Cómo se sigue el rastro del dinero en una trama en la que todo parece legal, según los expertos: análisis del caso Plus Ultra de Zapatero

Inscribir una sociedad, firmar un contrato, emitir una factura y realizar un pago por transferencia pueden ser operaciones perfectamente legales. También pueden ser la estructura formal bajo la que se mueve el dinero en una compleja trama económica. Esa es precisamente una de las dificultades que plantea el caso Plus Ultra, de la que supuestamente José Luis Rodríguez Zapatero es el cabecilla (aún está por ver). Es decir, determinar si esas operaciones responden a una actividad real o si forman parte de un entramado creado para mover fondos, simular servicios o dificultar la identificación del beneficiario final.

Para entender cómo se investigan las tramas económicas cuando en apariencia todo parece legal, Infobae ha hablado con Juan Carlos Galindo, investigador y perito judicial especializado en delincuencia económica y prevención del blanqueo, y con José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para detectar las señales que hacen saltar las alarmas, especialmente en el caso Zapatero.

La Audiencia Nacional investiga el posible destino de parte del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia y el papel que tuvieron consultoras y sociedades vinculadas al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La ayuda, aprobada en 2021, se articuló mediante un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

Entre las piezas clave de la investigación aparecen Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, y What The Fav, agencia de comunicación vinculada a las hijas del expresidente. Según las informaciones judiciales publicadas, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a What The Fav. El expresidente niega haber cobrado comisiones indebidas y defiende que los pagos respondían a trabajos de consultoría. Su declaración como investigado, prevista inicialmente para el 2 de junio, ha sido aplazada a los días 17 y 18 de junio para que su defensa pueda estudiar la causa. El procedimiento sigue en fase de instrucción y todos los investigados están amparados por la presunción de inocencia.

Cuando una empresa sospechosa puede parecer legal

La primera dificultad, según Galindo, es que una sociedad sospechosa puede parecer normal desde fuera. Puede estar inscrita, tener objeto social y emitir facturas. Por eso, explica, la investigación no se queda en la existencia formal de la empresa, sino que analiza sus cuentas, su actividad, sus proveedores, sus contratos y la documentación que respalda cada operación.

“A simple vista” no siempre se puede saber si una empresa es legal o no, resume el experto. En su opinión, una de las primeras señales de alerta aparece cuando la actividad declarada no deja huella suficiente en la contabilidad. “Por ejemplo, si no tiene aprovisionamientos, es decir, no tiene proveedores, llama la atención”, señala.

Ese punto es clave en actividades de servicios, donde no siempre hay mercancías físicas, almacenes o bienes fácilmente verificables. En una consultora o una agencia de comunicación, hay que comprobar si hubo encargos reales, informes, reuniones, personal, medios y una correspondencia razonable entre lo que se factura y lo que se presta.

What The Fav y la dificultad de separar actividad real y ficticia

Galindo introduce un matiz importante sobre la sociedad vinculada a las hijas de Zapatero. No la define como una empresa pantalla en sentido estricto, sino como una sociedad instrumental. A su juicio, este tipo de estructura puede dificultar la investigación porque “quizás mezcla actividad real con actividad ficticia”. Una mezcla que, añade, “complica sobremanera discernir el grano de la paja”.

Ese matiz obliga a mirar más allá del simple cobro. Aplicado al caso investigado, la cuestión no es solo si What The Fav recibió dinero, sino si prestó servicios reales por las cantidades facturadas, quién realizó esos trabajos y si los pagos encajan con la actividad de la sociedad. Esa es una de las preguntas que deberá aclarar la instrucción, junto con el papel de Análisis Relevante y del resto de sociedades investigadas.

No toda sociedad instrumental es una pantalla

No toda sociedad instrumental es irregular. Mollinedo explica que este tipo de sociedades pueden utilizarse para organizar una actividad profesional, separar ingresos o gestionar patrimonio, y que “pueden tener incluso un fin lícito”. Es el caso, por ejemplo, de sociedades profesionales usadas por arquitectos, abogados, economistas o asesores para desarrollar su trabajo a través de una estructura societaria.

La sospecha aparece cuando esa sociedad no tiene medios reales para desarrollar la actividad que declara. El secretario general de Gestha define las sociedades pantalla como entidades controladas por una persona u organización, pero “sin patrimonio, ni medios materiales o personales”. También pueden denominarse sociedades ficticias o fantasma cuando se utilizan para ocultar activos, hacer pasar ingresos por una sociedad o una factura antes de que lleguen a su destinatario real, desviar gastos personales o emitir facturas irregulares.

