Niño costó USD 16 millones a Pacifica. El diario señaló que el presupuesto operativo municipal era entonces de USD 36 millones y dependía en gran medida de los impuestos a la propiedad.
El caso ilustra el dilema que buscaban prevenir las iniciativas: cuando el peligro se vuelve inmediato, disminuyen las alternativas y aumentan los costos públicos.
Charles Lester, director del Ocean and Coastal Policy Center de la Universidad de California en Santa Bárbara y exdirector ejecutivo de la Comisión Costera de California, advirtió que la ausencia de una salida ordenada deja a las ciudades ante medidas urgentes, como acumulaciones de rocas en la playa y el recurso posterior a seguros o ayudas por desastre.
Investigadores de posgrado de esa universidad evaluaron la viabilidad financiera de la compra con alquiler posterior en comunidades como Pacifica, Carpinteria y Stinson Beach.
John Keener, exalcalde de Pacifica, lamentó que California no haya puesto en marcha el programa: “Si ahora lleváramos algunos años con él, algunas de estas propiedades probablemente ya estarían pagadas hasta la mitad”.
Los daños de los últimos años mantienen vigente la discusión. Las tormentas de enero de 2023 destruyeron parte del muelle de Capitola, y el oleaje de octubre de 2026 dañó más de 114 viviendas y otras estructuras en Huntington Beach.
Sin una ley que habilite el piloto, la compra, el alquiler transitorio y la demolición preventiva siguen siendo una propuesta para responder al avance del océano antes de la emergencia.
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