Galindo lo resume de forma más gráfica: “Una empresa pantalla se crea para dar la sensación de lo que no es”. La clave, añade, está en que este tipo de sociedades dificultan saber “quién hay detrás, quién es el titular real, quién es el que maneja los hilos de esa sociedad”. Por eso, la investigación no se limita a comprobar si una empresa existe formalmente, sino que intenta llegar al beneficiario real: la persona que controla, decide o se beneficia del dinero.

Esa tarea se vuelve más compleja cuando aparecen sociedades en el extranjero o en jurisdicciones opacas. En esos casos, no basta con seguir las transferencias dentro de España: los investigadores necesitan acudir a registros internacionales, pedir información bancaria fuera del país y recurrir a mecanismos de cooperación judicial para reconstruir quién controla realmente cada sociedad y qué papel tuvo en el movimiento del dinero.

Cuando los contratos y las facturas no bastan como pruebas

En los delitos económicos, la existencia de un contrato o una factura no siempre despeja la sospecha. Puede haber documentos, pagos bancarios y declaraciones fiscales, pero la investigación debe comprobar si la operación responde a una prestación real. Es decir, si el servicio existió, quién lo hizo, quién lo cobró y si el precio puede explicarse dentro de una lógica económica.

Mollinedo sitúa aquí una dificultad importante para Hacienda. En una trama de facturas falsas, el análisis tributario puede ser más directo: se comprueba si la factura responde o no a una operación real, si se ha usado para deducir gastos o IVA y si la empresa emisora ingresó lo que correspondía. Pero cuando hay contratos declarados por ambas partes, el terreno es más complejo. “En los contratos ya es más difícil”, afirma. Y precisa: “Sobre todo si las dos partes lo han declarado”.

El secretario general de Gestha explica precisamente que una de las fórmulas de fraude consiste en sociedades interpuestas, es decir, empresas que aparecen en medio de una operación y pueden dificultar saber quién presta realmente el servicio, quién cobra y quién se beneficia del dinero.

Estas sociedades pueden “simular desarrollar una actividad económica que no existe”. Esto conecta con los pagos investigados en el caso Plus Ultra: la instrucción deberá determinar si los servicios de consultoría existieron realmente, si fueron prestados por quien facturó y si los importes respondían a trabajos efectivos o a otra finalidad.

Seguir el rastro del dinero

Una vez detectadas las primeras señales, la investigación avanza por el recorrido del dinero. No se mira un pago aislado, sino el circuito completo: de qué cuenta sale, a qué sociedad llega, qué concepto figura, si hay pagos posteriores, si aparecen entidades interpuestas, si el dinero vuelve al origen o si termina en una jurisdicción opaca. Galindo desarrolla la idea: “De una cuenta vas a otra, de otra transferencia vas a otra, de otra sociedad vas a otra y al final ese dinero te va descubriendo sociedades nuevas”.

En ese recorrido pueden aparecer transferencias circulares o triangulares. Una transferencia circular, explica el experto, es aquella en la que “entra y sale la misma cantidad de dinero por diferentes conceptos”. Si una sociedad recibe una cantidad y después otra entidad vinculada devuelve un importe idéntico o muy similar, los investigadores pueden ver ahí un indicio de que el dinero está circulando para simular operaciones o separar artificialmente el origen y el destino de los fondos.

Las triangulares funcionan de forma parecida, pero con varios actores. Una sociedad A paga a B, B paga a C y C puede devolver fondos, repartirlos o trasladarlos a otra entidad. En apariencia, cada movimiento puede tener un concepto distinto. La investigación tendrá que comprobar si esos conceptos responden a operaciones reales o si son solo etiquetas para mover el dinero.

Cobrar no es automáticamente blanquear

Juan Carlos Galindo aclara que existe una gran diferencia entre recibir dinero y blanquearlo. El blanqueo de capitales no se limita a cobrar una cantidad de origen presuntamente ilícito. Para que exista, explica, deben concurrir dos elementos: “No solo tienes que tener conocimiento de que el dinero es ilícito, sino que tienes que hacer movimientos para transformar y ocultar ese dinero”, señala. Y aclara: “El blanqueo es un proceso. Si no hay proceso, no hay blanqueo”.

Según el experto, ese proceso suele explicarse en tres fases: colocación, transformación e integración. Primero, el dinero entra en el circuito; después se mueve para dificultar su trazabilidad; finalmente, se integra en la economía con apariencia lícita.

En el contexto del ‘caso Zapatero’, Galindo marca una diferencia entre el circuito general que investiga la Audiencia Nacional y el pago directo que habría recibido el expresidente de Análisis Relevante. Lo hace a partir de la información conocida hasta ahora y sin acceso completo a toda la documentación de la causa. A su juicio, esa transferencia, tomada de forma aislada, no permite hablar por sí sola de blanqueo: “Zapatero ahí no está ocultando y transformando nada. Le están pagando”, subraya.

No obstante, el experto insiste en que “hay indicios sobrados para iniciar una investigación”, pero distingue entre abrir una causa, reunir indicios y llegar a una acusación sólida. En su opinión, con la información actual, todavía queda por determinar qué papel tuvo cada persona, quién impulsó el mecanismo investigado y qué movimientos pueden atribuirse directamente a cada investigado.

‘Lobby’, consultoría o tráfico de influencias

Otra línea delicada es la que separa una consultoría legítima basada en contactos, experiencia o conocimiento del sector de un posible tráfico de influencias. Una persona que ha ocupado responsabilidades públicas puede prestar servicios de asesoramiento. También puede poner en contacto a empresas, explicar procedimientos o ayudar a entender una administración. Eso, por sí solo, no convierte la actividad en delito.

Mollinedo sitúa la clave en si se condiciona o no la decisión pública: “Si no estás cocinando la decisión del órgano que tiene que tomar la decisión, aparentemente no sería delictiva”. En ese caso, añade, “sería una actividad de lobby”. La situación cambia si esa influencia se acompaña de pagos o contraprestaciones dirigidas a condicionar la voluntad de quien decide. “Si tú le estás condicionando porque le estás dando regalos, entonces sí (sería delictiva)”, resume.

En el caso Plus Ultra, la instrucción investiga precisamente si los pagos y las relaciones personales sirvieron para favorecer decisiones relacionadas con la aerolínea o si respondieron a trabajos reales de consultoría. Esa diferencia será clave para separar una actividad profesional lícita de una posible trama de tráfico de influencias.

El control del rescate y el destino del dinero

El papel del dinero público añade otra capa. Mollinedo recuerda que el rescate “ha tenido la intervención interna de la administración y la externa del Tribunal de Cuentas”, explica. La Intervención General de la Administración del Estado revisa la legalidad del gasto: si está presupuestado, si se concede conforme a las reglas aplicables y si se ejecuta para la finalidad prevista. El Tribunal de Cuentas, por su parte, puede realizar un control externo y posterior.

Sin embargo, que una ayuda supere ciertos controles no impide que después se investigue el uso posterior del dinero. Son planos distintos. Uno mira si la concesión fue legal. Otro, si los fondos terminaron destinándose a aquello para lo que se concedieron.

“Está por determinar si esos fondos que percibió Plus Ultra se han usado para reflotar la compañía o se han usado para otra cosa”, destaca Mollinedo. Esa es una de las claves de la investigación actual: no solo cómo se aprobó el rescate, sino qué ocurrió después con parte del dinero, qué transferencias salieron de la compañía y si esas operaciones respondían a obligaciones reales o a un circuito de pagos sospechoso.

Una investigación construida por indicios

Las investigaciones económicas rara vez se apoyan en una prueba única y evidente. No suele haber una confesión, una grabación definitiva o un documento que explique todo el mecanismo. Se construyen por acumulación: una sociedad sin medios, una factura genérica, un contrato difícil de justificar, una transferencia circular, un beneficiario oculto, una cuenta en el extranjero o un pago que no encaja con la actividad declarada.

“En el blanqueo de capitales, en el delito, nunca hay pruebas de cargo, nunca. Nunca hay un ADN, nunca hay unas huellas, nunca hay una cámara”, desarrolla Galindo. Lo habitual, continúa, es trabajar con indicios: “La suma de indicios hace una prueba de cargo”. Que esa suma sea suficiente o no será una cuestión que tardará años en resolverse. El experto calcula que el procedimiento puede alargarse al menos una década: “Tenemos diez años para verlo”, calcula. “Mínimo diez”, zanja Juan Carlos Galindo.